En Costa Rica, solemos repetir, con razón, que somos una democracia madura. Pero la madurez democrática no se demuestra solo cada cuatro años, al elegir presidente, diputados o alcaldes. También se demuestra cuando la ciudadanía asume responsablemente su derecho a decidir sobre asuntos de alto interés nacional.
Ese es el sentido del referéndum que un grupo de ciudadanos, profesionales y organizaciones sociales estamos promoviendo para la devolución plena del ahorro laboral del ROP.
El punto de partida es sencillo: el ROP no es plata del Estado. Tampoco es dinero de las operadoras ni de los intermediarios financieros. Es ahorro del trabajador. Durante años, millones de personas han acumulado recursos en cuentas individuales, integradas por aportes y rendimientos generados a partir de su vida laboral. Por eso, cuando se habla del ROP, conviene dejar de lado la confusión del nombre y mirar su verdadera naturaleza jurídica.
Aunque legalmente se le denomine régimen obligatorio de pensiones complementarias, el ROP no funciona como una pensión solidaria. En una pensión solidaria, existe un fondo común; hay distribución de riesgos, solidaridad entre afiliados y, normalmente, una obligación de pago vitalicio mientras subsista el derecho.
En el ROP ocurre algo distinto: cada persona tiene una cuenta propia; no hay solidaridad financiera entre cuentas; no existe obligación de pago vitalicio independiente del saldo y, si el titular fallece sin consumir los recursos, el remanente puede transmitirse a beneficiarios o herederos. Si el saldo se hereda, es porque pertenece al trabajador.
La propuesta normativa que se sometería a referéndum no pretende eliminar el ROP ni alterar su funcionamiento ordinario durante la etapa activa del trabajador. Los aportes seguirán acumulándose en cuentas individuales y las operadoras continuarán administrando los recursos mientras corresponda.
Lo que se propone es algo más preciso: reconocer el derecho de toda persona afiliada a retirar la totalidad del saldo acumulado en su cuenta individual cuando adquiera la condición de pensionada o jubilada por vejez, invalidez o cualquier otra causa, en cualquiera de los regímenes legalmente establecidos, o cuando cumpla 65 años, lo que ocurra primero.
Tampoco se toca el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. No se debilita la CCSS, no se compromete la seguridad social básica y no se afectan los regímenes especiales contributivos.
El IVM y el ROP son instituciones distintas. El primero responde a una lógica solidaria y previsional; el segundo opera mediante cuentas individuales de capitalización. Confundirlos es el primer error del debate.
Quienes se oponen a la devolución suelen decir que la gente no sabrá administrar su dinero. Ese argumento es profundamente paternalista.
El ordenamiento jurídico reconoce a las personas capacidad para administrar su salario, su aguinaldo, sus prestaciones, su cesantía, sus ahorros, sus propiedades, sus créditos y sus deudas. ¿Por qué habría que presumir que esa capacidad desaparece precisamente al pensionarse o al cumplir 65 años? La protección social no debe convertirse en tutela obligatoria sobre adultos capaces.
La iniciativa no obliga a nadie a retirar su dinero. Quien quiera mantener las modalidades actuales podrá hacerlo. Quien prefiera una renta permanente, un retiro programado, una renta temporal o una renta vitalicia, conservará esa posibilidad. Lo que se incorpora es una opción adicional: retirar el saldo completo cuando se cumplan los requisitos legales. No se impone el retiro total; se reconoce el derecho a escoger.
Además, para muchas personas, recibir pagos mensuales pequeños no resuelve sus necesidades reales. Hay adultos mayores que requieren atender problemas de salud, cancelar deudas, adaptar su vivienda, financiar cuidados, apoyar a su cónyuge o reorganizar su vida económica.
Un ahorro propio debe servir cuando la persona más lo necesita. No tiene sentido tratar el patrimonio del trabajador como si fuera un recurso ajeno, inaccesible o administrado indefinidamente por terceros.
Tampoco es cierto que la devolución perjudique a otros afiliados. Como el ROP funciona mediante cuentas individuales, el retiro del saldo de una persona no disminuye el saldo de otra. Devolverle a uno lo suyo no les quita nada a los demás. La propuesta se limita a reconocer la disposición de un patrimonio individual que ya pertenece a su titular.
Algunos dirán que esto es populismo. No lo es. Populismo sería prometer fondos públicos inexistentes o repartir dinero ajeno. Aquí hablamos de algo distinto: propiedad, autonomía y justicia patrimonial.
El ROP es fruto del trabajo, no una concesión graciosa. No estamos pidiendo que nos regalen nada; pedimos que se reconozca el derecho de cada afiliado a disponer de lo que ya es suyo.
El referéndum tampoco debe verse como una amenaza a la Asamblea Legislativa. La Constitución permite que el pueblo ejerza directamente la potestad legislativa. El referéndum no sustituye a la democracia representativa; la complementa.
Cuando una decisión afecta el ahorro de millones de trabajadores, es legítimo que el pueblo decida. Costa Rica tiene instituciones electorales sólidas, una larga tradición democrática y una ciudadanía capaz de deliberar con responsabilidad.
Este proceso debe orientarse por principios claros: soberanía popular, democracia participativa, legalidad, libertad del sufragio, transparencia y deliberación pública. La decisión debe tomarse con información, sin miedo y sin descalificaciones. El país merece discutir este tema con seriedad, sin caricaturas y sin reducirlo a los intereses de quienes administran los fondos.
La pregunta de fondo no es si el trabajador es dueño del ROP solo en el papel. La verdadera pregunta es si esa propiedad será efectiva en la práctica. Si el ROP es ahorro individual, laboral y patrimonial, entonces debe reconocerse al afiliado el derecho de disponer de él cuando cumpla los requisitos legales.
El ROP tiene dueño: las personas trabajadoras. Es tiempo de que esa propiedad deje de ser puramente formal y se convierta en una libertad real. Devolvamos el ROP a sus legítimos dueños.
Alex Solís Fallas es abogado constitucionalista y fue contralor general de la República.