Cuando los demócratas ganaron la mayoría en el Congreso de Estados Unidos, se produjo un cambio fundamental en la política exterior de esa gran nación, que naufragaba ante el triste resultado de los delirios imperialistas y violatorios del Derecho Internacional del presidente Bush. Parte de esos delirios se impusieron –también contra la ley y los principios de los EE. UU., que lo prohibían– en el TLC con Centroamérica, e igualmente también después en el TLC con Colombia, Perú y Ecuador.
Pieza esencial de eso son las normas sobre arbitraje obligatorio inversionista-Estado, que, como lo denuncié desde estas columnas (“El Inaceptable Capítulo Diez del TLC”), permiten al inversionista poner sus propias reglas –por encima de la legislación nacional– para regular las concesiones sobre toda clase de bienes y recursos públicos, lo mismo que para juzgar los actos administrativos del Estado recaídos en el accionar de una empresa. Poner la propia ley por encima de la nacional, implica tirar por la borda el principio clave de legalidad que rige actualmente a los políticos y funcionarios, y que les impide hacer lo que la ley nacional expresamente no les permite.
Como parte de esa conducta lesiva –que con Colombia se corrigió por los demócratas, según se dirá– también impuso Bush en todos esos TLC reglas abusivas o inadecuadas en materia de propiedad intelectual en salud pública, de ambiente, de lo laboral y de la protección de los intereses públicos; las que tienen además las trampas ocultas actuales de que, según la jurisprudencia arbitral, cualquier limitación por interés público –concepto clave– no debe restringir la libertad comercial, para lo que se aplica la prueba de legitimidad o candado chino de probar que no existen otra medidas menos restrictivas. Porque bien se sabe en Derecho que la prueba negativa es imposible o de muy difícil demostración.
Ahora bien, todas las reglas lesivas en las materias dichas –repito, todas– le han sido eliminadas a Colombia, por exigencia de la mayoría demócrata en el Congreso de los EE. UU., según consta en el Protocolo de renegociación firmado por ambos países y enviado al Congreso de Colombia por el presidente Uribe. Nada de privilegios discriminatorios a los inversionistas extranjeros, sino que tendrán los mismos derechos que los locales; nada de ADPIC plus a las medicinas, que la OMS había calculado que haría un enorme daño a la seguridad social colombiana; nada de condiciones perjudiciales con trampas ocultas, en las las materias dichas.
Argumentos retorcidos. Con eso son los propios EE. UU. quienes vienen a dar la razón, a quienes hemos criticado y pedido que se corrija eso mismo en el TLC sometido aquí a referéndum, gemelo originalmente del colombiano, para evitar que se ocasionen a Costa Rica las correspondientes graves lesiones. Se les caen así a los defensores del SÍ todos los ocultamientos y argumentos retorcidos con los que quieren hacer creer lo contrario, porque ahora es EE. UU. quien abiertamente lo acepta, y corrige en beneficio del pueblo colombiano. Sin embargo, la propaganda del SÍ pretende que el pueblo vote por lo que le perjudica y que hasta el propio EE. UU. quiere corregir.
Por supuesto que los demócratas defienden, y esa es su obligación con los trabajadores norteamericanos, pero en el tema ambos pueblos tienen intereses coincidentes. Si aplastan de esa manera a los latinoamericanos, se les irán a meter en masa a EE. UU., como ha sucedido en el TLC con México (NAFTA), y con eso les va peor.
Según se ha dicho desde estas mismas páginas, tratando de defender al TLC, la economía mexicana desde 1998 generó 4.800.000 empleos, pero se oculta que debió generar más del doble solo para atender las necesidades de empleo. Todo el inmenso déficit restante –fracaso radical del NAFTA– fue a parar a EE. UU., como refugiados económicos, o al empleo informal. Por eso, según cifras inobjetables de las Universidades de Harvard y de Stanford, el PIB (que mide lo que verdaderamente llega a la población) de México, apenas creció en promedio un mísero 1,3% anual desde que se firmó el NAFTA.
México es el mejor espejo de cómo actuaría este TLC de Bush, que no es el de EE. UU. –que, por el contrario, lo rechaza– según se demuestra, sino el del grupito abusivo alrededor de Bush y de las empresas farmacéuticas y otras que son sus interesados contribuyentes.
