El asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido el 16 de noviembre de 2026 en Santo Domingo de Heredia, debe llamar nuestra atención por su enorme gravedad para la sociedad costarricense.
No solo por la pérdida de una vida humana, sino porque hay muertes que dejan heridas colectivas. Además de arrebatarnos a una persona, nos obligan a preguntarnos qué está ocurriendo en la sociedad en que vivimos, cuán seguros estamos al expresar lo que pensamos y hasta dónde puede llegar la violencia contra quien defiende una voz propia.
Este crimen constituye una señal de alarma sobre las condiciones en que se ejerce la libertad de expresión en Costa Rica. No se trata únicamente de una pérdida que nos golpea emocionalmente, sino de un hecho que interpela nuestra confianza en la convivencia democrática y el respeto a la diferencia.
¿Es válido el miedo cuando comenzamos a sentir que expresar nuestras ideas, cuestionar a las autoridades, señalar posibles irregularidades o denunciar situaciones que afectan al país puede tener consecuencias que comprometan incluso nuestra vida?
Hoy nos sentimos abrumados, profundamente golpeados en lo moral, porque también tenemos que reconocer nuestra responsabilidad colectiva. Hubo quienes lo llamaron loco; fuimos indiferentes ante sus denuncias y, en ocasiones, también hemos optado por callar.
Duele constatar que un país que ha construido buena parte de su identidad alrededor de la paz, la institucionalidad y la convivencia democrática comience a experimentar acontecimientos que erosionan esos valores.
No basta con celebrar elecciones cada cuatro años ni con contar con instituciones, una Constitución y un conjunto de leyes si la vida democrática se deteriora, los ciudadanos temen expresar sus opiniones y se vuelve cada vez más difícil investigar los asuntos públicos o denunciar a quienes ejercen el poder.
La libertad no consiste únicamente en tener permiso legal para hablar. Exige, además, condiciones reales para hacerlo sin amenazas, persecución ni violencia.
El miedo como mecanismo de control social es propio de los regímenes dictatoriales y constituye una de las formas más eficaces de someter a una sociedad. No hace falta prohibir las opiniones cuando expresarlas puede acarrear consecuencias, incluso contra la propia vida.
Cuando una sociedad comienza a considerar que cuestionar a una autoridad equivale a traicionarla, el pluralismo se debilita. El ciudadano deja de actuar como sujeto crítico y corre el riesgo de convertirse en un espectador pasivo del ejercicio del poder.
Costa Rica enfrenta una disyuntiva que no experimentaba desde hace muchísimo tiempo, desde la época de Federico Tinoco. Cuando un periodista, investigador, dirigente comunal o ciudadano recibe amenazas por expresar sus opiniones, otras personas pueden optar por guardar silencio ante el temor de sufrir represalias. Así, el problema trasciende a la víctima: compromete también el derecho de toda la sociedad a recibir información y conocer hechos de interés público.
Una democracia necesita ciudadanos capaces de cuestionar a las autoridades, denunciar irregularidades y debatir las decisiones políticas. Si quienes realizan estas tareas son amenazados o agredidos, se debilitan los mecanismos de control ciudadano sobre el poder.
Es importante comprender que el deterioro de la libertad de expresión no comienza necesariamente con un asesinato. Puede empezar con la descalificación sistemática de quienes cuestionan, continuar con la normalización de las amenazas y desembocar en un ambiente en el que muchas personas prefieran callar antes que exponerse.
No podemos afirmar que el asesinato de Camilo Rodríguez sea consecuencia de sus denuncias. Eso deberá esclarecerse mediante la investigación correspondiente. Sin embargo, sí debemos preguntarnos si su silenciamiento termina favoreciendo a quienes desean evitar la fiscalización.
Este acontecimiento nos obliga a reflexionar sobre el tipo de sociedad que Costa Rica desea construir. Una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones, instituciones y leyes, sino también por las condiciones efectivas que tienen sus ciudadanos para expresarse, investigar y cuestionar el poder.
Hannah Arendt analizó cómo las sociedades pueden llegar a normalizar prácticas injustas cuando sus integrantes renuncian a examinar críticamente las actuaciones de quienes ejercen el poder.
Ese es uno de los mayores peligros a los que estamos expuestos como sociedad: dejar de evaluar las decisiones políticas o defenderlas simplemente porque provienen de figuras con las que nos identificamos, sin reparar en quiénes terminan sufriendo las consecuencias de nuestro silencio.
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Heriberto Ordóñez D. es periodista, filólogo y psicopedagogo.
