El rechazo de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional es mucho más que otro fracaso legislativo. Tras años de discusiones y negociaciones sobre el expediente 23.414, Costa Rica vuelve a posponer una reforma estructural. Una burla para quienes esperamos que la política energética responda a las necesidades económicas del país y no a disputas ideológicas interminables.
Mientras aquí discutimos si debemos modernizar nuestro modelo eléctrico, nuestros vecinos se hacen una pregunta más práctica: ¿cómo atraer inversiones, desarrollar infraestructura y aprovechar las oportunidades del mercado regional?
No lo observo solo desde la teoría regulatoria. La experiencia de operar profesionalmente en Costa Rica, Panamá y República Dominicana, y de acompañar proyectos energéticos en Centroamérica, me permite constatar cómo las diferencias regulatorias se traducen en oportunidades de inversión, financiamiento y tiempos de ejecución muy distintos.
Los inversionistas no esperan
Anuncios de 2026: En El Salvador, el grupo español Cox comunicó una iniciativa que contempla unos $2.300 millones en proyectos energéticos. Panamá estima entre $400 y $500 millones en inversiones vinculadas con sus recientes licitaciones eléctricas. República Dominicana recibió aproximadamente $911 millones de inversión extranjera directa energética durante el primer semestre. Son cifras de distinta naturaleza: proyectos anunciados, expectativas y capital recibido, pero todas reflejan una misma cosa: ¡dinamismo regional!
Honduras, pese a sus dificultades históricas, impulsa iniciativas para modernizar su sector y atraer capital. Guatemala demuestra la madurez de un mercado construido durante décadas, con contratación competitiva, múltiples agentes y nuevas licitaciones de generación.
Panamá merece especial atención. Su ubicación, infraestructura, capacidad para atraer capital y la perspectiva de interconexión con Colombia sin duda lo convertirán en el gran protagonista del Mercado Eléctrico Regional (MER) durante la próxima década. Su apuesta trasciende el abastecimiento interno: busca aprovechar las oportunidades del intercambio eléctrico regional.
Un modelo que limita a sus propios actores
Costa Rica, en cambio, continúa aferrada a una organización sectorial cuyos éxitos históricos son indiscutibles, pero que presenta limitaciones para las necesidades actuales. Nuestro marco restringe la comercialización, reduce las opciones de contratación y no permite que las cooperativas de electrificación rural y las empresas municipales participen plenamente, por cuenta propia, como agentes del MER.
Es paradójico: organizaciones con capacidad técnica, financiera y empresarial para desarrollar infraestructura eléctrica enfrentan barreras para aprovechar la integración centroamericana.
Y hay una contradicción mayor. El modelo tampoco facilita suficientemente al ICE afrontar las inversiones que exigirá el crecimiento de la demanda actual y venidera. Transporte eléctrico, expansión industrial, centros de datos y nuevas actividades productivas requerirán más generación, redes y almacenamiento. Depender en gran medida de la capacidad financiera y contractual de una sola institución no parece sostenible.
Modernizar no significa debilitar al ICE. Significa diversificar inversiones, distribuir riesgos y darle mejores condiciones para cumplir su función. Costa Rica ha anunciado proyectos solares, eólicos y financiamiento para el ICE en 2026; reconocerlo es indispensable. Pero ejecutar proyectos dentro del esquema vigente no equivale a disponer de un mercado capaz de multiplicar oportunidades.
El precio de la inmovilidad
La seguridad jurídica no consiste en congelar las reglas, sino en adaptarlas de forma previsible. El costo de postergar reformas no siempre aparece en las tarifas o presupuestos: se expresa en proyectos que no se estructuran, negocios que se esfuman y capital que encuentra mejores condiciones en otros mercados.
No necesitamos renunciar a las fortalezas del sector eléctrico; necesitamos dejar de utilizarlas para justificar que nada cambie. Los inversionistas no tienen obligación de esperar a que resolvamos nuestras diferencias políticas. Ellos, sencillamente, comparan mercados, evalúan riesgos y deciden.
La verdadera amenaza no es modernizar el sistema, sino creer que los éxitos del pasado seguirán garantizando las inversiones del futuro. ¿Cuánto más estamos dispuestos a comprometer nuestra competitividad por defender un modelo que necesita evolucionar?
----
William Villalobos Herrera es abogado en Derecho de Energía y consultor internacional en regulación, gobernanza y políticas públicas.