Las instituciones y las leyes deben ajustarse a las necesidades de las actividades sociales y no a la inversa, como sucede cada vez más frecuentemente en el país. Los cambios históricos deforman y envejecen las instituciones, leyes y normas que, si no se actualizan oportunamente, incuban grupos de interés que las ponen a su servicio y debilitan las inversiones públicas en detrimento de la moral, la seguridad y el bienestar público.
El país vivió a finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX inteligentes y oportunos procesos de transformación y ajuste institucional que le permitieron florecer durante el siglo XX. Estos cambios no se realizaron en un día ni con una medida, pero fueron dirigidos; detrás de ellos habían estrategas con visión de futuro, como Rodrigo Facio y Manuel Mora, que conocían la importancia de cada paso posible, en las circunstancias de entonces, y fueron haciendo colectivas sus visiones.
Futuro limitado. En la actual campaña electoral se han hecho propuestas parciales de ajustes y cambios puntuales, sin que se presente una meta de cambio sistémico. Así, muchas de las propuestas parciales de gran potencial acumulativo de cambio, como transferir los recursos asistenciales a las comunidades, de llevarse a cabo pueden ser neutralizadas o incluso desfiguradas por el ordenamiento clientelar existente. Los cambios que se requieren pueden iniciarse con la actual legislación si se coloca en el Gobierno a personas honradas, es cierto; pero esto no conducirá muy lejos si no hay capacidad de acumular fuerzas y orientar el cambio institucional y legal.
En mi opinión, el meollo del problema institucional y legal radica en que nuestro estado no es una república ciudadana con división real de poderes y control ciudadano. El poder legislativo ya no es autónomo. Como carece de carrera parlamentaria, está subordinado al poder ejecutivo que, con las partidas específicas o transferencias, manipula la sobrevivencia política de los diputados durante los cuatro años que deben ocupar la curul. Por eso los diputados están más interesados en mantener y administrar clientelas que en legislar para el interés nacional. Por esa razón, la selección y nominación de candidatos dependen solo de las estructuras partidarias y no hay una ley de partidos que garantice el control ciudadano.
No existe balance. De tal forma, el parlamento no representa ni refleja los intereses y el sentir ciudadanos ni cumple la función de controlar al poder ejecutivo, principio fundamental para que opere el régimen republicano. Así, el parlamento aprueba presupuestos sin que existan justificantes del gasto futuro ni que medien evaluaciones de impacto o de nivel de ejecución del presupuesto anterior. El Poder Judicial anda, por su lado, sin ningún control ciudadano. En síntesis, el balance de pesos y contrapesos entre poderes y el control ciudadano, esencial para la vida republicana, no existe porque no hay verdadera rendición de cuentas.
En este sentido, si bien pequeños cambios pueden conducir a grandes transformaciones, para que esto suceda, debe haber una visión que conduzca el proceso fortaleciendo la rendición de cuentas en todos los niveles. Esta visión, lamentablemente, no existe en el discurso de los cuatro principales candidatos. Sin esta visión y determinación, medidas aparentemente acertadas como la citada de transferir decisiones a instancias locales, en vez de fortalecer la descentralización y la democracia, pueden desconcentrar el clientelismo y la corrupción agudizando los problemas locales y debilitando el espíritu ciudadano en las comunidades.
No se puede hablar de participación ciudadana y ampliación de la democracia si no se confía en la gente al rechazar el referéndum. Es preciso trascender las palabras gastadas y el voluntarismo. Como ciudadanos, antes de votar, debemos exigir compromisos concretos de transformación institucional y que se demuestren capacidades para formar equipos de trabajo y no una suma de cortesanos incondicionales. El país no está para más desvaríos.