Costa Rica necesita cambios profundos. Si algo debió quedarnos claro de las últimas elecciones es que existe un enorme malestar con un Estado anquilosado, con instituciones que no resuelven y con un sistema político que pareciera tener una extraordinaria capacidad para paralizar las cosas y una muy limitada para hacerlas avanzar. Los costarricenses tienen razones de sobra para estar frustrados.
De ahí que el chavismo no surgiera de la nada. Es un fenómeno que entendió ese malestar y le ha sacado tremendo rédito político. Pero sería un grave error concluir que quienes no estamos de acuerdo con esa concepción del poder estamos destinados a defender las cosas tal cual están.
Nuestra diferencia con el chavismo no es entre cambio y no cambio. La diferencia radica en cómo hacerlo: es entre reformar las instituciones para que funcionen mejor o debilitarlas para concentrar el poder. Es entre transformar a Costa Rica respetando los derechos y libertades de los ciudadanos o instrumentalizar su legítimo enojo para erosionar los pesos y contrapesos democráticos.
La bronca permanente tiene consecuencias. Una política que necesita enemigos, que convierte cualquier diferencia en una pelea y que mide el liderazgo por la capacidad de pegar gritos, termina dividiendo al país y haciendo todavía más difícil impulsar las reformas que necesitamos. Costa Rica no tiene por qué escoger entre parálisis y demolición. Necesita un cambio sin autoritarismo y una democracia sin inmovilismo.
De eso se trata el centro reformista. No es simplemente ubicarse en algún punto del espectro político. Es también una actitud ante la política: buscar acuerdos sin renunciar a nuestras convicciones, preferir la reforma a la ruptura y entender que quien piensa distinto no es nuestro enemigo.
Pero tampoco se trata de ser moderados para dejar todo igual. Ese centro tiene que recuperar una profunda vocación transformadora: cuestionar privilegios, enfrentar poderes enquistados, promover la competencia, ampliar la movilidad social y quitar las trabas que impiden a las personas salir adelante por sus propios medios. En pocas palabras, poner las instituciones al servicio de los ciudadanos y no al revés.
Eso exige defender sin medias tintas la democracia, la separación de poderes, la libertad de prensa y los derechos individuales. Sin embargo, defender nuestras instituciones no significa defender su funcionamiento actual. Una democracia saludable no las convierte en piezas de museo ni las destruye: las reforma.
En lo económico y social, creemos en la libertad y la responsabilidad individual, la iniciativa privada y el emprendimiento, pero también en la solidaridad y la igualdad de oportunidades. Queremos un Estado que facilite en vez de estorbar, instituciones que resuelvan y mercados donde haya competencia en lugar de privilegios.
Ahora bien, para convertir esas ideas en una alternativa nacional, debemos superar nuestra fragmentación. Hay dirigentes políticos, formadores de opinión y muchísimos ciudadanos que comparten buena parte de esta visión, pero llevan años dispersos en distintos partidos y organizaciones. Así es muy difícil construir una alternativa política con vocación de mayoría.
Costa Rica necesita una fuerza amplia, democrática, moderna y reformista. Y el PUSC tiene una responsabilidad particular en construirla. Los socialcristianos tenemos razones de sobra para sentirnos orgullosos de nuestra historia, pero no podemos vivir mirando por el retrovisor. La mejor manera de honrar lo que hicimos por Costa Rica es preguntarnos qué podemos hacer por ella ahora.
Eso requiere madurez y generosidad para entender que lo que construyamos necesariamente tendrá que ser algo más grande que nosotros mismos.
No se trata de renunciar a nuestros principios. Todo lo contrario: se trata de ponerlos al servicio de algo mucho más grande. Las fórmulas concretas requerirán diálogo, confianza y coincidencias programáticas, pero llegó la hora de iniciar esa conversación.
Y hay una urgencia adicional. Los ataques contra la institucionalidad y una creciente concepción personalista del poder nos obligan a pensar qué democracia queremos dejar a la siguiente generación.
Pero no vamos a defenderla prometiendo regresar al pasado. Los costarricenses quieren cambios y hay que dárselos. La alternativa al populismo autoritario debe ofrecer reformas, resultados y esperanza dentro de las reglas de una democracia republicana.
El PUSC ha entendido ese desafío y me ha dado un mandato claro. Nos corresponde contribuir a construir algo nuevo: una fuerza política que entienda la frustración sin alimentar el odio, que cambie lo que no funciona sin destruir lo que sí y que defienda nuestra democracia teniendo el coraje de reformarla.
Ese es el centro reformista que Costa Rica necesita.
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Juan Carlos Hidalgo es excandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), politólogo y analista.