En Jiménez, Cartago, los camiones recolectores ya no están pasando. Los vecinos, sin opciones, improvisan soluciones como pueden. En Limón, un camión con residuos fue devuelto por no cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud. No se trata de hechos aislados: son síntomas de un sistema agónico y desarticulado.
Desde mayo, el país vive bajo un nuevo marco normativo: el Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios, impulsado por el Ministerio de Salud. En teoría, busca ordenar y territorializar la gestión de residuos. En la práctica, ha dejado a muchas municipalidades sin sitios autorizados a los que llevar sus residuos, debido a restricciones de distancia que no responden a la infraestructura disponible ni a la realidad operativa de muchos cantones.
El reglamento establece un límite máximo de 80 kilómetros desde el punto más alejado del cantón hasta el sitio de disposición final. Si no se cumple con esa distancia, el reglamento obliga a usar estaciones de transferencia y coordinar con otros gobiernos locales. También impone sanciones: órdenes sanitarias, multas y hasta decomiso de vehículos si se trasladan residuos fuera de la región autorizada sin justificación. Pero ¿qué sucede cuando esos centros no existen aún o no tienen capacidad? ¿Qué opciones reales tienen los municipios que están al margen del mapa, lejos de los rellenos sanitarios actualmente en operación?
Lo cierto es que el sistema entero tambalea, los ingredientes para la tormenta perfecta están alineados. Uruka, el principal parque ambiental del país, reportó en el 2024 que apenas le quedaban unos meses de vida útil. Aczarrí, el segundo relleno sanitario más relevante, redujo su proyección a 3,5 años. Las alternativas para atender a los más de 5 millones de personas que generan residuos cada día son, a todas luces, insuficientes. Mientras tanto, ninguna municipalidad levanta la mano para autorizar nuevos sitios de disposición final en su territorio. Todos generamos residuos, pero nadie los quiere cerca.
Estamos al borde de una crisis operativa, ambiental y sanitaria sin precedentes. Y, sin embargo, seguimos discutiendo desde la trinchera, como si hubiera tiempo de sobra, cuando lo cierto es que el país necesita con urgencia coordinación y visión; que municipalidades y Ministerio de Salud se sienten a la mesa con voluntad de colaborar, sin agendas propias ni posiciones inflexibles. Este es un momento para actuar con madurez y responsabilidad.
La gestión de residuos no puede seguir siendo una carga desigual, mal distribuida entre gobiernos locales sin recursos suficientes. Tampoco puede dejarse sujeta a interpretaciones de escritorio que ignoran lo que pasa en los territorios. Es hora de una política nacional articulada, en la que el enfoque no sea castigar a quien no cumple, sino habilitar caminos e incentivos para que todas las partes puedan hacerlo.
Ser proactivos ya no es una aspiración: es una obligación. Necesitamos impulsar con urgencia nuevas plantas de disposición final, fortalecer la valorización de materiales reciclables y orgánicos, reconocer y dignificar el trabajo de las personas recicladoras de base, y avanzar decididamente con la responsabilidad extendida del productor.
Más del 80 % de los residuos que hoy llegan a los rellenos pueden ser aprovechados. Sin embargo, cada día seguimos enterrando recursos y oportunidades, y lo más grave: jugando con la salud pública.
La historia de Jiménez podría repetirse mañana en cualquier otra comunidad. Y, entonces, el problema dejará de ser técnico o político: será humano, será ambiental y será incontrolable. Costa Rica merece más que parches o culpables: merece acuerdos y decisiones basadas en la realidad.
Adrián Castro es vicepresidente de la Cámara de Gestores Ambientales (Camgesa).
