El asesinato de una persona periodista, particularmente cuando ocurre en circunstancias eventualmente vinculadas con sus denuncias públicas, no puede reducirse a un hecho criminal ni quedar circunscrito a las estadísticas de violencia.
Constituye una agresión contra la dignidad humana, una amenaza a las libertades fundamentales y una señal de alarma sobre la calidad de nuestra democracia.
Desde una perspectiva jurídica, política y social, debemos comprender que no solamente está en juego la vida de una persona. También se encuentra comprometido el derecho de toda una sociedad a conocer, recibir información, cuestionar el ejercicio del poder y exigir responsabilidades.
La libertad de expresión no es una concesión del poder político ni un privilegio de quienes ejercen el periodismo. Es un derecho humano fundamental. En Costa Rica, los artículos 28, 29 y 30 de la Constitución Política protegen, respectivamente, la libertad de manifestar opiniones, comunicar pensamientos y acceder a información de interés público. A su vez, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.
Esta protección tiene una doble dimensión: individual y colectiva. Protege a quien informa, pero también a quienes tienen derecho a conocer aquello que se denuncia. Por eso, cuando se intenta silenciar a un periodista mediante la violencia, la afectación trasciende a la víctima y alcanza al conjunto de la ciudadanía.
Una democracia no puede conformarse con reconocer derechos en sus normas jurídicas. Tiene la obligación de convertirlos en garantías reales y efectivas. De ahí que el Estado deba investigar con independencia, diligencia y profundidad, determinar las responsabilidades materiales e intelectuales y examinar si existieron amenazas, advertencias previas o circunstancias que pudieron anticipar el riesgo.
La responsabilidad institucional no termina con una condena pública. Exige prevención, protección, investigación efectiva y acceso a la justicia. La impunidad, además de negar justicia a las víctimas, puede alimentar un entorno de intimidación en el que otras personas opten por callar ante el temor de sufrir consecuencias similares.
Pero existe una responsabilidad que trasciende al Estado y alcanza a la sociedad misma.
No podemos defender la libertad de expresión únicamente cuando las denuncias coinciden con nuestras convicciones, ni condenar la violencia dependiendo de quién sea la víctima, a quién incomode su trabajo o cuáles intereses puedan verse afectados por sus publicaciones. Los derechos humanos no admiten conveniencias ideológicas ni solidaridades selectivas.
Desde la perspectiva de los valores democráticos, resulta particularmente preocupante cuando la descalificación sustituye al argumento, cuando la denuncia se convierte en motivo de hostilidad y cuando la indiferencia social termina normalizando las amenazas. Una sociedad comienza a debilitar sus propios principios cuando considera aceptable que una persona deba arriesgar su vida por ejercer el derecho a informar.
El periodismo, como cualquier actividad humana, está sujeto a la crítica, al contraste de fuentes y a las responsabilidades que establece el ordenamiento jurídico. La libertad de expresión no supone inmunidad frente a la ley. Sin embargo, ninguna publicación, investigación, denuncia o diferencia de criterio puede justificar la violencia, mucho menos la eliminación de una vida.
Las discrepancias se resuelven mediante argumentos, pruebas, rectificaciones cuando correspondan y mecanismos institucionales de justicia. Nunca mediante amenazas, intimidación o muerte.
Desde la óptica de los derechos humanos, hay una pregunta que las instituciones y la ciudadanía no deberían eludir: ¿qué condiciones sociales, políticas e institucionales permiten que alguien llegue a considerar que puede silenciar una denuncia mediante el asesinato de quien la formula?
La respuesta exige algo más que indignación momentánea. Demanda instituciones independientes, transparencia, rendición de cuentas, respeto a la diversidad de pensamiento y una cultura ciudadana que no tolere la violencia como mecanismo de silenciamiento.
La memoria de una persona periodista asesinada no debería convertirse en una noticia pasajera, una consigna política o un homenaje de ocasión. Debería traducirse en un compromiso permanente con la verdad, la justicia, la libertad y la dignidad humana.
Porque cuando se asesina a quien denuncia, no solamente se pretende silenciar una voz: se amenaza el derecho de todos a conocer, preguntar, disentir y exigir cuentas.
Y cuando una sociedad comienza a tener miedo de escuchar la verdad, el problema deja de ser exclusivamente de quienes informan. Se convierte en un problema de toda la sociedad y, particularmente, de la democracia que hemos construido.
La fortaleza de un Estado democrático no se mide por su capacidad de evitar las voces incómodas, sino por su obligación de protegerlas, garantizar su libertad y someter todo ejercicio del poder al escrutinio de la ciudadanía.
Porque el silencio impuesto por la violencia nunca será una expresión de paz, y una democracia que no protege a quienes denuncian termina debilitando el derecho de todos a vivir en libertad.
jcamposm@abogados.or.cr
Jerry Campos Monge es abogado y profesor universitario y excandidato a defensor de los Habitantes.
