Me parece muy sano empezar por señalar esta relación causal, pero no permanecer en ella, ya que existe una causa sistémica que la sostiene y que genera el colapso progresivo del todo el aparato institucional.
El clientelismo es hijo de una relación insana, que permite que la alta jerarquía utilice sus posiciones institucionales para consolidar y mantener sus redes de poder político y personal. Una relación en última instancia patrimonialista, propia de las seudorrepúblicas, derivada de la falta de controles ciudadanos efectivos sobre los productos y el impacto de la políticas públicas. Controles que sabiamente exige la constitución, pero que no se aplican por falta de interés o de visión de sistema.
Condición indispensable. Mientras los ministros y altos jerarcas no deban dar cuentas efectivas sobre su gestión y puedan ser destituidos, como en las democracias avanzadas, seguirá profundizándose el proceso de colapso institucional.
Lamentablemente el Plan Nacional de Desarrollo recientemente anunciado, si bien alude a la reforma institucional como una de las tareas necesarias para el desarrollo, esta aparece apenas mencionada, como si hubiera sido añadida al final, más para responder a la insistencia de algunos asesores que a una convicción de los propulsores del Plan.
Para restringirme al caso del Ministerio de Educación, cabe preguntar si se puede corregir el rumbo mientras no se den facultades a la ciudadanía, empezando por modificar la composición del Consejo Nacional de Educación, para incorporar a los padres de familia y darles poder efectivo de gestión y control de la educación en los ámbitos regionales.
Esto, desde luego, implica, para que sea efectivo, una evaluación permanente de resultados e impacto, y no solo de metas. También implica desechar toda la normativa de controles aparentes, concentrada en pequeños detalles formales, que inhiben la gestión y el desempeño eficientes de las instituciones.
Ciudadanos de verdad. Dicho en sencillo, se trata de aplicar a la administración pública los principios básicos que regulan la actividad de la empresa privada, garantizando la supremacía de los socios. No podemos llamarnos ciudadanos de verdad si no tenemos los mismos derechos en relación con el Estado, la empresa de todos, que la que tienen los accionistas con su empresa. Esto es, la posibilidad de pedir cuentas efectivas a nuestros gobernantes para ajustar su quehacer y de revocar con agilidad sus nombramientos en caso de incumplimiento grave, como lo tienen las democracias avanzadas y como lo aplican las empresas privadas.
Lamentablemente mientras estos elementos constitucionales no se reivindiquen por las instancias contraloras o se creen por ley, cuando corresponda, el proceso de parálisis institucional seguirá agudizándose. El desarrollo institucional requiere visión de futuro, dejar atrás el pasado, romper con los resquicios del vasallaje tradicional y consolidar el poder ciudadano efectivo para poder estar a la altura de las exigencias del siglo XXI.
