El pasado 1.° de setiembre, a través de un comunicado de prensa, el Colegio de Geólogos de Costa Rica manifestó su preocupación por la situación de Crucitas y respaldó la realización de un referéndum para decidir sobre el futuro de sus recursos naturales. Comparto plenamente la preocupación del Colegio. Sin embargo, no estoy convencida de que un referéndum sea la solución.
Los referendos son instrumentos legítimos de participación democrática. La pregunta es, en este caso, si constituyen el mecanismo adecuado para abordar un problema con tantas dimensiones como Crucitas.
Crucitas no plantea una decisión sencilla entre minería sí o minería no. Exige determinar cómo detener la extracción ilegal, remediar la contaminación existente, definir qué modalidad de aprovechamiento sería viable, establecer estándares ambientales, fortalecer la fiscalización y asegurar beneficios duraderos para las comunidades.
Un referéndum podría permitir modificar o derogar una prohibición, pero difícilmente puede construir por sí mismo una solución.
Si el resultado fuera permitir la minería, todavía habría que responder una serie de preguntas importantes: ¿quién asumiría la remediación del daño acumulado?, ¿bajo qué condiciones?, ¿con cuáles estándares ambientales?, ¿qué ocurriría con las áreas degradadas que queden fuera de una eventual concesión?, ¿cómo se seleccionaría al operador y cómo se fiscalizaría su desempeño?
Y si el resultado fuera mantener la prohibición, tampoco habríamos resuelto Crucitas. La extracción ilegal y el deterioro ambiental continuarán mientras el Estado no tenga capacidad efectiva para controlar el territorio. Prohibir una actividad también exige capacidad para hacer cumplir la prohibición.
Los referendos tienen una limitación evidente frente a problemas como este: deben traducir una realidad compleja en una decisión binaria. Por eso, frente a asuntos con múltiples alternativas, incertidumbres y consecuencias de largo plazo, existen también mecanismos deliberativos que permiten incorporar evidencia técnica, contrastar opciones y construir acuerdos antes de tomar decisiones.
En Crucitas, además, ya existe un proyecto de ley en discusión. El expediente 24.717 propone permitir, de manera excepcional, la minería metálica en Cutris. Su discusión ofrece una oportunidad para concentrar esfuerzos en algo que considero más útil: mejorar sustancialmente la solución propuesta.
Hace algunos meses señalé en este espacio varios aspectos que considero necesario fortalecer en relación con este proyecto de ley: definir con mayor precisión las obligaciones de restauración ambiental; determinar cómo se atenderán las áreas degradadas que eventualmente queden fuera de una concesión; establecer estándares internacionales claros para una eventual operación minera; fortalecer la capacidad institucional para fiscalizarlos y asegurar que la recuperación del territorio tenga un peso real en la selección de cualquier eventual concesionario.
Hay, además, asuntos que trascienden el proyecto minero. Todavía necesitamos una mejor caracterización del daño ambiental existente, particularmente de la distribución y los riesgos asociados al mercurio, el cianuro y otros contaminantes. Necesitamos una estrategia efectiva frente a la minería ilegal y pensar en el futuro económico y social de las comunidades de la zona.
Hace dos años, desde Futuris Consulting y con el auspicio de la Academia Nacional de Ciencias, organizamos las mesas de diálogo sobre el futuro de Crucitas.
Analizamos tres escenarios: minería industrial, minería artesanal y prohibición de la actividad minera. La conversación mostró algo importante: las soluciones reales no cabían cómodamente en ninguno de esos tres cajones. Surgieron alternativas intermedias, pero también necesidades comunes a prácticamente cualquier escenario: información, fiscalización, restauración ambiental, fortalecimiento institucional y presencia efectiva del Estado.
Quizá ahí exista una pista sobre cómo avanzar.
Los colegios profesionales, las universidades, las comunidades, las organizaciones ambientales y otros actores pueden hacer un aporte muy concreto y valioso: formular propuestas técnicamente sustentadas para mejorar los proyectos en discusión y ayudar a construir una solución integral.
No se trata de eliminar las diferencias sobre la minería. Se trata de procurar que la decisión que finalmente adopte el país responda a la complejidad del problema que se intenta resolver.
La pregunta, entonces, no es si los costarricenses tenemos derecho a decidir sobre Crucitas. Por supuesto que lo tenemos. La pregunta es qué necesitamos decidir y cuál es el mejor mecanismo para hacerlo.
Un referéndum puede darnos un sí o un no. Crucitas necesita algo bastante más difícil: una solución.
emma@futurisconsulting.com
Emma Tristán es doctora en Geoquímica Ambiental y directora de la empresa Futuris Consulting.