Costa Rica es una verdadera democracia. Es la más antigua democracia ininterrumpida de América Latina y con una tradición de desarrollo institucional que se inició hace más de 200 años.
Prestigiosas organizaciones y calificadoras internacionales consideran a Costa Rica, junto con Canadá, Chile y Uruguay, como parte de las únicas democracias plenas en las Américas, y nos ubican entre un selecto grupo (tan solo el 14 %) de las democracias en esa misma categoría en el mundo.
Su trayectoria democrática, la solidez de su Estado de derecho y el respeto a las libertades civiles y los derechos humanos son internacionalmente reconocidos, y es un logro del que los costarricense, desde hace varias décadas, nos sentimos orgullosos.
El 14 de junio de este año, durante un evento en La Fortuna de San Carlos, el presidente de la República manifestó que Costa Rica lleva 75 años “en la dictadura perfecta”. Es decir, equiparó a Costa Rica con países como Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros, donde la ciudadanía no elige libremente a sus gobernantes, donde existen presos políticos, donde no hay libertad económica, donde la libertad de expresión se castiga, entre muchas otras condiciones de represión que avergüenzan a la humanidad.
Este tipo de declaraciones deben rechazarse. Por esta razón, publicamos este comunicado. Lo hacemos para defender la verdad histórica, hacer justicia a las luchas republicanas y democráticas de nuestros antepasados, apelar a la conciencia ciudadana sobre el inmenso valor de nuestras instituciones democráticas de toma de decisiones y de control, y proteger el asentado prestigio internacional de la democracia costarricense.
Tenemos claro que las democracias son imperfectas, que la tarea de mejorarla es permanente y que su consolidación será siempre una tarea inacabada. Al igual que otras democracias del mundo, tanto antiguas como nuevas, la nuestra es imperfecta y, a lo largo de la historia, gobiernos de distintos colores políticos han cometido errores.
Pero también es cierto que, al apegarse en su actuar a las normas democráticas y al Estado de derecho, esos errores han sido debatidos públicamente, se han sometido al escrutinio ciudadano y de los órganos de control, y se han tomado medidas correctivas.
Por supuesto que nuestra democracia arrastra deudas con la ciudadanía. Tal y como sucede con la inseguridad ciudadana y el exponencial crecimiento de la violencia homicida, de los feminicidios y los asaltos, con la carencia de infraestructura, con las deficiencias en la educación pública y con el debilitamiento de los programas sociales.
También, con los miles de familias a las que se les raciona el agua y que corren el riesgo de sufrir igual suerte con la electricidad. Pero, a la vez, es mucho lo que hemos avanzado en estos últimos 75 años en la protección y la promoción de los derechos humanos, en la igualdad de género, en la reducción de la mortalidad infantil, en el aumento de la expectativa de vida, en la recuperación de los bosques y la protección de la biodiversidad, en la diversificación productiva, en la interconexión con el mundo y en el acceso a la tecnología. En algunas de estas áreas incluso estamos a la vanguardia entre las naciones del mundo.
Somos conscientes de que falta mucho, muchísimo por hacer para mejorar la calidad de vida ciudadana y seguir fortaleciendo nuestra gobernabilidad, pero la única vía para seguir construyendo un país más próspero e inclusivo es apegándose a nuestros valores democráticos y perfeccionando las instituciones que hasta ahora nos han garantizado la transición ordenada del poder, el ejercicio de la autoridad en beneficio de las mayorías y una convivencia política y social mayormente pacífica.
Desconocer lo mejor de nuestra historia y alterar la verdad de los hechos no solo impedirá resolver los problemas que aún arrastramos, sino que los agravará. Además, nos hace perder tiempo valioso cuando lo que deberíamos estar es tendiendo puentes y buscando acuerdos amplios y eficaces.
Lo que se impone es deponer las banderas partidistas y evitar los ataques, las descalificaciones a importantes órganos del Estado y, sobre todo, la construcción de una peligrosa narrativa que tergiversa burdamente nuestra historia institucional, la cual ha sido forjada en los mejores valores por muchas generaciones de costarricenses. Costa Rica es, y debemos trabajar por que siga siéndolo, una verdadera democracia.
Oscar Arias Sánchez, presidente de 1986 a 1990 y del 2006 al 2010.
Rafael Ángel Calderón Fournier, presidente de 1990 a 1994.
José María Figueres, presidente de 1994 a 1998.
Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, presidente de 1998 al 2002.
Abel Pacheco de la Espriella, presidente del 2002 al 2006.
Laura Chinchilla Miranda, presidenta del 2010 al 2014.
Luis Guillermo Solís Rivera, presidente del 2014 al 2018.
Carlos Alvarado Quesada, presidente del 2018 al 2022.
