Leyendo el editorial del periódico La Nación del 2 de noviembre pasado, en el que se mencionan cómo algunos de los proyectos exitosos del Gobierno Digital han ayudado a mejorar la competitividad del país, caí en la cuenta de que no sé dónde está el Gobierno Digital.
El Gobierno Digital nació en la Casa Presidencial en el 2000. Era una oficina con dos personas que trataban de coordinar tres proyectos que fueron escogidos luego de una sesión con consultores internacionales.
La escogencia me pareció sabia, pues evitó la tentación de definir demasiados proyectos interesantes (tal vez más por falta de recursos que por análisis del riesgo) y dos de los proyectos escogidos iban a generar los fondos para financiar la otra infinidad de proyectos.
En el 2006, el gobierno creo la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD), siempre adscrita a la Casa Presidencial, pero con una comisión llena de ministros y presidentes ejecutivos, encargada de definir estrategias y prioridades.
La ejecución. La definición de estrategia y prioridades nunca fue un problema, el problema siempre ha sido la ejecución. La ejecución de proyectos de tecnología exitosos, en el Estado, es tan escasa como los dientes de las gallinas. En el 2007, con la ayuda del BCR se implementó exitosamente la renovación de licencias y pasaportes. Ese trámite dejó de ser un martirio.
En el 2009, la STGD pasó a ser una división en el ICE y, en el 2011, se logró la ejecución exitosa de Mer-Link, utilizado hoy por más de 100 instituciones para realizar el 65% de las compras del Estado.
La Comisión de Gobierno Digital, que estaba a cargo de la parte política, dejó de sesionar. En el 2012, empezaron las quejas de los otros operadores de telecomunicaciones (y las respectivas cámaras empresariales), pero la STGD siguió ejecutando proyectos exitosos como los que menciona el editorial del 2 de noviembre.
En noviembre del 2015, el periodista Carlos Cordero escribió para El Financiero “Poder Ejecutivo ‘resetea’ Gobierno Digital tras disolución de Secretaría Técnica en Racsa”.
En este reportaje, comenta cómo la STGD dejó de existir hace un año, la rectoría del Gobierno Digital pasó a manos del Micitt, que redactaría un nuevo decreto para el primer trimestre de este año. En marzo de este año, Cordero reportó la creación de una comisión para diseñar el decreto y la ley de Gobierno Digital.
Obviamente, ningún gobierno puede hoy siquiera considerar la posibilidad de no contar con una iniciativa de Gobierno Digital, ya que la automatización y digitalización de procesos y datos es la mejor solución a la tramitomanía, la opacidad, la corrupción (en complicidad con el sector privado) y la ineficiencia.
Los usuarios de los servicios públicos están cada vez más acostumbrados a los medios digitales y entienden los procesos presenciales basados en papeles como un insulto. Los usuarios saben que las cosas se pueden hacer de manera ágil y eficiente, y no entienden por qué alguien puede querer que se desplacen al otro lado de la ciudad a firmar o a entregar un papel.
Falta de ley. Hace bien el Micitt en promover una ley de Gobierno Digital. La tecnología en el Estado no se puede administrar feudalmente. Tenemos más de 40 años de evidencia que demuestra que permitir que cada institución haga lo que mejor le parece con las tecnologías que se les antojen produce un desperdicio e ineficiencia que solo favorece a los proveedores (miopes) de tecnología.
Un decreto solo alcanza a las instituciones del Gobierno Central, una parte muy pequeña del Estado. Se necesita una ley para afectar a todo el sector público.
Incluso el alcance a todo el Estado puede ser insuficiente. Los expedientes digitales de salud y educación no deben circunscribirse a la salud y a la educación públicas; deben alcanzar a todos los ciudadanos.
Obviamente, el Gobierno Digital debe tener las potestades necesarias para imponer estándares de interoperabilidad en todo el país. Pero definir estándares y prioridades tampoco es suficiente. El Gobierno Digital debe implementar proyectos, debe ser la punta de lanza que rompa la resistencia al cambio.
El tiempo es el recurso más escaso, los atrasos habituales tienen un costo altísimo: el costo de oportunidad, el cual los defensores del statu quo se niegan a medir.
Mal ubicado. Actualmente, el Gobierno Digital está en el Micitt, en una gerencia (tercer nivel jerárquico) y cuenta con dos personas. Con razón es tan difícil encontrarlo.
Los recursos humanos de la STGD, con experiencia en ejecución exitosa de proyectos se traspasaron del ICE a Racsa: unos a principios de este año y el resto lo hará a inicios del próximo.
La capacidad de ejecución exitosa de proyectos de tecnología en el sector público es sumamente escasa. Diluir y separar un equipo exitoso es la mejor manera de perder la capacidad de ejecución.
La nueva ley está, obviamente, a años vista. Un nuevo decreto que elimine la STGD tiene alcance muy limitado y probablemente sea reemplazado por otro decreto, en otro gobierno.
El Micitt es de las instituciones que menos recursos tiene, y no existe la menor duda de que para ejecutar proyectos de manera exitosa se requieren recursos financieros, humanos y tecnológicos. Crear una institución nueva para albergar al Gobierno Digital solo funcionaría si se consiguen los recursos frescos y se logra convencer a los escépticos de la proliferación de instituciones.
Ya tenemos un año sin Gobierno Digital. Un nuevo decreto puede suceder muy rápido, pero la capacidad de ejecución de proyectos de tecnología que logró la STGD dentro del ICE no se recobrará por obra y gracia.
En peligro. Aún más preocupante es arriesgar los logros obtenidos. El más importante y, en peligro, es Mer-Link. El éxito de Mer-Link en el futuro no está garantizado por su éxito a la fecha. El código fuente de dicho sistema es muy valioso. Si este cayera en manos inexpertas o inescrupulosas, podrían modificarlo para eliminar transparencia y permitir acciones que hoy no se permiten (como hacer compras invitando a solo tres proveedores o recibir ofertas de papel).
La ejecución de un proyecto no termina con su puesta en producción, hay que mantenerlo y auditarlo, y eso no se puede hacer con recursos inexpertos o con un largo historial de proyectos fracasados.
Lo perfecto es enemigo de lo bueno, lo cual no quiere decir que debamos dejar de perseguir la perfección. Quiere decir que no debemos desechar algo que funciona, con la esperanza de algún día tener algo mejor. Hay mucha evidencia de los efectos devastadores que una transición en el vacío produce.
Costa Rica merece el mejor Gobierno Digital que podamos tener, incluso deberíamos estar exportando servicios de Gobierno Digital a otros países, como hace Estonia.
Todos los ciudadanos deberían saber dónde está el Gobierno Digital.
El autor es ingeniero, presidente del Club de Investigación Tecnológica y organizador del TEDxPuraVida.