Eficiencia posible en el Estado

El reglamento en mención medirá la calidad, cantidad y rendimiento del trabajo del funcionario judicial. Es todo un poder de la República el que sigue avanzando para mejorar sus servicios. Desde hace más de una década, el Programa de Gestión de Calidad ha mostrado resultados en reducción de mora judicial, producto de una visión de largo plazo, liderazgo del magistrado Rolando Vega y desde la presidencia (anterior y actual) del Poder Judicial; un trabajo técnico y bien estructurado; negociación en todo nivel y decisión para actuar.

Otros esfuerzos y resultados para mejorar la gestión pública los vivimos, desde hace 20 años, con la apertura del sistema bancario y de seguros, y el trabajo de los bancos del Estado, el INS y sus trabajadores por competir con la empresa privada.

También se ha mostrado, en el Banco Central, las superintendencias financieras y la Contraloría de la República, un modelo de empleo en que el personal de nuevo ingreso es seleccionado y reconocido con condiciones distintas y con costos razonables para el Estado.

Esta semana hay una nueva apuesta con la operación de 36 Ebáis, parte del sistema público de salud, concesionados a una entidad privada: la Unibe. Las primeras señales son positivas, en una relación en que el control y supervisión de parte de la Caja serán fundamentales para garantizar la atención médica a 171.000 asegurados.

Ni las acciones para reducir mora en los juzgados ni la evaluación del desempeño de los empleados judiciales, tampoco el esquema flexible de contratación en la banca y la Contraloría, o la subcontratación privada de servicios de salud, tienen, en su esencia, mucho en común. Son fruto de decisiones de jerarcas interesados en resolver problemáticas y mejorar las instituciones que dirigen. Son procesos que han tenido enorme resistencia en el más alto nivel y también desde las organizaciones laborales, y en los que acciones legalmente correctas, dialogadas y bien lideradas permitieron los avances que hoy tenemos.