Escoja un diputado maicero, déle una idea corronga que se financia con la entrega de un monopolio a unos pobrecitos. De inmediato, se la aprobará, y con sus congéneres, que son mayoría, la hará ley sin pensar en sus repercusiones, porque en sus horizontes sólo cabe el cálculo de pulpería del beneficio para los pobrecitos y la utilidad demagógica personal de la medida. Si el paso conviene o no al servicio público, que es lo único que debiera considerar --y que es lo verdaderamente político, porque al final lo que importa y lo que gana votos es el buen gobierno y no las buenas movidas-- no se toma en cuenta. Mucho menos cuenta la prohibición constitucional que impide entregar un monopolio a particulares, porque eso son "varas de abogados", y lo que importa, en el teatro de las apariencias donde actúan, es el "logro" como golpe político inmediato.
El favor del pobrecito, he ahí el gran truco que justifica cualquier cosa y que hace desaparecer el sentido normal del bien público. Bajo su manto mágico caen todas las resistencias y nadie se atreve a oponerse --siempre que las consecuencias caigan sobre el bolsillo de otros-- de modo que la fórmula es infalible. Alegue el bienestar de algún pobrecito, y podrá hacer cualquier cosa, no porque a la nueva clase política le interese verdaderamente dicho bienestar, sino porque le interesa aparentarlo.
De esto fue víctima el servicio público de administración de justicia. La transparencia del sistema y la buena marcha de sus mecanismos requiere que las partes y sus abogados tengan una copia constantemente actualizada del expediente para que puedan revisar su marcha correcta, pedir que se corrijan los errores y contestar con prontitud los argumentos de la contraparte. De esta manera, por un proceso de depuración y control recíproco, el caso se falla de la mejor manera y el servicio público cumple su cometido de resolver justamente y en la mejor forma los conflictos. Lo que, si se cumple, permite que el Estado asuma ante el cuerpo social su función esencial de dictar justicia imparcial y civilizada, fundamental para el avance de la sociedad.
Hasta hace unos diez años las copias se obtenían de inmediato y con facilidad, en régimen de libre competencia. En cada tribunal, los mismos empleados ponían fotocopiadoras al servicio del público y las atendían con gran interés, en desarrollo de una obligación que de siempre les había impuesto la ley, o el interesado tenía otras opciones, ya que nadie tenía el privilegio exclusivo. Hasta que un mal día a alguien se le ocurrió que la exclusividad de esas copias se le podía dar a una asociación de lisiados para "que se ayudara", e hizo ley la ocurrencia mediante el proceso visto anteriormente. Hasta ahí llegó el servicio porque esos señores no podían estar en todas partes y a todas horas, y los tribunales tuvieron que establecer un complicado picadillo de horarios, variables para cada localidad y oficina, de modo que la obtención de una fotocopia se convirtió en una montaña de complicaciones, y se interpuso una espesa pared de dificultades en algo tan simple, pero tan fundamental como el control del expediente. Estas cuestiones secundarias --cuya importancia instrumental consisten en que marchen bien-- disminuyeron así de manera eficaz la buena marcha de los tribunales, por sí mismas y por su repercusión en el sistema.
Nadie se opone a que el tesoro público auxilie a los lisiados que realmente lo necesiten, con la riqueza que genera el trabajo de los sanos, o en cualquier otra forma lícita que no resulte más cara para el cuerpo social que la entrega directa de un auxilio. A lo que nos oponemos, porque es absurdo, es que se haga a costa de la lesión de un servicio público, al que se priva de un mecanismo importante que se transforma en un negocio ilícito y pichicato que les impide a los sanos producir la riqueza de la que se podrían mantener los lisiados. Aparte de que la ley en ningún caso puede entregar un monopolio a un interés privado, porque se lo prohíbe la Constitución.
El anterior es un buen ejemplo de cómo afecta a los servicios públicos la pérdida del sentido de su misión, y supeditarlos a intereses distintos del mejor servicio a sus usuarios y al interés público, que es su centro de gravedad natural. De esta manera, los servicios públicos deben parte de su decadencia exclusivamente a decisiones erradas, de la ley o de sus jerarcas: funcionan mal porque se piensa mal. Porque la legislación es el software que mueve a la maquinaria, y si este es malo, el resultado necesariamente lo será.
Distorsión de los fines, pérdida del sentido de totalidad, apoderamiento por la demagogia, en este y en otros casos, son causas parciales de una decadencia que la mayoría domesticada contempla con impasibilidad bovina.
