Se ha armado un escándalo por el uso del dinero de Taiwán y del BCIE en actividades supuestamente diferentes a las que estaban dirigidas, o a través de procedimientos violatorios de la normativa vigente. Está bien que el periodismo investigativo vele por el buen uso de los recursos públicos, pero que no se quede en la casuística y profundice en las causas que generan la apertura de portillos.
En primer lugar no se trata de algo nuevo en la administración pública, sino de una práctica que de una u otra forma se ha entronizado en la administración pública, según diversas figuras como ‘fundaciones’ y de miniinstituciones, fuera de control real de la Contraloría, desde hace casi veinte años. El Estado de la nación ha informado con detalle del proceso de atomización y crecimiento descontrolado del Estado, donde proliferan las Tías Teres, que se viene realizando desde los 90. Los fondos especiales, llámense Taiwán, Crusa o como sea, se han venido utilizando desde hace mucho por todas las administraciones para poder ejecutar con celeridad tareas que, por los entrabados procedimientos ordinarios, tardarían meses cuando no años.
La Contraloría. Si estos fondos se han utilizado bien o mal corresponde a la Contraloría pronunciarse y sentar las responsabilidades que corresponda, pero el problema de fondo está en que la normativa vigente no permite operar bien al aparato público. Controla procedimientos y normas, pero no resultados, como lo ordena el artículo 11 de la Constitución, y ahí está el meollo del asunto: el problema de la eficacia y eficiencia del Estado es el que debe ser enfrentado con seriedad por la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa. ¿De que sirve controlar procedimientos si no hay resultados o, peor aún, si los procedimientos entraban la obtención de resultados?
Lo que debe controlarse, en primera instancia, son los resultados de los programas y proyectos en función de las políticas y grandes metas nacionales. Las otras normas de control deben subordinarse a este objetivo. Si los diputados tuvieran esta visión de estadistas, antes de aprobar el presupuesto nacional, revisarían los resultados obtenidos por los programas y solo condicionarían la asignación de recursos a los resultados, en vez de estar viendo si le dieron la partida específica para su pueblo o la mini- institución que quieren crear para colocar su clientela. Y los jerarcas ¿por qué no colocan una reforma para adecuar los procedimientos al artículo 11 de la Constitución en primer plano?
Pienso que los periodistas deben ir con sus investigaciones un poco más lejos y preguntarse por qué este desorden se mantiene con el silencio de tirios y troyanos, e impulsar un debate nacional sobre si el tipo de gestión pública que requerimos; sobre el papel de los controles y la participación ciudadana en este proceso. Pienso que esto es urgente antes de que colapse todo el aparato y la moral pública.