El gobierno del presidente Alvarado busca autorización de la Asamblea Legislativa para colocar bonos por $6.000 millones en el mercado internacional (los llamados eurobonos). Es decir, colocar bonos por un 10 % del producto interno bruto (PIB). Creo que es un error.
Las rebajas en las calificaciones de riesgo, hechas por las tres principales calificadoras, no son arbitrarias, ni son reflejo de incompetencia, como algunos han dicho. Esas empresas cometieron muchos errores en el mundo durante la crisis del 2008, y ahora son más cuidadosas en sus criterios.
En nuestro caso, están advirtiendo a los inversionistas de que comprar bonos emitidos por Costa Rica significa asumir riesgos elevados. La respuesta de los inversionistas será exigir tasas de interés más altas para prestarnos, y hasta podría llegar el momento cuando, simplemente, no nos presten más.
La situación ocurre, en primer lugar, porque la reforma fiscal dará frutos lentamente y será insuficiente. La deuda, como proporción del PIB, seguirá aumentando si no se toman medidas adicionales. En segundo lugar, el gobierno podría no tener la fuerza para hacer los ajustes necesarios y su voluntad para hacerlo se debilitará si coloca más deuda en el mercado internacional. En tercer lugar, el riesgo para los inversionistas será mayor porque las alianzas políticas vigentes (en especial entre el PAC y el PUSC) tenderán a debilitarse conforme nos acerquemos a las elecciones y siga deteriorándose la imagen de las autoridades.
Alternativas. Ante esta situación, ¿qué opciones nos quedan? Una es aprobar los eurobonos, colocarlos a altas tasas y posponer los ajustes. Los $6.000 millones permitirían retrasar el ajuste por unos años. Si se aprueba menos, unos $1.500 millones, podría aplazar un poco el ajuste y estaríamos en una situación semejante a la actual en uno o dos años. Aunque nos duela, hay que reconocer que los ajustes adicionales son inevitables y si no se hacen ahora aumentará el riesgo de caer en una crisis mayor, como alertan las calificadoras.
La otra opción es recurrir a las instituciones financieras internacionales (IFI): Banco Interamericano, Banco Mundial, Banco Centroamericano y otros. Sus préstamos son otorgados a largo plazo y a tasas de interés bajas. Algunos de ellos han dicho, por diversos medios, que no nos prestarán, pero esa es una posición de negociación; al final de cuentas, para eso existen.
Para conseguir su apoyo, sería necesario profundizar las medidas de ajuste fiscal, tanto del lado del gasto como del ingreso. Como parte del programa de ajuste requerido, deberían incluirse las reformas ya ejecutadas y las planteadas para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como los proyectos que se lleven a cabo por concesión de obra pública.
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Son, de todos modos, las medidas que deben tomarse para evitar una crisis mayor. Si existe decisión política, tener un programa listo en un plazo muy corto es viable. Por ese camino, se conseguirían los recursos frescos que acompañarían las reformas necesarias y se fortalecería la capacidad política del gobierno de llevarlas a cabo, siempre y cuando la administración Alvarado, la Asamblea y las IFI tomen el reto en serio. Se alivianaría el costo del ajuste.
Más aún: si antes de ir a los mercados internacionales recurrimos a los organismos multilaterales, conforme avancemos iremos reconstruyendo nuestra credibilidad internacional (el viejo sello de calidad del FMI), y, así, cuando vayamos nuevamente a los mercados, los recursos no serán tan caros y se conseguirán a más largo plazo. Ese debería ser, según mi criterio, el camino a seguir.
El autor es exministro de exministro de Hacienda.