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Si algo queda claro al analizar la evolución de la economía costarricense y las recomendaciones que durante años nos ha formulado la OCDE es que Costa Rica no carece de diagnósticos. Sabemos cuáles son muchos de los obstáculos que limitan nuestra productividad y capacidad de crecimiento. El desafío consiste en convertir ese conocimiento en una agenda coherente de ejecución.
La desaceleración reciente de las zonas francas hace aún más relevante esta discusión. El modelo de atracción de inversión extranjera ha sido uno de los mayores éxitos de nuestra política económica, pero precisamente por ello debemos asegurar que sus beneficios se extiendan mucho más allá de las empresas que operan bajo este régimen.
La OCDE ha señalado de forma reiterada factores que limitan la productividad de Costa Rica: brechas de capital humano, informalidad, infraestructura insuficiente, dificultades para innovar y transferir tecnología, barreras regulatorias y débiles encadenamientos productivos entre multinacionales y empresas locales.
El problema es que ninguno de estos factores depende de una sola institución. Diversas entidades tienen responsabilidades esenciales en áreas como comercio e inversión, formación de talento, innovación, competencia, infraestructura y política macroeconómica. Todas cumplen funciones importantes, pero ninguna tiene como misión principal coordinar una estrategia nacional de productividad.
Por eso, Costa Rica debería considerar la creación de una pequeña unidad técnica dentro de la Presidencia de la República dedicada a la productividad y al crecimiento. No se trata de crear un nuevo ministerio ni otra estructura burocrática, sino un equipo reducido, altamente técnico y con capacidad de coordinación interinstitucional. Hoy contamos con instituciones competentes que administran distintas partes de la agenda económica, pero ninguna tiene el mandato de observar el conjunto. Tenemos responsables de muchos árboles, pero nadie encargado de cuidar el bosque.
Para que una iniciativa de este tipo funcione, no basta con capacidad técnica; también requiere respaldo político. Precisamente por eso debería ubicarse en la Presidencia de la República. Muchos de los factores que afectan la productividad involucran a varias instituciones, y solo desde el centro de gobierno es posible alinear prioridades y coordinar esfuerzos.
Su función sería identificar los principales obstáculos al crecimiento de la productividad, establecer prioridades, coordinar a las instituciones responsables, definir indicadores y evaluar resultados. Su valor no estaría en sustituir competencias existentes, sino en asegurar que las distintas instituciones trabajen bajo una misma estrategia nacional y que la agenda de productividad se mantenga por encima de los ciclos políticos.
Una instancia de esta naturaleza podría anticipar necesidades de talento en sectores con potencial de atraer inversión y coordinar respuestas entre Gobierno, sector privado y academia. También podría identificar obstáculos regulatorios, de infraestructura o de financiamiento que impiden a empresas nacionales integrarse a cadenas de valor vinculadas a la inversión extranjera y promover soluciones coordinadas.
Asimismo, contribuiría a fortalecer una cultura de evaluación de resultados. La OCDE ha recomendado analizar periódicamente los costos y beneficios del régimen de zonas francas, considerando no solo la inversión y el empleo generados, sino también su impacto sobre la productividad y otros beneficios económicos. Esto no implica cuestionar el régimen, sino maximizar su aporte al desarrollo nacional.
Una política nacional de productividad también debería ampliar la forma en que medimos el desempeño económico. No basta con conocer el crecimiento del PIB, las exportaciones o la inversión extranjera. Debemos medir la productividad de las empresas nacionales, la incorporación de pymes a cadenas globales, la transferencia de conocimiento y el costo regulatorio para operar.
Esto adquiere mayor importancia en un contexto internacional más exigente, donde la competencia por inversión aumenta y la OCDE prevé una moderación del crecimiento económico respecto de años anteriores. No es motivo de alarma, pero sí una razón para prepararnos mejor.
Costa Rica ya demostró que puede construir instituciones capaces de atraer empresas de clase mundial y desarrollar una plataforma exportadora sofisticada. El siguiente desafío es fortalecer la institucionalidad necesaria para que ese éxito se traduzca en mayores ganancias de productividad para toda la economía.
En síntesis, no necesitamos más diagnósticos ni sustituir las instituciones existentes. Necesitamos conectarlas mejor. Requerimos una instancia capaz de transformar recomendaciones conocidas en prioridades concretas, asignar responsabilidades, medir resultados y mantener una agenda de productividad por encima de los ciclos políticos.
Una Agenda Nacional de Productividad debería ser una política de Estado. Después de haber conocido de cerca el trabajo de la OCDE, una de las conclusiones más evidentes es que muchas de las recomendaciones que seguimos discutiendo llevan años sobre la mesa. El verdadero reto no es descubrirlas nuevamente, sino crear las condiciones institucionales para ejecutarlas.
La desaceleración de las zonas francas nos ofrece la oportunidad de evolucionar un modelo que ha sido exitoso. Si Costa Rica quiere dar el próximo salto en desarrollo, debe lograr que la productividad de sus empresas más competitivas deje de ser una excepción y se convierta progresivamente en una característica de toda la economía.
La pregunta estratégica para Costa Rica ya no es cómo atraer más empresas de clase mundial, sino cómo convertir una mayor parte del país en una economía de clase mundial.
La productividad es, en el fondo, la capacidad de generar más prosperidad con los mismos recursos. Por eso, una Agenda Nacional de Productividad debe ser un proyecto país. Si durante las últimas décadas aprendimos a atraer inversión, el desafío de la próxima será multiplicar su impacto. Ahí se juega buena parte del futuro económico de Costa Rica.
esoley@ecija.com
Elías Soley Gutiérrez es socio de ECIJA y exembajador de Costa Rica ante la OCDE.
