El fiscal general, Jorge Chavarría, advirtió, en el curso de un encuentro con empresarios de Ciudad Quesada, sobre el armamento entregado a los narcotraficantes locales por carteles mexicanos de la droga. El funcionario se refirió a recientes hechos de sangre en la capital y sus alrededores, distinguiéndolos de confrontaciones ocurridas en el pasado por el uso de armas de guerra.
En un caso, afirmó, los delincuentes estuvieron a punto de activar una granada. En muchos otros, emplearon subametralladoras AK-47. Si la granada hubiera estallado, “estaríamos lamentando consecuencias muy graves”, dijo el fiscal. Si la penetración del narcotráfico mexicano y la expansión de sus redes nacionales no se revierte con prontitud, esos lamentos son cuestión de tiempo.
La sucesión de homicidios atribuidos al narcotráfico en los últimos meses ya constituye una guerra, librada para establecer el dominio territorial de determinadas bandas en zonas clave de la capital. La influencia y ayuda extranjera apunta al potencial identificado por los delincuentes en el mercado nacional.
Costa Rica ha sido, durante décadas, un país de tránsito para el narcotráfico. Inevitablemente, cantidades residuales de la droga trasegada permanecen en el país y estimulan el crecimiento del consumo local. El surgimiento de guerras entre bandas autóctonas apunta al desarrollo de ese mercado.
El fenómeno ya no es extranjero. Hay bandas locales que, si bien reciben apoyo del exterior y se asocian con carteles establecidos allende nuestras fronteras, conducen sus actividades delictivas en territorio nacional y están integradas por costarricenses. Casi la totalidad de los muertos, este año, en confrontaciones relacionadas con el narcotráfico son nacionales, así como los perpetradores de los homicidios.
El objetivo de las bandas locales ya no se limita a asistir a las grandes organizaciones delictivas continentales para traficar drogas hacia el norte. Hay un mercado nacional por cuyo control vale la pena desatar andanadas de violencia. A las organizaciones extranjeras, ese mercado también les merece suficiente atención como para involucrarse en las contiendas libradas en San José y otros puntos del país.
Costa Rica dejó de ser una estación de tránsito y almacenamiento. Ya no es válido considerarnos simples víctimas del comercio ilícito entre el sur productor de drogas y el norte consumidor. La preocupación tampoco puede limitarse al carácter corruptor del narcotráfico y sus esfuerzos por penetrar las esferas de poder político para facilitar el trasiego internacional. Hay una guerra desatada en nuestras calles, con armas de alto poder y decenas de víctimas en lo que va del año.
El país no cuenta con los recursos para enfrentar el reto por su cuenta. Mucho pueden contribuir los esfuerzos de la Policía local, tanto la administrativa como la judicial, pero la coordinación internacional es indispensable. Nuestros extensísimos mares, las anchas y mal vigiladas fronteras y el desprotegido espacio aéreo no pueden ser asegurados con recursos propios.
La Asamblea Legislativa debe tenerlo presente en el recurrente debate sobre el patrullaje conjunto con los Estados Unidos. Lo mismo vale para el Poder Ejecutivo cuando se presenten oportunidades de colaboración con otras naciones. Mucho podemos aprender de México y Colombia. Hay grandes oportunidades de apoyo mutuo en Centroamérica y Panamá.
Un hecho poco conocido, quizá por la prominencia del convenio con los Estados Unidos, es la firma, en el 2011, de dos acuerdos similares con Gran Bretaña y Holanda, países cuya presencia en el Caribe es importante. Costa Rica debe dejar de considerarse excepcional o, de alguna forma, aislada de las consecuencias del narcotráfico en las calles. La violencia de los últimos meses aconseja cambiar el punto de vista.