Como productor de leche de la zona de Los Santos, escribo con la urgencia de quien ve amenazado su modo de vida y el de miles de familias costarricenses. No pido un blindaje eterno: solo que se entienda cuánto está en juego y se negocie con esa magnitud en mente.
Cada colón que se demanda a la industria láctea genera ¢2,54 de producción en el resto del país. No es un sector marginal: es tejido social y económico en cada cantón lechero, de San Carlos a Coto Brus, donde una finca viable significa una familia arraigada en su comunidad.
Debilitar la lechería no solo destruye empleo agropecuario: empuja a esas familias hacia la ya saturada Gran Área Metropolitana.
Ese tejido ya ha resistido golpes severos. En enero de 2025 se completó la desgravación arancelaria total del CAFTA-DR: los lácteos estadounidenses entran libres de arancel, las importaciones desde Estados Unidos crecieron 56% solo en 2024 hasta abastecer el 84% del queso importado. El superávit comercial del sector, que llegó a $104 millones en 2014, se desplomó a apenas $40 millones en 2025, arrastrado casi por completo por un déficit de más de $58 millones solo en queso.
A esto se suma el cambio climático: la sequía de El Niño 2023-2024 golpeó Guanacaste y la zona norte, encareció la alimentación del hato y provocó una caída de 7,7% en la producción nacional. Este año enfrentamos un nuevo fenómeno, tan fuerte que algunos lo llaman el Súper Niño.
A esa fatiga climática se añade la cambiaria. La fuerte apreciación del colón frente al dólar –que economistas ya señalan como un factor que erosiona la competitividad de todo el sector agroexportador– golpea la lechería en las dos direcciones equivocadas: abarata los lácteos importados que compiten con nuestra producción y, a la vez, encarece en términos relativos cualquier esfuerzo por colocar nuestros productos en el exterior. El alivio que ese mismo tipo de cambio da en los insumos importados no alcanza a compensar el daño.
En ese contexto de fatiga estructural llega el Acuerdo Transpacífico. El sector pidió, sin éxito, la exclusión total de los lácteos, algo que sí lograron México y Canadá en sus tratados bilaterales con Costa Rica. La mayoría de rubros se desgravaría en 5 o 10 años, pero los más sensibles (quesos y leche en polvo entera) quedaron con contingentes de apenas 380 y 320 toneladas que se abren en 12 a 13 años, y la acumulación de origen permitirá que leche neozelandesa procesada en el bloque entre con preferencia arancelaria.
La amenaza no es hipotética: Nueva Zelanda produce 18 veces más leche que Costa Rica, controla el 26% del comercio mundial lácteo y paga a su productor 56% menos por litro que aquí. Sin arancel, su leche en polvo cuesta ¢196 por kilo equivalente en leche fluida, frente a ¢321 con la protección actual: una brecha que ninguna finca costarricense puede cerrar pronto.
No partimos de cero: contamos con un cooperativismo industrial maduro, genética de hato mejorada por décadas y un estatus sanitario reconocido internacionalmente, la llave de acceso a los mercados más exigentes. Sumamos, además, sistemas silvopastoriles y compromisos de carbono neutralidad, una ventaja ambiental que pocos competidores igualan.
Nadie en el sector se opone a competir. Sabemos que nuestro precio al productor supera el promedio mundial, lo que explica en parte el precio al consumidor. Pero competir supone reglas parejas y aquí no las hay: enfrentamos economías de escala, apoyos estatales y costos estructurales –la alimentación importada llega a representar 45% del costo de producción– que ninguna eficiencia de finca compensa en pocos años.
Costa Rica puede y debe negociar la exclusión de los lácteos de este tratado. A los(as) diputados(as) que emitirán el voto definitivo: lo que está en juego no es solo un mercado, sino la permanencia de miles de familias productoras, el empleo rural y la soberanía alimentaria del país. Les pido sopesar esta evidencia con la seriedad que merece.
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Manuel Ossenbach Sauter es productor de leche en la zona de Los Santos.
