Hay historias que explican una política pública mejor que cualquier indicador.
Durante las charlas del Simposio Regional de Oncología Rosa Azul, organizado por el Hospital Enrique Baltodano Briceño, de Liberia, directores de hospitales del segundo nivel de atención compartieron relatos que muestran lo que significa recibir atención lejos de casa.
Uno de ellos fue el de un niño con cáncer, vecino de La Cruz, Guanacaste, quien finalmente pudo conocer personalmente a su maestro de Música gracias a que su atención se acercó a su comunidad.
Otro fue el de don Adrián, quien llegó a San José con una maleta y tuvo que permanecer más de 40 días lejos de su hogar para recibir atención, sin contar con familiares que pudieran hospedarlo.
Escucharlos me dejó una pregunta: ¿cuánto cuesta realmente la distancia entre una persona y su tratamiento?
La respuesta va mucho más allá de los kilómetros. Un traslado puede implicar gastos de transporte, alimentación y hospedaje; días de trabajo perdidos; clases a las que un niño no puede asistir y familiares que deben reorganizar sus responsabilidades para acompañar a quien está enfermo.
Además, la distancia no pesa igual para todos. Un mismo viaje puede resultar mucho más difícil para quien tiene pocos ingresos, vive con una discapacidad, depende de otra persona para movilizarse o tiene responsabilidades de cuido. En salud pública, la interseccionalidad ayuda a entender cómo estas condiciones se entrecruzan y generan barreras distintas para acceder a la atención.
Esta mirada tiene una consecuencia práctica: organizar los servicios exige conocer las condiciones de vida de quienes necesitan utilizarlos.
Cuando llegar al hospital se convierte en una dificultad recurrente, también puede verse comprometida la continuidad del tratamiento. Por eso, al evaluar la descentralización, deberíamos preguntarnos cuánto cuesta acercar un servicio y cuánto cuesta mantenerlo lejos.
Costa Rica ya cuenta con resultados que dan contenido a esta discusión. Según información divulgada por la Caja Costarricense de Seguro Social, entre julio de 2025 y julio de 2026, los modelos implementados en hospitales de Puntarenas, San Carlos, Pérez Zeledón y Liberia permitieron evitar más de 9.000 traslados hacia San José.
Cada traslado evitado representa un viaje menos que organizar y tiempo que puede dedicarse al descanso, al trabajo o a la familia. La reducción de estos desplazamientos también puede disminuir gastos para los hogares y facilitar el acompañamiento durante el tratamiento.
La experiencia del Hospital Enrique Baltodano Briceño permite comprender ese valor desde el territorio. Escuchar a los profesionales de salud en Liberia recordó algo que las cifras no siempre transmiten: recibir atención cerca de casa puede cambiar la manera en que una persona y su familia viven la enfermedad.
Convertir estas experiencias en una política sostenible requiere una red integrada. Descentralizar implica definir qué servicios pueden brindarse en cada centro médico, con equipos capacitados, infraestructura, suministros, protocolos y mecanismos claros de referencia y seguimiento.
Un primer nivel fortalecido puede contribuir a identificar riesgos, detectar señales de alerta y orientar oportunamente a las personas. Un segundo nivel con capacidad resolutiva puede ofrecer diagnóstico, seguimiento y determinados tratamientos cerca de las comunidades. Los hospitales nacionales, a su vez, pueden concentrar sus recursos especializados en quienes requieren atención de mayor complejidad.
La cercanía debe ir acompañada de calidad, seguridad y continuidad. Cada persona necesita recibir atención en el nivel que corresponde a su condición, con una conexión efectiva entre los servicios.
También tenemos la oportunidad de medir mejor el valor de este modelo.
Además de registrar procedimientos y atenciones, podríamos estimar las horas de traslado evitadas, los cambios en los gastos de bolsillo, los días laborales y escolares recuperados, la continuidad del tratamiento y la capacidad liberada en los hospitales nacionales. Conviene, además, conocer quiénes se benefician y cuáles barreras persisten.
La economía de la salud puede ayudarnos a incorporar tanto los costos para el sistema como los que asumen las familias. Esa perspectiva permitiría evaluar beneficios que se producen fuera del hospital y tomar decisiones con una comprensión más completa del valor de la atención cercana.
Aquí, los determinantes sociales de la salud adquieren un rostro concreto. El lugar donde vivimos, nuestros ingresos, el empleo, las opciones de transporte y las redes de apoyo influyen en nuestra posibilidad de recibir atención.
Un tratamiento disponible es indispensable. Pero si acceder a él exige conseguir dinero para viajar, encontrar dónde dormir o separarse durante semanas del trabajo y de la familia, todavía quedan barreras por resolver.
El código postal no debería determinar la posibilidad de completar un tratamiento.
Costa Rica tiene experiencias de las cuales aprender. El reto es evaluarlas, fortalecerlas y sostenerlas mediante decisiones de política pública. Escuchar a pacientes, cuidadores, profesionales de la salud y comunidades es esencial para que las redes respondan a las necesidades de cada territorio.
La descentralización merece ese lugar por su potencial para mejorar la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema.
A veces, el impacto de una política se expresa en una nueva tecnología o infraestructura. Otras veces se reconoce en un niño que puede encontrarse con su maestro, en una persona que duerme en su propia casa después de recibir tratamiento o en una familia que logra acompañarse durante la enfermedad.
Esas posibilidades también forman parte del valor que debemos medir y proteger. Porque acercar la atención es también acercar oportunidades, equidad y vida.
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Ana C. Bolaños Aguilar es farmacéutica y estudiante de la maestría en Economía de la Salud. Egresada del programa Global Public Health Leadership de la Harvard T.H. Chan School of Public Health.