En la reciente Cumbre de la Competitividad, organizada por AmCham y Deloitte, panelistas y conferencistas se quejaron, una y otra vez, de la corrupción, la ineficiencia y la tramitomanía del Estado, y de cómo estas inciden negativamente en la competitividad del país. Al final de la actividad –con la participación del presidente de la República–, el señor William Eggers, socio de Deloitte, propuso que digitalizáramos el Estado para combatir estos problemas.
La reacción de los panelistas fue unánime en admitir que la digitalización del Estado es tan obviamente necesaria que no merece discutirse, y el presidente agregó que no solo se debe hacer Gobierno Digital, sino también Gobierno Abierto.
Sin embargo, si consideramos que en Costa Rica iniciamos el plan de digitalización del Estado antes que Singapur, y que el esfuerzo de Gobierno Digital ya lleva 14 años, debemos concluir que, al menos en nuestro país, la digitalización del Estado es una de esas tareas que, a pesar de aparentar ser simples, se nos complican tremendamente (como la “platina”).
Sin excusas. Hace años, la culpa de esta situación se le achacaba a la falta de recursos tecnológicos, humanos y/o financieros. Hoy, ninguna de esas excusas es aceptable, pues tenemos todos los recursos necesarios, y más. Incluso, tenemos la voluntad política.
Todos coinciden en la necesidad de digitalizar el Estado. Todos entienden que la digitalización produce transparencia (el peor enemigo de la corrupción), automatiza, agiliza y mide trámites (el peor enemigo de la ineficiencia).
Pero la digitalización también es, en sí, susceptible a la corrupción y la ineficiencia. Ahí es donde la yegua bota a Jenaro. Por ejemplo, un sistema de compras en el que los documentos se almacenan como imágenes no permite hacer búsquedas; es más transparente que el sistema de papel, pero dista mucho de la transparencia que debería brindar un sistema digital. O un sistema de recaudación de impuestos que permite que el secreto tributario sea violado, sin dejar rastros fehacientes de quién fue el responsable, es un poco mejor que un sistema de papel, pero dista mucho de lo que debería ser un sistema digital.
Es crucial, en esta tarea de digitalizar el Estado, una buena organización y gobernanza. Debe haber una persona responsable (no un comité) que lidere el proceso (en el sector productivo se denomina CIO). Debe haber acuerdos de niveles de servicio, con penalidades por incumplimiento, que reduzcan los riesgos de situaciones como la que experimentó, este año, el Ministerio de Educación Pública.
Asimismo, la priorización de proyectos debe estar siempre alineada con los objetivos del negocio (en este caso, el Estado). Los proyectos que se aprueban para ejecución deben cumplir no solo con los tiempos y costos establecidos, sino que también, y más importante, debe verificarse a posteriori el cumplimiento de los beneficios sobre los cuales se aprobó un determinado proyecto.
Es claro y obvio que el desarrollo e implementación de sistemas no es una labor sustantiva del Estado. Discusiones bizantinas sobre si el software debe ser abierto o propietario, si los sistemas se deben desarrollar, comprar o alquilar, o si los equipos deben residir en las oficinas del Estado o fuera de ellas, no llevan el barco, y nunca lo han llevado, a buen puerto.
Un arma efectiva. Dado que la digitalización es un arma muy efectiva contra la corrupción y la ineficiencia, todos estamos muy interesados en que se utilice a cabalidad en el Estado. Es, o debiera ser, del interés de todos que el Estado se convierta en un gran utilizador de la tecnología digital para que la gestión pública se torne transparente y eficiente.
Obviamente, el proceso de digitalización es diferente en el Estado que en el sector privado. Probablemente sea más difícil, pero no debería ser más caro ni más lento, y ciertamente no debería restringir el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y modelos de negocio, como computación en la nube, Internet de las cosas, Big Data, robótica avanzada y automatización del trabajo intelectual.
Al igual que la “platina”, la digitalización del Estado hay que resolverla, y pronto.