Fui parte del grupo de expertos que asesoraron al presidente de la República en relación con el proceso de referéndum que se ha puesto en marcha. Creí que este dato se mantendría en privado, pero, dado que Otto Guevara, otro de los asesores, hizo pública la lista, me veo en la necesidad de explicar cuál fue mi posición en algunos temas.
Antes, debo indicar que fue un honor servir al presidente; siento que lo hago por la patria, y ahí me tendrá cuantas veces lo requiera. En otros países llaman a los ciudadanos a servir en un ejército; en Costa Rica, para que aportemos alguna idea a favor del bien común.
En esencia, estas fueron algunas de mis posiciones, que, por cierto, constan por escrito:
1. Es inconstitucional pretender disminuir o eliminar la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.
2. Es inconstitucional pretender eliminar o debilitar el principio de eficiencia y eficacia que le corresponde fiscalizar a la Contraloría General de la República.
3. No me parece que los asuntos sometidos a referéndum tengan la suficiente jerarquía para el movimiento ciudadano y el costo que, en todo sentido, implica una consulta de este tipo.
4. Es inconstitucional debilitar por la vía legal la autonomía funcional y administrativa de la Contraloría General de la República.
5. No se puede eliminar —aunque lo considero un adefesio jurídico— el refrendo contralor por la vía legal, dado que es un precepto de origen constitucional.
6. Se debe prohibir, de forma expresa, a la Contraloría General de la República ejercer funciones de administración activa o emitir criterios de oportunidad y necesidad política.
7. Es inconveniente denominar la ley sometida a consulta “jaguar”; en su lugar, debió buscarse un nombre técnico y conexo con el contenido del proyecto.
También dejé por escrito ante el grupo asesor del presidente que la eficiencia y la eficacia en la Administración Pública están estrechamente ligadas con la transparencia y la rendición de cuentas.
No solo se trata de construir un hospital, un puente o una escuela. En el ADN constitucional de la Contraloría General de la República se encuentra garantizar que la ejecución de dichas obras responda a los más rigurosos criterios de eficiencia y eficacia. El dinero del pueblo no se puede desperdiciar.
No sobra decir, señor presidente, que acudiré a su llamado cuantas veces requiera de mis servicios. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. No podemos continuar posponiendo la modernización del Estado. El asunto de fondo es unirnos para sacar adelante a Costa Rica.
El autor es abogado constitucionalista y fue contralor de la República.
