Este no es un argumento efectista: cuando, por la furia de la naturaleza u otras causas, algunas comunidades o sectores del país, sobre todo los pobres, padecen hambre, intemperie y desempleo, y lo pierden todo, resalta, con toda su crudeza, el abuso o despilfarro de los recursos públicos.
Nos referimos concretamente, en este comentario, a la información de ayer sobre la petición de la Contraloría General de la República a la Comisión de Asuntos Sociales de cerrar, mediante derogatoria de la Ley 7817, la Casa Hogar de la Tía Tere, en Roxana de Pococí, al comprobar deficiencias administrativas y legales. Sin embargo, el análisis es extensivo a la transferencia de recursos públicos, con base en programas sociales, a entidades públicas o privadas. Las denuncias han sido tantas, a lo largo del tiempo, que, por su recurrencia y magnitud, y la preocupación prevaleciente en torno a la crisis fiscal, lo menos que puede hacer el Poder Ejecutivo, en el rubro del gasto público, es llevar a cabo un examen exhaustivo sobre la forma como se ordenan estas transferencias y, especialmente, sobre la administración de estos fondos y el sistema de evaluación existente. El motivo conceptual y estratégico es el siguiente: al amparo de las buenas intenciones y, particularmente, de las necesidades de los sectores más desfavorecidos de la población, se cometen toda clase de irregularidades por la vía de la corrupción o favorecimiento personal y, peor aún, de la negligencia o incumplimiento de deberes en materia de control y evaluación. El camino del infierno fiscal está empedrado de corazonadas cortejadas de ilegalidad, conductas dolosas, así como de negligencia e imprudencia.
En cuanto a la Casa Hogar de la Tía Tere, no es nuestro propósito atribuir dolo a ninguno de los responsables. Esto no quiere decir, sin embargo, que el informe de la Contraloría pierda vigencia. Por el contrario, este nos permite revivir procedimientos irregulares de años pasados: un diputado promueve la creación de una entidad privada con fondos públicos que él, una vez abandonada la curul, pasa a dirigir, a veces con la incorporación de amigos o familiares. En cuanto a la Tía Tere, así ocurrió, con el agravante de que, como lo expresa la Contraloría, se descubrieron diversos conflictos de intereses entre autoridades de la casa hogar, familiares y proveedores, además de “una gestión pública ineficiente”, como la ausencia de justificantes en gastos millonarios, deficiencias en la contabilidad y en los reportes de gastos de viajes al exterior.
Estas anomalías obedecen a una lógica implacable: una ley aprobada, al parecer, al calor del compadrazgo político; un procedimiento abierto a cualquier desviación y conflicto de intereses, desde la ley hasta la administración de los recursos, y, en la cima, la enfermedad de la administración pública: la ausencia de control y de evaluación. En esta aventura social, el PANI, la Junta de Protección Social y el propio Estado dieron aportes por ¢378, 6 millones sin el deber elemental de pedir cuentas a los receptores de estos fondos. Según el director de esta casa hogar, el proceder de la Contraloría es “una barbaridad”. Al revés: es una barbaridad que sigan ocurriendo estos hechos. Y es una barbaridad mayúscula el divorcio entre la reiteración de tantas anomalías y la lentitud en adoptar los correctivos pertinentes, según la técnica, la doctrina y el sentido común. Insistimos, por ello, en la necesidad de revisar las transferencias públicas a todos los programas sociales. No prejuzgamos, pero, quizás, haya más sorpresas de las que podamos imaginar.