Si bien las manifestaciones de Donald Trump sobre retomar el control del canal de Panamá pueden catalogarse como una ocurrencia sin fundamento político ni respaldo jurídico, y no deberían tener eco, tratándose de su investidura, hay que dejar claro que, aunque sea una obviedad, la idea carece de viabilidad práctica e ignora principios fundamentales de la soberanía estatal y el cumplimiento de los tratados internacionales.
El canal de Panamá fue transferido a la soberanía panameña el 31 de diciembre de 1999 mediante el Tratado Torrijos-Carter, firmado en Washington D. C. en 1977 y ratificado por ambas naciones.
El tratado representa un ejemplo paradigmático del principio del derecho internacional pacta sunt servanda (“lo pactado obliga”), según el cual los tratados deben respetarse y cumplirse de buena fe.
Este principio, recogido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es un pilar del derecho internacional, por lo que revocarlo unilateralmente sería tanto una violación del derecho internacional como un peligroso precedente que socavaría la confianza en los acuerdos entre naciones.
Desde el punto de vista de la soberanía estatal, toda intención de intervenir en el control del canal sería una afrenta directa contra Panamá y un incumplimiento de los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, que protegen la integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
El canal es ahora una infraestructura bajo administración panameña, gestionada por la Autoridad del Canal de Panamá, cuya labor es reconocida internacionalmente. Claro está que la propuesta de Trump responde más a una estrategia retórica que a una agenda política seria.
En el discurso nacionalista que caracteriza a Donald Trump, la narrativa de “recuperar” el canal puede interpretarse como un intento de movilizar a la opinión pública estadounidense nostálgica de un pasado imperialista y colonial.
Su postura, sin embargo, ignora que en la realidad geopolítica una acción de este tipo no solo dañaría las relaciones con Panamá; también causaría tensiones en las relaciones con América Latina y la comunidad internacional en general.
Además, el canal de Panamá no solo tiene un valor estratégico para el comercio mundial. Es un símbolo de la capacidad de Panamá para gestionar autonomía y desarrollo.
Desde su transferencia, el canal ha sido ejemplo de eficiencia y adaptación a las necesidades del comercio global, con proyectos como la ampliación en el 2016, que aumentó su capacidad y relevancia económica. Este éxito refuerza la legitimidad de la soberanía panameña sobre la infraestructura.
Por otro lado, desde una perspectiva diplomática, insistir en una iniciativa de esta naturaleza pondría en riesgo la cooperación entre Estados Unidos y Panamá, socio estratégico en materia de seguridad regional y comercio.
El desconocimiento de los logros panameños y la vulneración de acuerdos internacionales afectarían no solo la relación bilateral, sino también la imagen de Estados Unidos como un actor confiable en el sistema internacional, además de generar más anticuerpos en su política interna.
Por ende, la propuesta de reclamar el control del canal de Panamá es una idea sin sustento jurídico ni político. La transferencia fue un acto de justicia histórica y un ejercicio del derecho soberano de Panamá.
Evidenciaría una desconexión preocupante con la realidad geopolítica contemporánea. Pero esto último en Trump no es algo novedoso.
josedaniel.rodriguez@ucr.ac.cr
José Daniel Rodríguez Arrieta es politólogo, profesor en la Universidad de Costa Rica.
