Los estados latinoamericanos se llaman a sí mismos repúblicas, pero no lo son, no tienen base social ni estructuras legales que garanticen el control ciudadano. No pasan de ser estados clientelares herederos del orden colonial, y de ahí se derivan sus desórdenes fiscales y su mal desarrollo crónico. La república, en las democracias avanzadas, es un sistema de pesos y contrapesos entre poderes, establecido por la comunidad con poderes, donde el ciudadano mantiene el control final sobre los jerarcas, desde el presidente para abajo, a través de mecanismos ágiles y efectivos de revocatoria del cargo.
La rendición de cuentas en ese contexto es real y no un acto protocolario como en nuestros países pues el informe del jerarca se realiza ante una autoridad que puede desecharlo por insatisfactorio e incluso iniciar un proceso ágil de separación del cargo. Los jerarcas públicos dentro de un contexto republicano son, como debe ser, funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía y no autócratas que se sirven de la gente y del patrimonio público.
Soberanía ciudadana. En el sistema republicano la ciudadanía mantiene su soberanía sobre el Estado a través de la existencia y el acceso a la evaluación de resultados de cada institución y programa en que se invierten sus impuestos.
Esta evaluación, rigurosamente exigida por la Contraloría, constituye el eje central de su quehacer y autoridad al mismo tiempo que garantiza la soberanía de la ciudadanía fortaleciendo la vida republicana.
Los estados latinoamericanos, aunque formalmente son repúblicas, nunca han operado ni operan como tales. Sus sistemas de pesos y contrapesos entre poderes se subordinan a las relaciones clientelares desnaturalizando su carácter, y la ciudadanía carece de soberanía real.
En casi todos los países, la mayoría de la población vive en condiciones que no le permiten el acceso al umbral básico de ciudadanía.
No existen, además, sistemas de evaluación de resultados sobre el uso de los impuestos ni la revocatoria del cargo de las autoridades responsables de incumplimiento. Las elecciones colocan al vencedor como dueño de la hacienda pública, sin que la ciudadanía pueda hacer algo más que votar. Por eso poner dinero en la hacienda pública en como echar agua en una canasta: se escapa por todas partes. En ese contexto nadie mentalmente sano quiere pagar impuestos, las crisis fiscales son recurrentes y el estado de las finanzas públicas es cada vez más grave provocando la crisis de los estados.
Evaluación y revocatoria. Para dar salud a las finanzas públicas y abrir espacios al desarrollo nacional es preciso cambiar este estado de cosas. Es imprescindible establecer evaluaciones de resultados y un procedimiento ágil de control ciudadano vía revocatoria del cargo en caso de incumplimiento de las tareas encomendadas y financiadas por el erario. Esta evaluación y revocatoria debe ser generalizada e iniciarse por el cobro de impuestos en el Ministerio de Hacienda. Solo de esta forma se pondrá en marcha un sistema que exija eficiencia, eficacia y racionalidad en la administración pública.
Desde luego, en el caso de Costa Rica, también hay que pagar más pues el porcentaje de aporte es bajo, pero esto no debe hacerse recargando a quienes ya lo hacen en demasía, sino cobrando a quienes tienen privilegios o evaden el pago de lo que les corresponde. Espero que durante este año los señores diputados, al buscar la solución al problema fiscal, puedan iniciar la construcción de un nuevo orden nacional republicano y justo, en vez de buscar “arreglos” transitorios que aplastan a los de siempre y solo prolongan la agonía y explosión de nuestro Estado. ¿O es que será preciso llegar a la explosión, con todo el costo social e institucional que implica, para tomar conciencia de los cambios que ya son impostergables?
