En Costa Rica existe una paradoja que pocas veces se reconoce. Quienes defienden la necesidad de reformar sectores como la electricidad, la seguridad social, la salud, la educación o la banca estatal suelen ser acusados de pretender desmantelar el legado social del país. Quienes se oponen a esos cambios, por su parte, tienden a defender las instituciones públicas como si debieran permanecer inalterables, independientemente de cuánto haya cambiado la sociedad a la que sirven. Ambas posiciones parten de un caos fundamental: confundir los fines con los medios.
El objetivo no es preservar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Educación Pública (MEP) o los bancos estatales por el simple hecho de que existen. El objetivo es garantizar que todos los costarricenses tengan acceso a energía confiable y asequible, servicios de salud oportunos y de calidad, pensiones dignas, educación de excelencia y oportunidades de financiamiento para el desarrollo. Las instituciones son instrumentos para alcanzar esos propósitos; su verdadero valor depende de su capacidad para cumplirlos.
El éxito del modelo original
Es imposible comprender la historia contemporánea de Costa Rica sin reconocer los extraordinarios logros del modelo institucional construido durante el siglo XX, particularmente a partir de las transformaciones impulsadas en la década de 1940.
El ICE llevó electricidad y telecomunicaciones a regiones donde difícilmente habrían llegado por iniciativa privada. La CCSS contribuyó decisivamente a ampliar la cobertura sanitaria y a mejorar la esperanza de vida. El MEP, la Universidad de Costa Rica y las instituciones de educación superior que surgieron posteriormente ampliaron las oportunidades educativas y favorecieron la movilidad social. La banca estatal, por su parte, canalizó recursos hacia actividades productivas que difícilmente habrían encontrado respaldo en mercados financieros todavía incipientes.
Estas instituciones respondieron a una realidad marcada por la escasez de capital, la debilidad de los mercados y enormes necesidades sociales insatisfechas. Cumplieron su misión con tal eficacia que contribuyeron a transformar profundamente la sociedad costarricense. Precisamente por ese éxito, hoy enfrentamos una realidad distinta. Y es ahí donde surge la necesidad de revisar el modelo, no para desconocer sus logros, sino para asegurar su vigencia.
Una sociedad diferente, con nuevos desafíos
La Costa Rica actual cuenta con una clase media más amplia, un sector empresarial más robusto, mayores niveles de ahorro, una población más educada y una economía mucho más compleja y diversificada que la de mediados del siglo pasado.
Sin embargo, varias de nuestras instituciones continúan operando bajo supuestos concebidos para una sociedad más pequeña, con menos recursos y una iniciativa privada con menor capacidad de inversión.
Ese desfase entre las estructuras institucionales y las necesidades actuales se manifiesta en distintos ámbitos. La demanda de infraestructura energética crece y exige nuevas inversiones. La transición demográfica aumenta la presión sobre la seguridad social y los sistemas de pensiones. Los indicadores educativos muestran estancamiento y retrocesos preocupantes. El acceso al financiamiento continúa siendo insuficiente para numerosos emprendimientos y actividades productivas. En salud, los problemas de disponibilidad de especialistas y las dificultades para atender oportunamente a los pacientes evidencian la necesidad de revisar capacidades y mecanismos de prestación de servicios.
La transformación institucional responde, por tanto, a una realidad concreta. No significa que los objetivos de desarrollo social hayan perdido vigencia, sino que debemos encontrar mejores formas de alcanzarlos.
Lo público no es sinónimo de estatal
Durante décadas se ha consolidado en la cultura costarricense la idea de que defender lo público exige limitar la participación privada. Sin embargo, lo público no debería definirse exclusivamente por la naturaleza jurídica de quien presta un servicio, sino por los fines que persigue, las condiciones de acceso y las reglas que garantizan el interés general.
Un hospital privado que atienda pacientes bajo contratación y regulación pública puede contribuir a ampliar la capacidad del sistema de salud. Una universidad privada puede aportar al desarrollo educativo. Las empresas privadas pueden participar en la generación eléctrica bajo reglas que protejan a los usuarios y favorezcan el interés nacional. De igual manera, los actores financieros privados pueden ampliar las opciones de crédito y dinamizar la inversión productiva.
Esto no significa que la participación privada garantice, por sí sola, mejores resultados, ni que el Estado deba renunciar a sus responsabilidades. Significa que las decisiones deben evaluarse con base en sus resultados, sus costos, su calidad y su contribución al bienestar colectivo.
La pregunta central no es quién presta el servicio, sino si la población recibe una atención más accesible, eficiente, innovadora y sostenible, sin sacrificar la equidad ni la protección de quienes más lo necesitan.
Abrir sin destruir
El debate nacional debería superar la dicotomía entre privatización y estatización para concentrarse en una pregunta mucho más relevante: ¿cómo puede Costa Rica ampliar su capacidad para resolver problemas y aprovechar nuevas oportunidades?
En electricidad, el ICE puede conservar su papel estratégico sin necesidad de monopolizar todas las etapas de la actividad energética. Una mayor participación de otros actores, bajo reglas claras y una supervisión efectiva, podría contribuir a acelerar inversiones, incorporar innovación tecnológica y diversificar las fuentes de financiamiento.
En salud y pensiones, fortalecer la CCSS no implica necesariamente que deba producir de manera directa la totalidad de los servicios. También puede requerir una mejor articulación con proveedores privados, cooperativos, solidaristas y comunitarios, siempre bajo una rectoría pública rigurosa y mecanismos de evaluación que protejan la calidad y el uso responsable de los recursos.
En educación, la prioridad debe ser el aprendizaje efectivo de los estudiantes, no la preservación de estructuras burocráticas por sí mismas. El Estado puede mantener su responsabilidad rectora y, al mismo tiempo, promover nuevas metodologías, diversidad institucional y alianzas que mejoren los resultados educativos.
En el ámbito financiero, los bancos estatales pueden continuar desempeñando un papel esencial en el desarrollo nacional mientras conviven con mecanismos modernos, competitivos y especializados de intermediación financiera.
Reformar no significa eliminar lo que funciona. Significa identificar qué debe preservarse, qué necesita corregirse y qué nuevas capacidades deben incorporarse para responder a los desafíos actuales.
Del monopolio a la rectoría
Quizá la transformación conceptual más importante consiste en comprender que el Estado no necesita hacerlo todo directamente para garantizar que los servicios se presten de forma adecuada.
Un Estado moderno debe tener la capacidad de regular, supervisar, coordinar, corregir fallas de mercado, proteger a las poblaciones vulnerables y velar por el interés general. En determinados ámbitos, la prestación directa de servicios seguirá siendo indispensable; en otros, la colaboración con distintos actores puede ofrecer mejores respuestas.
Un Estado fuerte no es necesariamente aquel que concentra todas las actividades bajo su propiedad, sino aquel que cumple eficazmente sus responsabilidades esenciales, dispone de instituciones sólidas y tiene la capacidad de exigir resultados.
Por eso, la rectoría, la regulación inteligente y la planificación estratégica pueden resultar tan importantes como la propiedad pública de los medios mediante los cuales se prestan determinados servicios. La clave está en establecer reglas claras, garantizar la transparencia y evitar que cualquier modelo, público o privado, se aparte del interés colectivo.
Reformar para preservar
Los costarricenses solemos plantear un falso dilema entre conservar y reformar. Sin embargo, la experiencia demuestra que, en muchas ocasiones, reformar es precisamente la condición necesaria para preservar los logros alcanzados.
Si el ICE, la CCSS, el MEP y la banca estatal contribuyeron decisivamente al progreso del país durante el siglo XX, su mejor legado para el siglo XXI no debería ser la inmovilidad, sino la capacidad de adaptación.
Las instituciones que alguna vez representaron innovación y audacia no deberían convertirse en símbolos de resistencia al cambio. El verdadero homenaje a quienes construyeron el Estado social costarricense no consiste en congelar su obra en el tiempo, sino en aplicar el mismo espíritu pragmático, reformista y visionario que les permitió responder a los desafíos de su época.
Los fines siguen siendo los mismos: salud para todos, educación para todos, energía para todos, pensiones dignas y oportunidades de progreso para todos. Lo que debemos discutir es cuáles son los instrumentos más eficaces para hacerlos realidad.
El rechazo a la reforma eléctrica debería servir para abrir una discusión más amplia, alejada de la polarización y la politiquería. La pregunta de fondo es si las instituciones que impulsaron el desarrollo costarricense siguen siendo, en su forma actual, los instrumentos más eficaces para alcanzar nuestros objetivos en las condiciones del siglo XXI.
Una sociedad que ha prosperado gracias a la fortaleza de sus instituciones no debería temer reformarlas cuando el propio progreso ha generado nuevas capacidades, mayores expectativas y desafíos que los modelos del pasado ya no resuelven adecuadamente.
Reformar no es renunciar al legado social de Costa Rica. Es asumir la responsabilidad de mantenerlo vigente para las próximas generaciones.
----
Fernando Ferraro Castro es asesor parlamentario y exministro de Justicia.