Durante décadas, Costa Rica construyó una de sus mayores ventajas competitivas sobre un activo silencioso: la electricidad. Gracias a una visión de Estado, y al trabajo extraordinario del ICE, las empresas distribuidoras, cooperativas, empresas municipales, reguladores y generadores privados, el país logró algo que muchos consideran improbable: desarrollar una matriz eléctrica predominantemente renovable, expandir la electrificación a prácticamente todo el territorio nacional y convertir la energía en una herramienta de desarrollo económico y social.
Ese logro no fue producto de una sola decisión, sino de miles de decisiones tomadas durante más de un siglo.
Hoy enfrentamos una nueva decisión: avanzar hacia el futuro y seguir siendo un referente en inversión y desarrollo, o mirar hacia atrás y suponer que las inversiones nos esperarán más décadas. Y acá, quizá, la pregunta más importante no es cuánto cuesta cambiar, sino cuánto nos costará no hacerlo. En otras palabras, cuánto nos costará no aprobar el Proyecto de Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional.
En Costa Rica solemos analizar el costo de las reformas, pero pocas veces cuantificamos el costo de la inacción. En el sector eléctrico, ese costo rara vez aparece de inmediato. No se refleja necesariamente en una crisis visible ni en un apagón nacional. Es un costo silencioso que se acumula con el tiempo: inversiones que se establecen en otros países, industrias que pierden competitividad, empleos que nunca llegan a crearse y oportunidades de desarrollo que simplemente dejan de existir.
Mientras el mundo acelera la electrificación de la economía, impulsa centros de datos, manufactura avanzada, inteligencia artificial, movilidad eléctrica y nuevos procesos industriales intensivos en energía, la pregunta para Costa Rica es si contaremos con un sistema capaz de acompañar esa transformación.
Cada vez que una empresa evalúa dónde instalarse, la energía ocupa un lugar central en la conversación. Importan los costos, pero también la confiabilidad, la capacidad de crecimiento futuro, la velocidad de conexión y la certeza regulatoria. La competencia ya no ocurre únicamente entre empresas; ocurre entre países.
Por eso, la discusión sobre la armonización eléctrica trasciende el ámbito energético. En realidad, estamos discutiendo nuestra capacidad para competir en las próximas décadas.
Pero esta conversación también tiene una dimensión humana. Quienes trabajamos en esta industria sabemos que la electricidad es mucho más que infraestructura. Detrás de cada decisión, hay millones de vidas. Está el estudiante que necesita conectarse para aprender, el hospital que depende de un suministro ininterrumpido, la pequeña empresa que lucha por crecer, la industria que genera empleo y las familias que requieren servicios accesibles y confiables.
Ese es el poder del propósito.
La energía es una de las pocas actividades económicas cuyo impacto alcanza prácticamente cada aspecto de la vida moderna. Por eso, las decisiones que tomamos no pueden responder únicamente a la coyuntura. Deben responder a una visión país.
En momentos de cambio, la ética debe convertirse en nuestra brújula. La ética nos obliga a preguntarnos si estamos pensando únicamente en las preocupaciones del presente o también en las necesidades de quienes heredarán las consecuencias de nuestras decisiones. Nos recuerda que postergar soluciones necesarias tiene costos reales y que no actuar también es una forma de decidir.
Ese ejercicio resulta especialmente importante cuando hablamos del legado eléctrico costarricense.
El éxito energético de Costa Rica ha sido una construcción colectiva. El ICE desempeñó un papel fundamental e irremplazable en la electrificación nacional y en la consolidación de la infraestructura que hoy sostiene nuestra economía. Ese aporte merece reconocimiento, respeto y una continuidad con una redefinición de sus fronteras.
Pero también es cierto que la incorporación progresiva de generación privada renovable, las cooperativas y las empresas distribuidoras contribuyeron a fortalecer la seguridad energética, diversificar la matriz y ampliar las capacidades del sistema.
Lejos de ser una historia de sustitución, ha sido una historia de complementariedad.
La armonización debe entenderse dentro de esa misma lógica: como una oportunidad para fortalecer el sistema y prepararlo para los desafíos del futuro. Preservar un legado no significa inmovilizarlo. Significa darle la capacidad de seguir siendo relevante. Y para lograrlo, se requiere resiliencia.
Costa Rica la ha demostrado una y otra vez. La mostró cuando apostó por la electrificación rural. Cuando desarrolló grandes proyectos hidroeléctricos. Cuando decidió convertir las energías renovables en una política de Estado. Hoy nos corresponde demostrarla nuevamente.
Las generaciones que nos precedieron no construyeron el sistema eléctrico pensando únicamente en resolver los desafíos de su tiempo. Lo hicieron imaginando las necesidades de quienes vendrían después.
Gracias a esa visión, disfrutamos hoy de uno de los sistemas eléctricos más admirados de la región. Nuestra responsabilidad es exactamente la misma. No se trata de elegir entre pasado y futuro. Se trata de construir un puente entre ambos.
Porque el verdadero costo no está en cambiar. El verdadero costo está en quedarnos quietos mientras el mundo sigue avanzando. Aprobemos el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional ahora. Y avancemos.
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María Fernanda Esquivel Rodríguez es presidenta de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope).