La X edición del Foro Económico Mundial/Latam (FEM), celebrada este año en la paradisiaca Riviera Maya, el 7 y 8 de mayo, fue como de costumbre una excelente oportunidad para tomarle el pulso a la coyuntura de América Latina e identificar las principales tendencias presentes en la región.
Uno de los temas que generó mayor atención entre los participantes fue la fuerte desaceleración económica que aqueja a Latinoamérica. Existe la convicción de que, tras una década de alto crecimiento e importantes avances en el plano social, la región enfrenta (a consecuencia del cambio en el contexto internacional) un nuevo ciclo que, a juicio de muchos analistas, no es de carácter coyuntural sino que llegó para quedarse un buen tiempo.
Según el FMI, este año la región crecerá un anémico 0,9% (promedio regional), caída por quinto año consecutivo (en el 2014 fue apenas del 1,3%) y la tasa más baja desde el 2002, a excepción del 2009 (cuando América Latina estaba inmersa en plena crisis global).
De confirmarse este pronóstico, según el BID, el crecimiento promedio de la región para el periodo 2011-2016 será tan solo del 2,6% (similar al que experimentó como promedio durante el periodo 1980-2003), es decir, apenas 40% del crecimiento del quinquenio de oro 2003-2010.
Empero, debemos matizar estas malas noticias con dos factores positivos: actualmente, la mayoría de los países de la región están mejor preparados que hace dos décadas para hacer frente a este nuevo panorama, y no hay que olvidar la heterogeneidad que caracteriza a América Latina y motiva (como bien señala J. J. Ruiz, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo) que el 0,9% de crecimiento proyectado para la región se explique “porque Venezuela, Argentina y Brasil –que representan el 51% del PIB regional– estarán este año en recesión.
La otra América Latina –el otro 49%– crece al 3,2%, tasa que, si bien está por debajo del crecimiento potencial de la región, no lo está en mayor medida que Europa o la mayoría de las economías emergentes”.
Otro asunto que concitó también mucha atención fue el debate en torno a si América Latina posee las instituciones que necesita para dar respuesta a los desafíos del nuevo escenario regional.
Hubo acuerdo en que las instituciones constituyen una condición previa e indispensable para el desarrollo, y que lamentablemente el entorno institucional regional es de baja calidad tal como se desprende, entre otros, del índice de Competitividad del FEM.
En mi caso, participé en un panel ( The rise of Institutions ) donde pasamos revista a los fenómenos de la corrupción y de la falta de transparencia, así como las debilidades estructurales en los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de los Gobiernos de la región. Analizamos, asimismo, los bajos niveles de rendición de cuentas, la generalizada debilidad del Estado de derecho, la inseguridad ciudadana, la violencia derivada del tráfico de drogas y del crimen organizado y la creciente desconfianza que aqueja a las instituciones políticas.
Concluimos con una serie de propuestas de reformas dirigidas a superar estas graves debilidades institucionales.
Las siete “íes”. La región acusa una serie de déficits que, a la luz de los diferentes debates y paneles en los que participé, resumiría en las siete “íes”.
La primera es la inequidad, la cual, no obstante los importantes avances registrados durante la ultima década, hace que sigamos siendo la región más desigual del mundo.
La segunda es la informalidad, dado que, según datos de la OIT, el 47% de la población que trabaja lo hace en el sector informal.
La tercera es la innovación y educación de baja calidad. La región invierte (en promedio) alrededor de un 1% del PIB en innovación (porcentaje insuficiente), y nuestros alumnos (de los países de América Latina que participan en las pruebas PISA de la OCDE) se encuentran en los últimos lugares.
La cuarta es el fuerte déficit que registramos en materia de infraestructura; La quinta es la baja calidad de nuestras instituciones; la sexta y la sétima (muy conectadas con la anterior) son la inseguridad, tanto ciudadana como jurídica, y la impunidad.
Tres desafíos prioritarios. De cara a este nuevo escenario, en la reunión de la Riviera Maya se llegó a un amplio consenso acerca de que la región debe poner en marcha, con sentido de urgencia, una agenda estratégica a mediano y largo plazo que dé respuesta a tres desafíos principales:
1. Recuperar el crecimiento económico y hacerlo inclusivo y ecológicamente sostenible. Para ello es clave innovar, diversificar la matriz productiva (para no seguir apostando únicamente a las materias primas) y mejorar la productividad y competitividad, ya que esta última constituye el verdadero talón de Aquiles de la región.
Desde los años 90, la región solo ha aumentado su productividad en un 1,6%, mientras que los países asiáticos en desarrollo la elevaron cerca de un 30%.
La prioridad de este crecimiento debe ser la de crear trabajos formales de calidad, estables y bien remunerados.
2. Blindar y profundizar los avances sociales logrados durante la última década, cuando más de 60 millones de personas dejaron atrás la pobreza, y pasaron a ser parte del sector “vulnerable” o de la clase media “emergente”.
El cumplimiento de este objetivo requiere contar con un Estado estratégico, dotado de una burocracia profesional y moderna, y que cuente con suficientes recursos fiscales para asegurar un gasto social eficiente y servicios públicos de calidad.
Hoy la recaudación tributaria apenas bordea el 20% del PIB (promedio regional), muy por debajo de los países de la OCDE.
Por su parte, los ajustes fiscales que ya se están aplicando en algunos países, y que en otros se hará en breve, deben ser pragmáticos y no ideológicos. En otras palabras, una austeridad inteligente que sepa conciliar la disciplina macroeconómica con la protección de los beneficios adquiridos por la ciudadanía y que permita, al mismo tiempo, continuar reduciendo la pobreza y seguir aumentando la clase media.
3. Modernizar y fortalecer la institucionalidad para adaptarlas a las nuevas realidades y de este modo contar con instituciones legítimas, transparentes y eficaces, con capacidad de rendir cuentas y de dar respuesta a las demandas sociales en una época en que existe un profundo descontento ciudadano debido al quiebre existente entre las expectativas y las posibilidades que tiene el gobierno y la sociedad de poder cumplirlas.
Nos referimos tanto a las instituciones de carácter económico como a las políticas, en especial el fortalecimiento de los partidos políticos, el poder judicial, los órganos de fiscalización y los mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. El debate frontal al crimen organizado y a la corrupción exige máxima prioridad.
De esta reunión del FEM deseo enfatizar tres mensajes. Uno, América Latina se enfrenta a una encrucijada (contexto internacional adverso, desaceleración económica, mayores demandas sociales y gobernabilidad compleja) cuya definición marcará el rumbo de la región de cara a las próximas décadas.
Dos, el estado de ánimo ha cambiado en Latinoamérica: un optimismo más moderado e incluso cauto ha reemplazado al optimismo exuberante de años anteriores.
Y tres, el nuevo ciclo no solo requiere instituciones legítimas y eficaces sino también un liderazgo de calidad y valiente que, con urgencia, ponga en marcha, en los diferentes países de la región, una agenda de reformas estructurales encaminadas a modernizar su modelo de desarrollo y adecuarse estratégicamente al nuevo contexto global y latinoamericano.
Daniel Zovatto es director regional para América Latina y el Caribe IDEA Internacional.