En el libro Mi Tierra Nativa (1917), el periodista Francisco María Núñez describe el entorno social, político y geográfico de diferentes villas del cantón josefino de Desamparados (antiguamente Dos Cercas). Describe su historia, la topografía de sus caseríos, ubicación de casas y linderos. Poblados entonces agrícolas; hoy, ciudades populosas.
Tras la independencia de Costa Rica las “villas” quedaron bajo la administración del Municipio de San José. Fue hasta 1877 cuando se fundó como municipalidad aparte. Al principio, San José designaba a un “juez de Paz”, quien era la autoridad del enorme cantón, que incluía Aserrí, Tarrazú y Curridabat, entre otros.
A pesar de ser una autoridad política, el nombre evoca arbitraje y concordia entre partes, lo que evidencia el arraigo pacífico de la sociedad. Fiel a nuestra vocación democrática, a partir de 1851 este puesto comenzó a ser designado por elección popular.
Un aporte valioso del autor fue transcribir actas de la Municipalidad de San José a partir de 1836, y de la Municipalidad de Desamparados a partir de 1877. Hoy, su trabajo es un tesoro, pues visualizamos la cotidianeidad de sus problemas y soluciones. Todas esas actas se perdieron, lo que revalora el trabajo de don Francisco. Curiosamente, en ellas se relatan situaciones que aún hoy seguimos enfrentando.
En aquella Costa Rica donde la institucionalidad era precaria, sus moradores tenían que coadyuvar en la solución de sus problemas, bajo la tutela del Juez de Paz o la alcaldía. Por supuesto, la situación demográfica era otra. Para 1915, el cantón se componía de seis distritos, y la más importante, Villa de Desamparados, apenas tenía 2.088 habitantes (página 18).
Repasando las actas municipales, descubrimos que los problemas tenían que ver con educación, salud, servicios públicos, infraestructura, corrupción, fiscalidad e incluso medio ambiente. ¿Suena conocido?
En efecto, casi dos siglos después, arrastramos los mismos problemas. Los ejemplos hablan por sí solos.
Acta 71, 6 de marzo de 1866. “Acaban de darme aviso que no se han cumplido las órdenes que esta Gobernación ha dado para la remisión diaria de peones a los trabajos de la Carretera Nacional, y como de semejante falta puede ocurrir una responsabilidad, pues si entra el invierno indudablemente se interrumpe el tránsito entre esta ciudad y Cartago, por no haber hecho en tiempo el relleno de puentes, es indispensable que usted active el envío de peones, mandando por lo menos cuatro de cada barrio, diariamente”.
(Nota: El eterno reto de mantener las vías durante el invierno. Pero entonces no había Ministerio de Obras Públicas, o su alcance era muy limitado. A los vecinos no les quedaba otra opción: o sacaban sus palas voluntariamente o por mandato de autoridad).
Acta 134, 25 de mayo de 1866. “Ordene usted inmediatamente a don J. Francisco Fernández que le entregue la suma de 218 pesos y dos reales, en poder de él como parte del producto de la venta de orillas de calle que hizo cuando fue Jefe Político, quedando ya rebajada la suma de 77 pesos y seis reales que el Sr. Fernández dice haber invertido en un puente, sobre todo lo cual se resolverá lo conveniente cuando se practique una liquidación”.
Art. V, 1.° de octubre de 1867. “Se acordó que el Tesorero General de Fondos, don Julián Carazo, devuelva al Tesorero de Desamparados, don Manuel Monge, la suma de cuarenta pesos que enteró de más”.
(Nota: Resalta la inexistencia, o quizá debilidad, de controles adecuados en el manejo de la tesorería, lo que daba margen a que algunos dineros se perdieran de camino. Hoy seguimos padeciendo de problemas de tesorería, pese a contar con sofisticados procedimientos).
Art. VIII, 3 de agosto de 1866. “Se impuso la Municipalidad de una nota de varios vecinos de Desamparados, en que solicitan que se evite la destrucción de bosques en el “Común” de aquel vecindario. Se acordó pedir informes al Jefe Político de dicho barrio sobre el particular”.
Acta 764, 31 de diciembre de 1868. “Le ordena impedir la tala de árboles en las montañas de Aserrí y La Legua, imponiendo multa a los contravenientes”.
(Nota: Aunque no existían estudios medioambientales ni un ministerio para tal fin, el sentido común surgía; la comunidad mostraba interés y beligerancia en su defensa).
Acta 458, 30 de abril de 1869. “No habiendo recibido la fianza de ley los taquilleros Manuel Monge y Alejandro Escalante, de esa Villa, y Marcos Valverde, de Aserrí, ordena cerrar sus establecimientos”.
(Nota: Las taquillas son antecesoras de las cantinas. Aunque venidas a menos, aún las tenemos, y también son clausuradas cuando no cumplen el pago de impuestos nacionales o municipales).
1.° de febrero de 1877. “Se acuerda votar la suma de 205 pesos, para cuando hubiere fondos, a fin de comprar los útiles necesarios para la escuela”. “Siendo innecesario, por el estado de sanidad de la población, las visitas del Dr. O. Liervy, y por la escasez de fondos, se acuerda suprimir la subvención de ese empleado”.
(Nota: En la primera parte, sorprende que desde aquella época teníamos la costumbre de aprobar presupuestos sin contenido. Y en la segunda, también por falta de presupuesto, se rescindían los servicios médicos. Lo que parece demagógico es la afirmación de que eran “innecesarios” por la buena salud de los habitantes. Cuesta creerlo).
6 de enero de 1878. “Don Antolín Gamboa y don Juan Monge dan informe desfavorable respecto a los exámenes que presenciaron como delegados de la Municipalidad en las escuelas de San Antonio, San Rafael y San Juan de Dios, y en vista de lo cual se acuerda: declarar vacantes todas las escuelas hasta el 15 de marzo, en cuyo lapso el Inspector de Escuelas oirá a opositores que quieran hacerse cargo de ellas siempre que, con las credenciales del caso, rindan el examen de ley a fin de ser aceptados”.
5 de diciembre de 1880. “En vista de la ineptitud y falta de conocimientos profesionales de algunas personas que ocupan puestos en la enseñanza, se dispone que en el curso siguiente, todos los aspirantes a una plaza deben rendir un examen de competencia ante el señor Inspector Provisional”.
(Nota: He aquí una muestra de rigor y compromiso con la calidad educativa. También, el ejemplo de cuando la educación era un asunto municipal y de atención directa).
1.° de mayo de 1880. Artículo V. “Se consigna informe referente a la petición de los vecinos de Aserrí, largo y bien razonado, que, entre otras cosas, dice: que está de acuerdo con la supresión de la Alcaldía de Aserrí, como lo piden dichos vecinos, por la carencia de personas aptas para el desempeño de esas funciones y lo difícil de conseguir personas vecinas de otros pueblos, sin la debida remuneración”.
(Nota: Una comunidad que, quizá decepcionada, toma una decisión extrema: ¡que se vayan todos! Dudo que la petición de los vecinos haya prosperado, pero el solo hecho de su valiente solicitud tal vez hizo mella en aquellos representantes municipales).
Más allá del valor histórico del libro, este demuestra que, a nivel estatal o comunal, los problemas son un reto permanente. Pueden darse avances, pero no soluciones perfectas. Prometer soluciones definitivas es demagogia, y creerlo, una ingenuidad.
También muestra que, a pesar de la sencillez de las sociedades y sus estructuras políticas, nuestros ancestros, poseían desde entonces una vocación democrática y un apego al Estado de derecho como forma de atender sus problemas y conflictos.
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Víctor Chacón Rodríguez: es economista y director ejecutivo de la Cámara de Fondos de Inversión, director del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, director de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, miembro del comité de auditoría interna de la Fedefútbol y autor de artículos en ‘La Nación’, ‘El Financiero’, ‘Diario Extra’ y ‘Semanario Universidad’.
