Durante casi un año, cuatro familias que adquirieron propiedades en un proyecto inmobiliario en Nosara han acudido reiteradamente ante las instituciones públicas buscando respuestas. No pedían privilegios. Pedían algo mucho más elemental: que el Estado hiciera cumplir la ley.
Lo que empezó con denuncias sobre presuntas construcciones sin permisos, órdenes municipales de clausura aparentemente incumplidas, dudas sobre el abastecimiento de agua y electricidad y posibles irregularidades en la administración de esos servicios, hoy se ha convertido en un caso que trasciende al proyecto inmobiliario.
Algunos propietarios incluso denuncian cobros aparentemente abusivos por agua y electricidad por parte de la Administración del condominio, ya que, al parecer, los servicios no los presta ningún ente regulado, situación que, de confirmarse, amerita la pronta intervención de las autoridades competentes.
Sin embargo, pese a los recursos administrativos, fotografías, videos y demás evidencia presentada, casi un año después no existe una respuesta integral ni definitiva.
El verdadero problema ya no es únicamente determinar si las denuncias tienen o no fundamento. El verdadero problema es la respuesta del Estado.
Cuando la ciudadanía acude a las instituciones utilizando los mecanismos legales, espera actuaciones oportunas, transparentes y eficaces. Pero cuando las investigaciones se prolongan, las resoluciones no se ejecutan y las actuaciones administrativas no producen consecuencias visibles, comienza a deteriorarse la confianza en la institucionalidad.
La Municipalidad de Nicoya tiene responsabilidades ineludibles en materia de control constructivo. Pero no está sola. Si existen cuestionamientos sobre el suministro eléctrico, corresponde al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) verificarlos; si recaen sobre el abastecimiento de agua, deben intervenir el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Dirección de Aguas, la Asada correspondiente y las autoridades competentes; si involucran la prestación o cobro de servicios públicos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) debe actuar, y si existen posibles afectaciones ambientales, también corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ejercer las potestades que la ley le confiere. Cada institución tiene competencias distintas, pero todas comparten la misma obligación: proteger el interés público.
Existe, además, una práctica institucional que merece una profunda revisión. Con frecuencia, cuando un ciudadano denuncia posibles irregularidades, la propia Administración solicita informes precisamente a los funcionarios cuya actuación o negligencia está siendo cuestionada. Aunque pueda formar parte del procedimiento administrativo, ello genera una evidente percepción de conflicto de interés y debilita la confianza en la imparcialidad de las investigaciones.
A partir de ahí, se activa un círculo burocrático conocido: una institución espera el informe de otra; otra condiciona su actuación a ese resultado; los expedientes circulan entre oficinas y los meses transcurren sin decisiones de fondo. La burocracia termina sustituyendo la acción y el tiempo se convierte en el principal aliado de la inercia institucional.
Las familias quedan desprotegidas, los inversionistas pierden confianza, quienes abusan o rompen la ley toman confianza en la impunidad y se atreven a más. Todo, a vista y paciencia de un Estado que observa cómo se corroen los pilares institucionales que lo sostienen.
¿Quién paga las consecuencias? Las instituciones, no. Las pagan las familias denunciantes, que continúan viviendo en vulnerabilidad e incertidumbre, enfrentando presuntas irregularidades y sintiendo el abandono de las autoridades. También las pagan quienes invirtieron de buena fe para construir el hogar de sus vidas, confiando en que las instituciones habían ejercido adecuadamente su función de control.
Desde la perspectiva del Derecho Público, existe un principio elemental: la Administración no solo debe emitir actos administrativos; tiene el deber de ejecutarlos. Una orden de clausura que permanece en un expediente o una denuncia que acumula meses sin resolución representan mucho más que una demora burocrática. Debilitan la eficacia del Estado de derecho y envían un mensaje de permisividad incompatible con el principio de legalidad.
Costa Rica ha construido su prestigio sobre la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y la fortaleza de sus instituciones. Promovemos permanentemente la inversión nacional y extranjera bajo la promesa de reglas claras y autoridades que hacen cumplir la ley. Mas esa promesa pierde credibilidad cuando las instituciones parecen esperar unas por otras, mientras las respuestas nunca llegan.
El país necesita autoridades que ejerzan sus competencias con independencia, coordinación y sentido de urgencia. Si las denuncias carecen de fundamento, corresponde demostrarlo con transparencia y rigor técnico. Si existen irregularidades, deben corregirse y sancionarse sin demora. Lo inadmisible es que el paso del tiempo sustituya la acción del Estado.
Porque cuando el Estado deja de hacer cumplir sus propias decisiones, no solo pierde eficacia una institución. Se debilita la confianza en todo el sistema democrático.
Y esa debería ser la mayor preocupación de todos. Porque si un ciudadano cumple con la ley, acude a las autoridades y, aun así, no encuentra una respuesta oportuna, la pregunta deja de ser exclusiva de las familias de este condominio para convertirse en una inquietud nacional: ¿quién nos defiende cuando las instituciones llamadas a protegernos dejan de actuar?
Aquí no se trata de señalar culpables anticipadamente. Se trata de recordar que, en un Estado de derecho, cada institución tiene un deber jurídico que no puede eludir y una ciudadanía que no puede seguir esperando indefinidamente por su cumplimiento.
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Alonso López Jiménez es abogado especialista en Derecho Público.