El instrumento legislativo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua –que conserva el nombre de la época democrática, Asamblea Nacional, aunque ya no es un poder del Estado–, está completando una ronda de falsas consultas sobre la nueva reforma constitucional totalitaria.
Como se sabe, esa reforma será aprobada formalmente en setiembre próximo, con el objetivo de abolir las elecciones libres y competitivas y el derecho de la oposición a aspirar a la toma del poder por la vía electoral.
Para esas reuniones falsamente consultivas, los operadores legislativos de la dictadura han reunido a representantes de distintos sectores, oficialistas e independientes, incluyendo a diplomáticos y representantes de organismos internacionales, empresarios y banqueros.
En unos casos, las reuniones de falsa consulta han sido de “sí señor”, y en otros, de prudente mutismo, pues nadie se atreve a hacer propuestas propias y mucho menos a oponerse a una reforma constitucional que ya ha sido aprobada de antemano por los mismos que la maquinaron, o sea, los codictadores Ortega y Murillo que imponen su voluntad de manera absoluta.
Ese es el “procedimiento legislativo” de la dictadura.
La doctora en Derecho Político por la Universidad Complutense de Madrid, María Asunción García Martínez, en su libro titulado El procedimiento legislativo, lo define como “el conjunto de pasos y actos formales que realiza el órgano parlamentario para crear, reformar o derogar una ley. Este ciclo normativo garantiza el debate público y la validez legal de las normas mediante fases sucesivas perfectamente delimitadas”.
Explica la erudita jurídica española que “el procedimiento legislativo no es solo una exigencia técnica o un elemento formal del acto jurídico”. Su objetivo es prever y garantizar “la intervención y participación de los ciudadanos interesados en la actividad concreta de los poderes públicos…”. Esto, con el fin de que la ley aprobada (todas las leyes, incluyendo las constitucionales) represente no solo el interés del Estado y los gobernantes, sino también y, sobre todo, de los ciudadanos que la tendrán que acatar, o beneficiarse con ella si tal fuese el caso.
Pero la doctora García Martínez se refiere al procedimiento legislativo democrático. Porque también hay uno que no es democrático, que es autoritario e inclusive totalitario. Pues hasta las peores dictaduras aprueban leyes constitucionales y ordinarias para detentar el poder, o sea, retener lo que en razón de justicia y derecho no les pertenece, pero lo usurpan por medio de la fuerza.
El procedimiento legislativo de la dictadura (sea la de Nicaragua, Cuba, China o Corea del Norte) se basa en la concentración y centralización del poder por parte de un caudillo, una camarilla, un partido o una pareja conyugal y su núcleo familiar, como es el caso nicaragüense actualmente.
En la dictadura, el instrumento legislativo aparenta elaborar las leyes, pero en realidad solo aprueba y confirma lo que le mandan “desde arriba”. Los partidos de verdadera oposición están prohibidos, no hay un debate real de las leyes, solo un monólogo y una demostración de obediencia absoluta.
De manera que la “consulta” de la nueva reforma constitucional no ha sido un debate técnico, ni una negociación de intereses sectoriales y, mucho menos, un ejercicio de soberanía popular. Solo es un acto de ratificación y una muestra de falso consenso público con una decisión previamente aprobada.
Una ley dictada de esa manera, aunque la llamen constitucional, no es democrática y, por lo tanto, tampoco es digna de ser acatada voluntariamente por los ciudadanos. Por eso, cuando se produzca el cambio democrático –que inevitablemente se producirá, tarde o temprano–, tendrá que ser abolida por quienes han de conducir la nueva transición a la democracia.