Desde hace más de quince años, diversos estudios realizados por instituciones internacionales y nacionales han señalado serias deficiencias de cobertura y falta de coordinación del sector social. De hecho, después del Estudio que realizó la Universidad en Nosara, presentado con lujo de detalles en la Asamblea Legislativa y difundido por La Nación en diciembre del 2006, se hizo evidente la existencia de graves problemas de gestión y de coordinación que impedían utilizar adecuadamente los recursos para la lucha contra la pobreza.
De hecho el estudio demostraba que la pobreza extrema podía ser superada, con los recursos existentes, si hubiera una coordinación regional del sector. Lamentablemente el día que se presentó en la Asamblea Legislativa la mayor parte de la prensa, acorde con sus prioridades de venta de los medios, estaba atendiendo el caso de supuestos abusos del diputado Federico Tinoco. Que los ancianos pobres de las remotidades del país pasaran sin pensión no era una noticia atractiva.
Dos años… El informe de La Nación sobre los resultados de la investigación, colocó el caso sobre el tapete con toda crudeza, pero los “expertos” gubernamentales y sus asesores dieron la callada por respuesta. Sin embargo, aún antes, desde el 29 de enero de ese año, en un artículo mío publicado en La Nación bajo el título de “Se puede reducir la pobreza a la mitad en dos años”, afirmaba: “Efectivamente estoy convencido, por las experiencias de campo desarrolladas durante los últimos tres años, que la pobreza extrema puede reducirse a menos de la mitad en dos años con los recursos asignados por ley. La pobreza en general también lo puede ser reducida de manera sustancial, con pocos recursos adicionales, si se reorganiza, como veremos más adelante, la gestión de la política social”. Y terminaba con las siguientes recomendaciones:
Recomendaciones. 1) No se recortan los fondos de impuestos cobrados a la ciudadanía para combatir la pobreza. 2) Se evalúan los programas y la reasignación de recursos se hará por resultados o impacto como lo ordena la Constitución. 3) Se mide anualmente, la situación y características de la pobreza en cada distrito y comunidad de tal manera que se tenga un panorama que oriente la acción pública. Esto se puede lograr ampliando la actual ficha de los EBAIS, con 10 preguntas de la “ficha de información social” del IMAS. Esta información estará disponible en Internet para toda la ciudadanía.
4) Se integran bajo un solo mando los recursos humanos y materiales y se dota de autoridad operativa y administrativa a los Consejos de Desarrollo Regional en la aplicación de los programas inter- institucionales de lucha contra la pobreza. 5) Los Consejos de Desarrollo Regional deberán rendir cuentas anualmente del presupuesto gastado y los logros o fracasos a los delegados de las organizaciones empresariales, cooperativas, comunales y laborales. 6) El proyecto de presupuesto regional del año siguiente deberá ser sometido a consulta de los delegados de dichas organizaciones.
Decisión política. En otras palabras, para reducir sustancialmente la pobreza se requiere decisión política, regionalizándola, haciéndola transparente y creando condiciones para el control de las organizaciones ciudadanas de cada distrito.
Me alegra mucho que la actual ministra de Salud, responsable del Sector Social, esté tomando en cuenta al menos una de nuestras recomendaciones referidas al aporte que pueden dar los EBAIS; esto es insuficiente, pero es un primer paso, y muy importante, en la dirección correcta.
Quizás a partir de esta primera iniciativa, si se empieza por una región, o cantón, pueda desarrollarse una experiencia y formarse un equipo que contribuya a transformar el sistema.
La Universidad Nacional ha desarrollado, conjuntamente con las cooperativas y las organizaciones de Laurel, el “Censo de Necesidades Sociales” de la mitad de ese distrito; quizás sea un buen sitio para empezar si la rectoría del sector se lo propone.
