Fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública para abrir paso a las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), encargadas de demoler los hoteles Las Palmas y Suerre, construidos ilegalmente en cuatro hectáreas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, cantón de Talamanca, Limón.
Un grupo de manifestantes cerró la carretera a la altura de Hone Creek y recurrió a las pedradas cuando la policía intentó despejarla. Al final, la Fuerza Pública arrestó a once involucrados en el desorden. Es un grupo demasiado reducido para describirlo como “la comunidad”, según se ha dicho. En sus filas hay muchos jóvenes, y llama la atención la intensidad de su compromiso con la defensa de los dos hoteles, propiedad del complejo turístico Punta Uva S. A., perteneciente al empresario Jan Kalina.
Los manifestantes y el diputado socialcristiano Wálter Céspedes, quien apadrina su causa, defienden la existencia de los hoteles por constituir una fuente de trabajo en una zona donde escasean las oportunidades. Sin embargo, el Instituto Mixto de Ayuda Social dice haber atendido a tan solo 28 empleados luego de que las autoridades ocuparan los dos hoteles con intención de demolerlos.
Ningún número de puestos de trabajo es pequeño en épocas de dificultades económicas como las actuales. En este caso, sin embargo, no es posible pasar por alto que la riqueza de la región, de la cual dependen cientos de puestos de trabajo, consiste en su belleza natural preservada mediante la creación del Refugio de Vida Silvestre, cuyos beneficios, desde luego, trascienden la atracción del turismo.
Luis Diego Román, coordinador del operativo de desalojo, recordó que para construir los hoteles se drenó un humedal, se talaron árboles y se modificó una parte de la playa. A estas alturas, no hay planta de tratamiento de aguas negras. La comunidad, y no el grupo de manifestantes que cerró la carretera, debe considerar si ese es el tipo de desarrollo necesario y si las fuentes de empleo son deseables a cualquier costo. En todo caso, el modelo no debe ser impuesto por un grupo de exaltados dispuestos a actuar a contrapelo de la ley.
Las autoridades encargadas del desalojo y la demolición actúan por orden judicial, luego de un largo proceso, iniciado en 1993, cuando el Ministerio de Ambiente retiró el permiso de ocupación al empresario Kalina. El fallo definitivo se produjo en el 2009, y ahora, pasados otros dos años, se procede al desalojo y la demolición. La tardanza es lamentable, pero al menos permite asegurar que la firma interesada tuvo amplísima (o excesiva) oportunidad de defensa, además de que las lesiones al ambiente fueron probadas más allá de toda duda.
El diputado Céspedes pidió al Poder Ejecutivo una tregua de tres meses mientras el Congreso discute una ley para que el área de los hoteles no sea considerada refugio. La propuesta es inusitada. En primer lugar, resulta extraordinaria la idea de pedir tres meses de tregua luego de 18 años de lucha y eso con la intención de dejar sin efecto los buenos propósitos de tantos funcionarios a lo largo de casi dos décadas. Luego, llama la atención el propósito de legislar tan a la medida, aunque el proyecto de ley incluiría a un grupo de propietarios que también invadieron la zona marítimo-terrestre de la región, incluyendo algunos en Cahuita.
El Gobierno hace bien en cumplir la orden judicial y demostrar el firme propósito de velar por la aplicación de la ley. Muchos atrasos y omisiones han prolongado el conflicto y también el daño ambiental. Ahora, los defensores del proyecto hotelero argumentan que la construcción data de hace veinte años. Ese es el problema, no una razón para prolongar una situación contraria a derecho que el Estado no supo resolver en tantos años.
Es hora de hacer cuanto la ley y los tribunales mandan en beneficio de la naturaleza y, también, de la comunidad, cuyo futuro depende de preservar la extraordinaria belleza de la zona.