En un arrebato de misticismo, el directivo del Banco de Costa Rica Alberto Raven cierra un derecho de respuesta publicado ayer por este diario manifestado su confianza en Dios de que el deudor del crédito para importar cemento chino honre la obligación. Si no lo hiciera, la misma fe lo impulsa a desear que quienes han defendido el préstamo contribuyan a impedir la pérdida de tanto dinero perteneciente a los costarricenses.
Nos unimos a la plegaria, aunque probablemente Dios esté ocupado en otros asuntos y no se involucre en la rendición de garantías bancarias. Al mismo tiempo, no podemos dejar de señalar que preferiríamos ver la fe de los directivos depositada en la idoneidad de los funcionarios de la institución, en su probidad y en una gestión idónea para evitar la pérdida de fondos públicos.
Si la operación del cemento chino resulta ruinosa, esos funcionarios son los responsables. Don Alberto seguramente los conoce, dados sus largos años en el Banco, incluso como presidente de la Junta Directiva. Entre rezo e invocación divina, haría bien en señalar cuáles actuaciones y de quiénes le suscitan dudas. Así contribuiría a esclarecer el enojoso asunto investigado por el Congreso.
En el otro caso bajo examen de los legisladores, el del préstamo a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R. L. (Coopelesca), la participación de don Alberto despierta interés por su condición de fiscal de Holcim, directivo del BCR y abogado del bufete donde se concretó la venta de la planta de Aguas Zarcas, propiedad de la cementera, a la cooperativa sancarleña. La compra, financiada con $32,7 millones prestados por el BCR, se concretó por $35,3 millones.
Sin embargo, en los estados financieros de Holcim la planta aparecía valorada en ¢6.121 millones ($12 millones, al tipo de cambio del 2017) y practicadas las depreciaciones, la valoración era de ¢1.384 millones ($2,7 millones). A poco de comprada la planta, Coopelesca detuvo su operación para hacer reparaciones mayores y urgentes.
En su condición de fiscal de Holcim, socio del bufete donde se hicieron las operaciones y dueño de la empresa que medió como fiduciaria, don Alberto es el directivo del Banco mejor posicionado para conocer las circunstancias de la operación. No obstante, según explica, su injerencia es impensable porque los préstamos son aprobados por el comité de crédito. Con el mismo razonamiento, las fallas que le obligan a volcar los ojos hacia el cielo en el caso del cemento chino no tendrían relación alguna con la Junta Directiva del BCR.
La comisión legislativa investigadora de los créditos todavía no está dispuesta a llegar a esa conclusión en ninguno de los dos casos, pero urge una invocación en favor del pueblo de San Carlos. A diferencia del caso del cemento chino, en el de Coopelesca ni siquiera cabe la mística confianza en la posibilidad del pago. La pérdida ya se materializó, pero los perjudicados son los sancarleños, no el Banco. El BCR saldrá bien librado porque los costos se les trasladarán a los clientes de la cooperativa, muchos de ellos humildes hombres y mujeres de campo. No en balde hablamos de una cooperativa de electrificación rural. Ahora bien, no hay mejor garantía. Quien no pague, se quedará sin luz.
En las tarifas de este año y el entrante, Coopelesca pretende cargar a sus 93.125 clientes ¢4.800 millones relacionados con costos del proyecto hidroeléctrico Aguas Zarcas. El monto corresponde al pago del crédito y la adquisición de energía a su propia represa, según la información entregada el 19 de junio a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para respaldar una solicitud de aumento tarifario de 6,39 %.
Los equipos del proyecto hidroeléctrico son obsoletos y están faltos de mantenimiento, dice un informe presentado en enero por la consultora CT Energías. Tan graves son los problemas que la planta lleva meses paralizada y Coopelesca se ha visto obligada a invertir una cantidad adicional de millones. Los administradores de la cooperativa rehusan precisar el monto. Según ellos, cuando de rendir cuentas se trata, Coopelesca es una entidad estrictamente privada, aunque en otras oportunidades la presentan como de interés público.
Posiblemente, la cooperativa alegue esa condición para convencer al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) de venderle las tierras alquiladas por Holcim, en los años noventa, para conducir agua hasta la planta. Sin esa agua no hay hidroeléctrica. Coopelesca compró, y el BCR financió, con plena conciencia de que el contrato de alquiler de las tierras vence el año entrante y, según sus estipulaciones, no puede ser renovado.
La cooperativa seguramente invocará el interés público para convencer al Inder, cosa que Holcim no habría podido hacer. Sin embargo, el Estado deberá precisar con esmero en dónde reside el interés público. La renovación del alquiler o la venta de la tierra implicaría una nueva erogación para Coopelesca, cuyas pérdidas han aumentado desde la compra de la hidroeléctrica. La cooperativa tendría una planta con serias exigencias de renovación y mantenimiento, con décadas de vida útil ya transcurridas. El pueblo de San Carlos se vería obligado a enfrentarlo todo mediante aumentos tarifarios.
Por el contrario, si el Estado se apega al contrato y lo deja vencer, una cláusula del convenio de compraventa entre Holcim y Coopelesca obligaría a deshacer el negocio facilitado por el crédito del BCR, la planta volvería a su propietario original y la inversión regresaría a Coopelesca. Las pérdidas de la cooperativa se limitarían significativamente. ¡Te lo pedimos, Señor!
De lo contrario, las pérdidas no afectarán a “todos los costarricenses”, para utilizar la expresión del directivo bancario en relación con el caso del cemento, sino tan solo a los costarricenses residentes en San Carlos. Confiamos en Dios que don Alberto demuestre la misma sensibilidad hacia ellos y se conmueva, también, al constatar los perjuicios para sus bolsillos. Amén.