Siento una gran indignación y tristeza por la muerte de 17 adultos y 2 niños con discapacidad que vivían en la Fundación Manos Abiertas y fueron trasladados cuando se intervino la organización.
Manos Abiertas fue allanada el 5 de marzo por aparentes irregularidades en la administración de los fondos públicos que recibía. Está siendo investigada por la Fiscalía por presunta trata de personas, tortura, malversación, peculado, legitimación de capitales y otros. Mi intención no es defenderla, ya que debe establecerse la verdad de los hechos.
Pero lo que debemos entender es que las personas con discapacidad que eran atendidas en la fundación, independientemente de si fueron declaradas en abandono, o por las razones que fueran, recibían atención especializada y los cuidados médicos necesarios por la complejidad de sus enfermedades y discapacidades.
Las instituciones del Estado las reubicaron en hogares grupales de oenegés y residencias privadas bajo la supervisión del Conapdis y el PANI, sin considerar que requerían equipo y personal especializados.
Mi intención es rescatar una situación, aparentemente olvidada, de lo que pasó con quienes dependían de la fundación, porque merecen ser recordados. Perdieron su identidad, autonomía, derecho a la salud, dignidad y finalmente la vida.
Todos fueron examinados por médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en su momento indicaron que estaban estables, a pesar de sufrir enfermedades muy complejas y crónicas. El Conapdis emitió un informe técnico en el cual se indicó que no había evidencias de maltrato físico.
Tales personas, que confiaron en el Estado para su cuidado y protección, fueron arrancadas de su entorno con resultados devastadores.
El Estado, como garante del bienestar y la seguridad de los ciudadanos, fracasó en su deber fundamental. Trasladar a personas vulnerables de un ambiente conocido, donde recibían los servicios de salud adecuados y seguros, pareciera que fue una acción negligente y despiadada.
Pero más indignante es que a casi nadie importan las vidas de los 17 adultos y 2 niños con discapacidad que fallecieron días después de haber sido llevados a supuestamente “entornos seguros”.
La pérdida de 19 vidas no solo es una tragedia individual, sino también símbolo de un sistema quebrantado y una falta de humanidad en aquellos con poder.
Llamo a la reflexión y me pregunto si es el Estado responsable de este desastre, si se está investigando exhaustivamente qué les pasó a las 19 personas. ¿Se están tomando medidas inmediatas para garantizar que ninguna otra persona con discapacidad o vulnerable sea sometida a un riesgo similar en el futuro? ¿Se respetan los derechos y la dignidad de cada individuo, independientemente de su condición?
La justicia debe prevalecer, y los responsables de la tragedia deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las organizaciones que velamos por las personas con discapacidad exigimos no solo justicia, sino también un compromiso real del Estado para garantizar que tragedias como estas nunca vuelvan a repetirse y que de una vez por todas el Estado deje de invisibilizar a esta población.
En memoria de aquellos que perdieron sus vidas injustamente, levanto mi voz con indignación y determinación. El Estado debe asegurar que la totalidad de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, sean tratados con el respeto y la humanidad que merecen.
La autora es presidenta de la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica.
