En octubre, el ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, celebró que la proporción de estudiantes que dejaron las aulas durante el curso lectivo 2026 bajara al 0,1% en primaria y a menos de 1% en secundaria, educación técnica y educación especial. En total, fueron menos de 10.000 estudiantes.
A principios de noviembre, la Unidad para la Permanencia, Reinserción y Éxito Educativo (UPRE) presentó el trabajo que hizo junto con las direcciones regionales para lograr esa baja y conseguir que, además, unas 6.000 personas que habían dejado las aulas retomaran sus estudios.
Es un logro que merece reconocimiento. Sin embargo, como sociedad, no podemos quedarnos ahí. Debemos hacernos una pregunta más amplia: ¿a quiénes sigue dejando fuera la educación costarricense?
El indicador que celebró el ministro registra a quienes se matricularon y dejaron de asistir durante el curso lectivo. La inclusión educativa, en el sentido que le da la Unesco, exige ofrecer una educación de calidad que responda a las distintas necesidades del estudiantado y elimine las barreras que dificultan su aprendizaje. Dicho de otra manera, el colegio debería permitirle a cada joven imaginar un futuro digno y darle herramientas para construirlo.
Según la Encuesta Nacional de Hogares de 2025, cerca de 27.000 adolescentes de entre 13 y 17 años –alrededor del 7%– no asistían a la educación formal. En la región Huetar Norte, la proporción llegaba al 12,3%. Cabe preguntarnos cuántos de estos 27.000 no asisten por voluntad propia (como sugiere la categoría “no asiste” de la encuesta) o si, más bien, la distancia al centro educativo, la falta de beca u otros recursos, la falta de apoyo dentro o fuera del hogar y del centro educativo están en la raíz de esta “inasistencia”. Si las barreras son distintas, también tendrán que serlo las respuestas.
La misma encuesta revela que el 51% de las personas de 18 a 24 años no había completado la secundaria. Son jóvenes que hace apenas unos años todavía estaban en clases –o tenían que haber estado– y se fueron sin graduarse. O algunos tal vez están repitiendo aún.
Por otro lado, permanecer en las aulas no es garantía de recibir una educación de calidad. Según un estudio de la Universidad Nacional, el 89% del estudiantado evaluado en los últimos años de secundaria no alcanzó el nivel esperado de comprensión lectora.
Las pruebas PISA también muestran rezagos en matemáticas. A esto se suma el acceso desigual a la tecnología. Solo el 34% de los centros educativos dispone de la conexión de banda ancha mínima requerida, y el 12,5% de los hogares carece de Internet. ¿Qué posibilidades tiene de ponerse al día quien pierde lecciones porque falta un docente y tampoco puede conectarse desde su casa?
Incluso con el título de secundaria en la mano, las oportunidades siguen siendo desiguales. Una persona puede tener la preparación y las ganas de ir a la universidad y quedarse fuera porque no consiguió una beca. Otra puede pasar años asistiendo a clases mientras trabaja para sostener a su familia, con el tiempo de estudio que le quede al final del día. Ambas experiencias deberían pesar cuando hablamos de una educación que incluye.
Una educación verdaderamente inclusiva empieza por mirar de frente todas las formas de exclusión. Y solo podremos derribarlas cuando reconozcamos qué barreras impiden a las personas jóvenes estudiar, aprender y graduarse.
A quienes podemos organizarnos y participar en el debate público, nos toca abrir espacio a las voces de las personas jóvenes y sus familias, sobre todo allí donde las barreras son mayores. Escucharlas puede cambiar las preguntas que hacemos y las decisiones que tomamos.
De esas decisiones depende que, para más jóvenes, la educación sea una vía para ampliar sus oportunidades y salir de la pobreza.
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Linda de Donder es la directora de la Fundación Tejedores de Sueños.
