Durante muchos años, Costa Rica entendió bastante bien cómo insertarse en la economía global. El país apostó por apertura comercial, atracción de inversión y talento humano, y los resultados están ahí: exportaciones sofisticadas, una industria de servicios sólida y presencia creciente de empresas tecnológicas.
Pero el comercio internacional ya no se mueve únicamente en barcos o contenedores. Cada vez más se mueve en datos y redes. Y ahí es donde entra un tema que todavía pasa relativamente inadvertido en buena parte del sector productivo nacional: el Digital Economy Partnership Agreement, conocido como DEPA.
Aunque el nombre suena técnico y distante, el fondo del asunto es mucho más cotidiano de lo que parece. El DEPA busca establecer reglas modernas para la economía digital: comercio electrónico, pagos digitales, manejo de datos, inteligencia artificial, firmas electrónicas, interoperabilidad y ciberseguridad, entre otros aspectos que ya forman parte de la actividad diaria de miles de empresas.
El problema es que en Costa Rica todavía existe la percepción de que estos acuerdos son relevantes únicamente para grandes compañías tecnológicas o especialistas en regulación digital. Claramente, no es así.
Una pyme que vende productos por Internet, una empresa de servicios que opera regionalmente, un emprendimiento tecnológico que quiere escalar o incluso un exportador agrícola que depende de procesos logísticos digitalizados terminarán viéndose impactados por este tipo de reglas.
Por eso, la convocatoria que hace el Ejecutivo para que continúe la discusión sobre el DEPA en la Asamblea Legislativa merece mucha más atención de la que hoy tiene.
Costa Rica posee condiciones particularmente favorables para aprovechar una integración más profunda en la economía digital. El país ha logrado posicionarse como un ecosistema relativamente competitivo para inversión tecnológica, servicios corporativos y operaciones regionales. Existe talento, estabilidad institucional y una reputación internacional positiva que sigue teniendo peso.
Pero el entorno internacional cambió. Ya no basta solamente con estabilidad política o mano de obra calificada. Las empresas globales también observan cuán preparado está un país para operar digitalmente: protección de datos, seguridad jurídica, capacidad tecnológica, facilidad para intercambiar información y existencia de reglas claras. Es precisamente ahí donde acuerdos como el DEPA adquieren relevancia estratégica.
Más allá de sus aspectos técnicos, este tipo de iniciativas también envían señales. Y las señales importan para atraer inversión, particularmente en un momento en que las inversiones vinculadas a inteligencia artificial, servicios digitales y operaciones basadas en datos están redefiniendo las cadenas globales de valor.
En otras palabras, los países que logren adaptarse rápido tendrán ventajas importantes, mientras que aquellos que se atrasen probablemente afrontarán mayores dificultades para atraer inversión y generar empleos de alto valor agregado.
Por supuesto, el tema también plantea desafíos. Costa Rica todavía tiene tareas pendientes en modernización regulatoria, ciberseguridad, digitalización estatal y protección de datos. Además, el país necesita una conversación mucho más amplia sobre competitividad digital, porque en algunos sectores la transformación tecnológica se sigue viendo como un asunto secundario; entre ellos, el sector público, que tiene aún una gran tarea pendiente en la digitalización de sus procesos.
Precisamente ahí podría estar el mayor valor del DEPA: obligarnos a acelerar discusiones y reformas que, tarde o temprano, tendremos que enfrentar. La economía digital dejó de ser un tema del futuro. Ya es parte central de la competencia global.
Y Costa Rica tiene una decisión importante por delante: participar activamente en esa nueva economía o correr el riesgo de observar cómo otros avanzan más rápido.
esoley@ecija.com
Elías Soley G. es exembajador de Costa Rica ante la OCDE (2022-2026) y abogado socio de Ecija (áreas de TMT y Políticas Públicas).
