La crisis de residuos de Costa Rica necesita más que nuevos rellenos sanitarios; necesita inversión, innovación y voluntad política para cambiar un modelo que sigue encontrando más fácil enterrar recursos que aprovecharlos.
La reciente controversia en Turrúcares ofrece una oportunidad. El gobierno propuso inversiones cercanas a ¢6.000 millones en carreteras, infraestructura educativa y servicios comunitarios, condicionadas al retiro de acciones judiciales contra los permisos de un nuevo relleno sanitario.
¿No merecen las comunidades esas obras sin tener que aceptar un relleno a cambio? Reconocer que una instalación de este tipo genera impactos que deben compensarse es legítimo, pero utilizar las necesidades de una población como instrumento de negociación es otra cosa.
Sin embargo, quisiera llevar la discusión más lejos y hacerle una propuesta a doña Laura Fernández: ¿qué tal si empezamos por convertir esos ¢6.000 millones en un fondo nacional de desarrollo para la economía circular y específicamente para la circularidad de los residuos sólidos?
No se trataría de repartir recursos ni de construir otra estructura burocrática. Propongo un fondo de capital semilla, diseñado para atraer inversión privada, municipal y cooperativa, que multiplique así su capacidad de generar valor.
Su conducción debería estar en manos de un panel técnico experto con representantes de las municipalidades que han demostrado mejores resultados, así como personas empresarias de la industria de gestión y valorización de residuos y emprendedoras con experiencia comprobada en economía circular.
Este fondo podría financiar infraestructura de separación, compostaje y transformación de materiales valorizables, pero también tres condiciones indispensables para que esas inversiones funcionen: educación ciudadana permanente con incentivos, rutas de recolección diferenciada y articulación de un mercado interno para los materiales recuperados.
Porque no basta con enseñar a las familias a separar si después todo termina en el mismo camión; tampoco sirve recuperar materiales si no existen empresas capaces de utilizarlos como materias primas.
Actualmente, disponer de una tonelada de residuos puede costar alrededor de ¢35.000, sin incluir transporte. Cada tonelada que evitamos enterrar representa un costo potencialmente ahorrado y una oportunidad de generar actividad económica más limpia.
Turrúcares ofrece un ejemplo revelador: si el gobierno considera necesario ofrecer ¢6.000 millones en obras para conseguir la aceptación de un relleno sanitario, ¿no está reconociendo implícitamente que esta actividad tiene costos territoriales que no aparecen en la tarifa de disposición final?
Con ¢6.000 millones, no resolveremos toda la crisis, pero podríamos iniciar inversiones productivas de largo plazo, crear empleos verdes, fortalecer empresas nacionales, reducir progresivamente la necesidad de nuevos rellenos y de importar materias primas vírgenes.
Por supuesto, los recursos ofrecidos a Turrúcares no constituyen automáticamente un presupuesto disponible para este fondo. La propuesta requiere definir fuentes de financiamiento y mecanismos transparentes de inversión.
Lo importante es cambiar la pregunta. En lugar de calcular cuánto debemos ofrecerle a una comunidad para que reciba nuestra basura, calculemos cuánto podemos invertir para que no tengan que recibirla, ni en Turrúcares ni en ningún otro cantón.
Doña Laura, empecemos con esos ¢6.000 millones; convirtamos una negociación para enterrar residuos en una oportunidad para desarrollar una nueva industria nacional liderada por personas expertas.
Costa Rica necesita menos territorios sacrificados y más oportunidades productivas, menos dinero enterrado y más inversión que genere valor durante décadas.
karlachaves@proximacomunicacion.com
Karla Chaves Brenes es comunicadora y emprendedora de la economía circular.
