La columna de don Julio Rodríguez sobre todo lo que le pasó por no andar el recibo del marchamo, ilustra mejor que nada – como caso concreto—los males del desgobierno, de la pérdida del sentido común en el país, y de la autoridad, que andan con el rumbo completamente perdido dando palos de ciego en manos de gobernantes, y en este caso, legisladores y reglamentadores incapaces.
Porque gobierno es todo lo público, desde el presidente hasta el mas minúsculo empleado en ventanilla, y porque todos en alguna medida somos responsables del gobierno, y de a quienes ponemos ahí, o, una vez puesto, no le exigimos que cumpla con sus deberes.
Una microscópica infracción formal, como no andar el recibo del pago del tributo anual de ruedo, que debió arreglarse con solo presentar después el comprobante - como en cualquier país civilizado- se transformó, para su solución en un cuadro para reírse, digno de un psiquiátrico, si no fuera una realidad espantosa en la que la incapacidad gubernamental nos ha encerrado, y que se repite en cualquier trámite.
Pérdida del centro. Quienes mayoritariamente hacen la normativa – bajo cuyo pretexto se ha creado este psiquiátrico-- conciben al Estado como el amo y señor de sus súbditos, cual nuevo Leviatán de Hobbes, y no como su servidor. Esa pérdida fundamental del centro de gravedad, para nuestra desgracia puso al revés el Estado de Derecho, que es esencial para la convivencia social civilizada.
La normativa creada para el servicio del bien común y del usuario, con toda irresponsabilidad e ignorancia se convierte así, como en una feria, en un carro loco de Zapote, que atropella de mil formas al ciudadano, convertida en un fin en sí mismo y para su beneficio.
Tal situación es un problema esencial del país, ausente por completo en la campaña electoral actual, insípida precisamente porque, ni toca todo lo importante, ni dice como lograrlo.
Aunque no se han dado cuenta, subyace al resultado la tentación autoritaria muy frecuente en América Latina, porque el gobernante, legislador o funcionario, tiende a confundir además las funciones con el funcionario, olvidándose de que es un simple “depositario de la autoridad”, y no dueño, y que debe emplearla en interés público y no del Estado como organización, y menos en su favor personal. Confusión fundamental porque el interés de la organización pública no es el interés público, sino solo uno de sus elementos en tanto contribuya al servicio del ciudadano.
La Constitución y las leyes fundamentales, como la de la Administración Pública y la Ley Contra la Corrupción, ordenan que el eje de todo el gobierno ha de ser el usuario, quien debe cumplir en lo que le toca, pero a quien se le debe facilitar el cumplimiento, ya que el interés público, como lo dice acertadamente la Ley General de la Administración Público, “es el interés coincidente de los administrados”, y la Ley Contra la Corrupción, califica de “corrupción” por el funcionario, sancionable con el despido, el mero hecho de apartarse del interés público, aunque no lucre con eso.
Maraña. Pero todo eso se pierde si el resto de la legislación es un charral enmarañado, como sucede, creado bajo la concepción del Estado como Leviatán, y bajo el influjo de otras fuerzas tales como el tono pedante y pontifical de quienes redactan los proyectos de las leyes, que además de concebirlas de una manera unilateral y escritorio-céntrica para el funcionario, sin preocuparse de compatibilizarlas con el resto del ordenamiento, las redactan en un tono pedante y pontifical, olvidándose de que el primer requisito para que una ley se cumpla, es que se entienda.
Que se entienda en sí misma, y como parte del ordenamiento o conjunto de las normas, que es un sistema de piezas que ha de ser armónico, porque si chocan unas leyes con otras – como sucede en esta patología – el psiquiátrico se potencia exponencialmente.
En algunos casos al descuidado Leviatán le meten goles en la cancha opuesta, y se erige en dios al individuo aislado de los demás --cual Robinson Crusoé-- como sucede con el garantismo desorbitado de la legislación penal, o con la Ley de Expropiaciones concebida para que nada se pueda expropiar cuando se ocupa.
El charral se produjo porque los dirigentes distritales se metieron a legisladores, o mejor dicho los metieron las cúpulas que los manejan, para controlar el Poder Legislativo, centro esencial de la democracia.
Así que estamos todos cabeza abajo en ese mundo al revés.