La Ley de Defensa del Consumidor prohíbe y castiga los acuerdos entre proveedores de bienes y servicios para elevar los precios pagados por el público. El principio incorporado a nuestra legislación es de aceptación prácticamente universal, de la mano de la legislación contra los monopolios y otras medidas de protección del consumidor.
Pero en Costa Rica subsiste una zona gris, cuyo peligro se manifestó recientemente cuando el Colegio de Médicos intentó establecer un tarifario, claramente orientado a satisfacer intereses lucrativos del gremio a expensas de los pacientes. Otros profesionales liberales, como los abogados, también tienen tarifas mínimas para eliminar la competencia.
La diferencia, dirán las agrupaciones de profesionales liberales, está en la existencia de colegios creados por ley para regular el ejercicio de la profesión. En consecuencia, no se están poniendo de acuerdo como lo haría un grupo de empresas capaces de controlar conjuntamente el mercado. El resultado para los consumidores (y para los bolsillos de los agremiados) es exactamente el mismo y, en materias tan delicadas como la salud, es imposible encontrar razones para no aplicar el principio general, de probada utilidad pública.
Importantes empresas han sufrido sanciones por ponerse de acuerdo con sus competidoras para elevar los precios. Si en efecto las leyes creadoras de los colegios profesionales exceptúan de ese trato a sus agremiados, es preciso reformarlas. Dejar en manos del Colegio de Médicos, o cualquier otro, la imposición de tarifas mínimas es proteger los intereses de una minoría bien remunerada a expensas de la gran mayoría, en muchísimos casos necesitada.
También estimula la inflación y no solo por los aumentos contemplados en el tarifario. El Colegio no pretende establecer tarifas máximas en defensa de los consumidores. Si todos los profesionales se ven obligados a cobrar igual, los mejores o aquellos que hayan desarrollado un consultorio con gran número de pacientes, tendrán la oportunidad de diferenciarse cobrando aún más. El aumento parecerá razonable en relación con el nuevo piso establecido por la organización gremial. El Colegio se verá tentado a cerrar esa brecha y el círculo vicioso no tendrá fin.
Los ciudadanos no solo se verán obligados a pagar más por la asistencia profesional. Las pólizas de seguro, incluidas las cobradas con el marchamo de los vehículos, también aumentarán. La asociación de aseguradoras privadas, el Instituto Nacional de Seguros y la Superintendencia de Seguros ya hicieron la advertencia. Los dos últimos pidieron al Colegio de Médicos suspender la medida, a lo cual accedió sin dar garantías de que se trate de una medida definitiva.
En algunos casos, las nuevas tarifas elevaban hasta en un 200% los honorarios mínimos por cobrar por determinados procedimientos. En consecuencia, la seguridad social también pagará un alto precio, pues se verá obligada a atender a los usuarios de la medicina privada desplazados por los aumentos. Los ya congestionados servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social enfrentarán una demanda mayor, con grave presión sobre los costos y la calidad del servicio.
Los colegios fueron creados con la idea de garantizar a la población el correcto ejercicio de las profesiones y estimular el avance científico de los agremiados. Cuando se les cuestiona, invocan ese ideal de protección de las mayorías, pero la lógica que justifica su existencia se invierte cuando se abocan a la defensa de los intereses económicos de sus miembros.
Es hora de preguntarse si la posibilidad de desencadenar semejantes consecuencias está bien depositada en manos de quienes se beneficiarían haciéndolo o si la lógica de defensa del consumidor que anima la legislación aplicable a todas las demás actividades debe regir, también, para las profesiones liberales.
