Este editorial no es una respuesta. La perversión del periodismo no merece contestación alguna, más allá de la que puedan decidir dar los afectados en los tribunales de justicia. No es una respuesta porque La Nación se resiste a descender hasta donde moran algunos de sus detractores. Hace caso omiso de la infamia y sigue adelante en cumplimiento de su trascendental función en la sociedad costarricense.
Este editorial es una denuncia del periodismo puesto al servicio de intereses inconfesos. Hablemos, entonces, del periodismo, y que el lector saque conclusiones sobre su calidad y motivaciones.
Los siguientes son hechos comprobados: a) La familia Terán Jiménez está entre los ochocientos treinta y nueve accionistas de La Nación. Tres miembros de la familia, no todos involucrados en el negocio inmobiliario, se reparten el 0,5% de las acciones. b) Manuel Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de La Nación, es primo segundo de los señores Terán, desarrolladores, a partir de 1967, de unas cuarenta urbanizaciones en las cuales hay unos 5.000 lotes. c) La urbanización Haciendas El Gregal es uno de esos desarrollos. d) La Fiscalía de Colombia investiga inversiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Costa Rica, hechas por medio de terceros. e) Según el noticiero televisivo colombiano RCN, la investigación incluye un lote en El Gregal y otros once en urbanizaciones ajenas a los señores Terán.
Es perfectamente posible que un tercero haya comprado un lote en El Gregal con dinero mal obtenido, sea vendido directamente por la empresa desarrolladora o por un comprador anterior, dado que la urbanización fue construida hace diez años. Es también posible que otro de los cinco mil lotes vendidos a lo largo de la historia del grupo empresarial esté en manos de personas cuestionadas. La empresa no controla lo que un comprador pueda hacer con su lote y, cuando vende directamente, no puede constatar si el cliente actúa en nombre de un tercero cuyo propósito es, precisamente, mantenerse oculto.
De los hechos descritos, la perversión del periodismo saca las siguientes conclusiones y las despliega en primera plana: a) “Accionista de La Nación en empresa cuestionada por ligamen con FARC”. b) “RCN de Colombia vincula urbanizadora con revolucionarios”. c) Hacienda El Gregal “tendría vínculo con negocios y flujo de millones con las FARC”. La “información” se acompaña con fotos de los señores Terán e, insólitamente, de su primo segundo, el presidente ejecutivo de La Nación.
Los presuntos periodistas no hicieron el menor intento de obtener una declaración de los Terán o de La Nación, ni de constatar con las autoridades si efectivamente hay una investigación en curso. El periodismo infame no respeta las más elementales normas de la profesión que denigra.
El noticiero televisivo colombiano RCN, citado continuamente como fuente de la información tergiversada, habla de doce propiedades, no dos, presuntamente controladas por familiares de Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, en Sabanilla, San Pedro, Cartago, Pinares y El Carmen de Guadalupe. También afirma que la investigación de las autoridades colombianas procura establecer el origen del dinero utilizado para hacer las compras. La Nación aplaude esa investigación, si existe, y espera que llegue hasta las últimas consecuencias. En múltiples oportunidades, hemos hecho nuestro aporte a la lucha contra la presencia de las FARC y su dinero sucio en nuestro país.
Según la infamia, el “vínculo” entre La Nación, los Terán y las FARC consiste en la posibilidad de que terceros, utilizados para ocultar la identidad de los verdaderos interesados, hayan comprado uno de los 5.000 lotes desarrollados por los Terán en los últimos 50 años, sea directamente a la empresa o a un comprador anterior. Como los Terán están entre los 839 accionistas de La Nación, con un 0,5% de participación, y son primos segundos de su presidente ejecutivo, nadie podrá negar la existencia de una red centrada en Tibás, con tentáculos mucho más amplios. Entre lo accionistas de La Nación también se encuentra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al parecer ahora “vinculado” con las FARC, así como La Nación tiene innegables “vínculos” con cualquier anomalía cometida en la entidad estatal. Si hubiera un desfalco en el PANI, el periodismo infame podría titular, con la misma perversa lógica: “Accionista de La Nación investigado por desfalco de fondos para la niñez”.
Nuestros 839 accionistas y 1.111 colaboradores tienen legiones de primos segundos, es decir, decenas de miles de oportunidades para atribuir a La Nación infinidad de accidentes de tránsito y otros hechos que dejamos a la imaginación del lector.
Tan evidente es la intención de ensuciar a La Nación que en la misma edición aparece otra “noticia” que atribuye a una diputada el haber “tachado” a este diario de “gran evasor”. Patricia Mora, del Frente Amplio, debatía con el libertario Otto Guevara sobre el proyecto de ley contra la defraudación fiscal e hizo la referencia en el curso de la discusión. De allí, de una afirmación al paso, extrajeron el titular. Las motivaciones del Frente Amplio y sus diferencias políticas con este diario son obvias. La Nación, a lo largo de su historia, ha sido un gran contribuyente, no un gran evasor. Mantuvo una larga disputa con la Administración Tributaria que fue zanjada por mutuo acuerdo, pero los intereses que continuamente tocamos en el desarrollo de nuestra labor no dejarán de aprovechar lo que según ellos sucedió. Carecen de cualquier otro argumento contra una empresa que este año cumple 67 de informar al país. No nos intimidan y tampoco nos detendrán.
No tardó en sumarse al coro otro personaje próximo a la publicación infame, plenamente integrado al equipo de nuestros detractores, por razones que nos enorgullecen y son de sobra conocidas. El sindicalista Albino Vargas, organizador de la ridícula “madre de todas las huelgas”, celebró la “gran denuncia” y sumó nuevos méritos en los anales de la ridiculez con el siguiente reto al Congreso: “¿Se atreverán en la Asamblea Legislativa a convocar al socio de La Nación que aparece en el reportaje-denuncia sobre narco?”. Pues no, los diputados no se “atreverán”, salvo que compartan con Vargas la falta de temor al ridículo.
La consulta era innecesaria, pero de todas formas este diario preguntó a la Fiscalía si existe alguna investigación relacionada con El Gregal o la familia Terán. La respuesta fue inmediata y contundente: “el Ministerio Público (…) no tiene ninguna investigación abierta en relación con los miembros de las FARC en el país que involucre al lugar (Hacienda El Gregal) y la familia mencionada (los Terán Jiménez). Tampoco existe investigación abierta relacionada con las supuestas inversiones de familiares del señor alias Catatumbo. Según confirmó la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, al día de hoy no existe ninguna solicitud de asistencia penal por parte de las autoridades judiciales de Colombia relacionada con los dos temas que usted consulta”.
La Nación está orgullosa de contar entre sus accionistas, aun en la pequeña proporción señalada, a la familia Terán, de intachable trayectoria. Lamentamos que con el fin de enlodar a este diario se intentara arrastrarles por los chiqueros del periodismo infame y de los intereses que se dan cita a su alrededor.