EscucharEl presidente, Luis Guillermo Solís, decidió constituirse en cabeza de los sindicatos del sector público y no del Gobierno de la República. Su nuevo alineamiento lo obliga a propagar falsedades hasta ahora comunes en boca de algunos dirigentes gremiales, pero con mayor radicalismo.
Si se aprueba la regla fiscal propuesta por la alianza opositora, dice el mandatario, la administración se verá obligada a despedir a 55.000 empleados públicos, más de la mitad de ellos maestros. La intención demagógica es inquietar a los funcionarios del Estado y hacerle creer al país en el peligro de “retroceder siete años” en el financiamiento de la educación.
No es cierto. Nadie en su sano juicio plantearía semejantes objetivos. La regla fiscal pide, en “condiciones económicas excepcionales”, eliminar el déficit primario del Gobierno Central, llevándolo a cero por ciento del PIB. A ese efecto, pide a la Autoridad Presupuestaria elaborar y ejecutar un plan de mejora del resultado primario que fijará, en el segundo semestre de cada año, el objetivo para el año siguiente, de manera que se cumpla la meta.
El déficit primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno, sin tomar en cuenta el pago de intereses. El año pasado llegó a un 3,1% del PIB. El gobierno pretende ingresos del 2,69% del PIB con la aprobación de su paquete fiscal. Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana, propuso el año antepasado recortar anualidades, dedicaciones exclusivas, consultorías y otros gastos, sin despedir a un solo empleado, por un monto cercano al 1% del PIB. Esas dos medidas habrían sobrado, el año pasado, para llevar el déficit primario a cero sin despedir a un solo funcionario y sin desmejorar en un céntimo el gasto en educación. Todo esto sin contar con la recaudación adicional por los proyectos contra el fraude fiscal (ilusamente estimado en un 8% del PIB por el gobierno) y otros ahorros contemplados en las leyes de reforma del empleo público.
El presidente lo sabe porque su ministro de Hacienda se comprometió con los organismos financieros internacionales a reducir el déficit primario a cero este mismo año, una meta más radical que la regla fiscal propuesta por la oposición. Así consta en el documento donde Hacienda informa del resultado de sus reuniones con las entidades extranjeras. ¿Cuántos despidos estaba la administración dispuesta a ejecutar en ese momento? ¿En cuánto pensaba desfinanciar la educación? ¿Por qué no informó al país de la inminente debacle?
Si la meta fijada por Hacienda para este año implicaba el despido de 55.000 empleados públicos, la mitad de ellos maestros, y el presidente, como todos los demás costarricenses, no está dispuesto a permitirlo, ¿le mintió su administración a los organismos financieros internacionales? No, la meta pudo haberse alcanzado si la administración no hubiera empantanado la reforma fiscal con su obstinado rechazo a las medidas de ahorro, que algunas veces dice respaldar y otras no, según convenga.
Esa es la verdadera lucha de la administración Solís: mantener los privilegios disfrutados por una minoría aliada a expensas de muchos. Las declaraciones sobre la preservación del financiamiento de la educación o el empleo de los funcionarios públicos son demagogia, en extremo peligrosa, que prácticamente convoca a los empleados públicos a la huelga desde la Casa Presidencial, a la usanza de otros gobiernos del vecindario, cuyos resultados están a la vista.
La administración mintió a los organismos internacionales o le miente al país. No hay cómo salvar la contradicción, salvo una expresa admisión de ineptitud del Ministerio de Hacienda en sus conversaciones con los organismos financieros internacionales. Es preciso recordarle al mandatario que con Costa Rica no se juega.
Dicho lo anterior, en honor a la verdad, no sobra señalar la inconveniencia de la regla fiscal planteada por la oposición, no porque sea mala, sino porque complica la discusión y la aleja de las iniciativas capaces de rendir frutos concretos. Las normas establecidas hasta ahora para lograr disciplina fiscal han sido violadas sin consecuencias. En cambio, la racionalización del gasto, acompañada del aumento en los impuestos y una mejor recaudación con ayuda de las nuevas normas contra el fraude, pueden llevar el déficit primario a cero y mucho más. La oposición acertó al hacer de lado su propuesta y adoptar la del gobierno.
