A finales del siglo XIX, San José era, conjuntamente con París y Nueva York, la tercera ciudad con alumbrado eléctrico del planeta, contaba con un ferrocarril al Caribe cuando esa tecnología era de avanzada, como lo es hoy en día el transbordador de la NASA y había levantado el Teatro Nacional, una copia en pequeño de la Ópera de París. A mediados del siglo XX, Costa Rica había conquistado una avanzada legislación social y gracias a la nacionalización bancaria y las empresas públicas como la CCSS y el ICE, daba pasos de gigante en el desarrollo, disparando su producto interno bruto y el ingreso per cápita nacional.
¿Por qué hoy, en los umbrales del siglo XXI, hemos perdido ese impulso creativo y rumbo nacional y nos encontramos frente a un deterioro creciente de la seguridad, con las peores carreteras, muelles y aeropuerto de la región, carecemos de una visión de futuro y de una opinión pública activa, al mismo tiempo que no hemos sido capaces ni siquiera de señalizar, como los otros países centroamericanos nuestras principales calles y avenidas?
No se trata de añorar una edad de oro perdida pues siempre se “cocieron habas”, basta recordar que del préstamo inglés para la construcción del ferrocarril solo ingresó un tercio a las arcas públicas y que nos llevó casi un siglo pagarlo. La diferencia con nuestros tiempos está en que las inversiones se hacían con base en proyectos nacionales; y aunque podían “desviarse” recursos, pocos podían hacerlo.
Reformas de los 80 y 90. ¿Por qué ahora no ha habido reformas institucionales de fondo a pesar de que tenemos un capital profesional y humano como nunca antes en nuestra historia?
Los ajustes estructurales, principal mecanismos de cambio utilizado apostaron al mercado, como palanca de transformación. La “sociología”, tal como la concibieron los “reformadores”, se limitaba a dos categorías: las de “ganadores” y “perdedores”. Esta, por una parte, desató una guerra sin moral entre candidatos a ganadores. Y por otra pretendió resolver la pobreza generada por los ajustes con la teoría del “derrame” de riqueza excedente sobre los afectados. Lo que se produjo en la práctica fue una lucha sin reparos que erosionó la institucionalidad, mayor desigualdad y un clientelismo generador de pasividad y dependencia que contribuyó a debilitar la fibra ciudadana. La reforma institucional, por su parte, se reducía a la privatización indiscriminada de lo público.
Gestión ineficiente. En este contexto predominaron los intereses particulares de los grupos de poder. Los proyectos fueron de interés en tanto dejan comisiones y poder a los feudos, no interesaba su aporte al sistema. Un ejemplo extremo de esta desviación han sido los famosos casos de los “prestamos” finlandés y español. Simultáneamente se impulsó la atomización del Estado entre un número cada vez más numeroso de instituciones públicas y semiprivadas como lo ha detallado el Informe Estado de La Nación , que en la práctica son difíciles de controlar.
Este modus operandi ha contribuido a volver cada vez más ineficiente la gestión y más caras las obras públicas indispensables por los “peajes” que exigen los dueños de feudos políticos. Los partidos fortalecieron la relación simbiótica con los empresarios rentistas, para obtener beneficios fáciles, al mismo tiempo que fortalecieron el tutelaje sobre las organizaciones de la sociedad civil. De tal manera que el Estado ha ido perdiendo progresivamente su sentido como empresa de servicio público y se ha debilitado la ciudadanía.
Los medios de comunicación, especialmente la radio y TV, fuera de honrosas excepciones, han estado interesados solo en aumentar su audiencia. Para esto prefieren concentrase en manipular los temores y deseos de la gente, destacando crímenes y pasarelas. Entrevistan a los jerarcas institucionales, pero a no a quienes realmente saben. No educan, como es su función, difundiendo las mejores prácticas empresariales e institucionales existentes que podrían perfilar soluciones sectoriales o regionales.
Cultura rural y urbana, y deterioro de la educación. La reducción de la población campesina pasa por la crisis del minifundio en el campo, lo que tiene implicaciones sobre sus valores y cultura. La corrupción creciente contribuye al surgimiento de una intelectualidad acomodaticia y pasiva, carente de ideales compartidos, de disciplina y dominio personal en función de un proyecto colectivo. Una intelectualidad cuyo comportamiento se expresa en la historia de las “langostas ticas”, contada por José Fco. Echeverría, donde el balde de langostas ticas se diferencia de las de otras nacionalidades por no necesitar tapa pues a las que tratan de salirse son haladas de regreso por las de abajo. Un clima de igualitarismo chato donde pululan “proyectos”, tipo “confeti”, pero donde son escasas las propuestas nacionales; que destila impotencia incluso frente a tareas relativamente sencillas.
¿Existen reservas ciudadanas? ¿Pero es que se perdió la capacidad proactiva del costarricense? Pienso que no, existen amplios sectores con fibra ciudadana pero están confundidos. Carecen de un liderazgo actualizado y son manipulados con propuestas moralistas de control de procedimientos y personas, aparentemente muy radicales, pero que no son efectivas ya que por su tamaño, las instituciones públicas requieren de controles de resultados.
En otras palabras, necesitamos de una reforma que responda a una visión de país operativa, acorde con la época, y contribuya a integrar los proyectos personales, como un haz de voluntades alredor del proyecto país. Que sea solidaria al mismo tiempo que estimule la tensión del arco creativo ciudadano, generando capacidades y autonomías.
Reformas claves y presión sobre los políticos. Hay medidas que deben tomarse para modernizar la institucionalidad y evitar una colisión violenta con la realidad: En primer lugar hacer que se cumpla el artículo 11 de la Constitución, que demanda rendición de cuentas por resultados con responsabilidad personal, lo que implicaría la revocatoria del cargo mediante un procedimiento ágil. Este es un punto de apalancamiento estratégico, congruente con las directrices de la moderna administración, que pondría en marcha una gran cantidad de reformas normativas imprescindibles. Desde luego es imprescindible también una regionalización actualizada, para facilitar la descentralización y el control local ciudadano, sin el cual no puede funcionar el Estado moderno.
¿Podremos superar estas limitaciones? Es posible y urgente, aunque no parece muy probable, se requiere de alianzas políticas incluyentes alrededor de un proyecto país que tensen el arco creativo nacional. Esto será probable en el mediano plazo solo si la sociedad civil condiciona su apoyo y voto a propuestas de reforma institucional que cimienten el control ciudadano sobre los programas de gobierno y gestión pública. De otra forma, continuaremos en ruta de colisión.