Escuchar“Existen distintas formas de afectar ilegítimamente la libertad de expresión, desde el extremo de su supresión radical mediante actos de censura previa hasta mecanismos menos evidentes, más sutiles y sofisticados”, dice un informe de la Comisión Interamericana sobre el uso de la publicidad oficial para premiar a medios “amigos” o castigar a los que difunden informaciones contrarias a los intereses de quienes detentan el poder.
La práctica, dice la Comisión, es contraria al artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Desafortunadamente, el uso de la pauta publicitaria estatal para ejercer presión sobre los medios de comunicación es frecuente en Costa Rica. Debe cesar. En la edición de hoy, La Nación da cuenta del uso de ese mecanismo por el Banco Nacional para acallar informaciones críticas de este periódico. No es la primera vez que lo hace, según confiesa el gerente general de la institución, y tampoco es el Banco Nacional la única institución que ha empleado ese recurso. Ha habido gobiernos enteros empeñados en doblegar a medios de comunicación mediante la manipulación de la pauta.
Amén de violar la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público en una sociedad democrática, la práctica vulnera principios elementales de la buena administración de los recursos públicos. La publicidad no se guía por el capricho o el instinto. Hay parámetros bien establecidos y estudiados para orientar la pauta según los fines del anunciante. Hacer caso omiso de esos parámetros por razones políticas, favoritismo o venganza no rima con la buena administración.
A eso alude la Declaración Conjunta de relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la OSCE cuando afirma: “Los gobiernos y los órganos públicos nunca deben abusar de su custodia de las finanzas públicas para tratar de influir en el contenido de la información de los medios de prensa; el anuncio de publicidad debe basarse en razones de mercado”.
La Nación y otros medios han sido víctimas frecuentes del abuso, pero rara vez lo hemos denunciado. La razón es sencilla: se corre el riesgo de ser criticado por la defensa de intereses económicos con la excusa de abogar por un principio. El silencio, sin embargo, ha sido un error. La Nación es una empresa periodística sólida, capaz de soportar la presión económica sin alterar su línea editorial e informativa, como se ha comprobado en tantos casos, incluido el del Banco Nacional. Pero otros medios de comunicación son más vulnerables. No cuentan con los mismos recursos y diversificación de sus fuentes de ingresos. La pauta estatal puede convertírseles en tema de vida o muerte.
Por eso hemos decido dar el paso al frente y denunciar el perverso mecanismo, aunque el Banco ya anunció, en una entrevista publicada en esta misma edición, su propósito de rectificar. No es posible ser indiferente ante el mal uso de los recursos públicos y la práctica de financiar, con el dinero de todos los contribuyentes, la ignorancia de los costarricenses sobre asuntos de grave interés social.
El dinero de todos no se pone en manos de la burocracia para su defensa y el encubrimiento de sus errores.
