Costa Rica ha sido generosa, mucho más que sus países vecinos, con los migrantes cubanos. Les ha dado albergue y ha buscado soluciones para la continuación de su viaje. La actitud de nuestro gobierno nos enorgullece. Una vez más, demostramos el permanente compromiso del país con las causas humanitarias.
La mayor parte de los isleños han correspondido con su agradecimiento, pero un puñado de ellos menosprecia los esfuerzos de la Cancillería para resolver un problema, que parecía intratable, y se rehúsan a abordar los vuelos programados para llevarlos a México.
El presidente, Luis Guillermo Solís, y el canciller, Manuel González, reaccionaron con la firmeza y autoridad moral a que tienen derecho luego de su ejemplar desempeño frente a la crisis. Quienes desaprovechen los vuelos serán deportados. La ingratitud no merece otra respuesta.
Unos 98 quejosos, entre miles de migrantes llegados al país, reclaman el costo de los vuelos ($805 por persona) contratados con la intervención de la Organización Internacional para las Migraciones. Sin embargo, estaban dispuestos a pagar las altas tarifas de coyotes y policías corruptos a lo largo de la ruta entre Ecuador y los Estados Unidos. En Costa Rica no sufrieron extorsiones ni se vieron obligados a pagar sobornos. La decidida intervención del Ejecutivo los protegió de abusos y les brindó abrigo dentro de las posibilidades de un país pequeño, que hace frente a grandes necesidades. También los salvó de los riesgos enfrentados por la migración ilegal a lo largo del camino.
Mientras el gobierno de Daniel Ortega militarizaba la frontera para impedirles el paso, nuestra Cancillería emprendió la tarea de abogar por ellos en los países vecinos, al punto de adoptar la medida extrema de alejarse del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en protesta por la falta de colaboración de otros países del Istmo. Más no se puede pedir y los migrantes empeñados en lograr un viaje barato deben ser complacidos con un boleto a La Habana. No debe haber vacilaciones ni dárseles mucho tiempo para tomar la decisión. Ahora sí, la ley debe ser aplicada con todo rigor.
Los vuelos entre Liberia y la ciudad mexicana de Nuevo Laredo parten con migrantes sonrientes, agradecidos con Costa Rica, como debe ser. Desde esa localidad próxima a la frontera con los Estados Unidos, se les traslada en autobús para dejarlos a las puertas de su destino. Cruzan la frontera legalmente, acogidos a la ley de ajuste cubano, a cuyo amparo los nacionales de la Isla tienen derecho a refugio cuando ingresan por tierra.
El agradecimiento y la corrección de miles de migrantes no deben verse empañados por la actitud de 98. Ni los que partieron ni los miles que permanecen en suelo nacional, en espera de volar a su ansiado destino, han dado problemas más allá de la dificultad de procurarles lo necesario para enfrentar sus comprensibles necesidades. La hospitalidad costarricense ha sido bien pagada.
La actitud de los 98 se vio influenciada por noticias de supuestos abusos con la tarifa. El gobierno ya explicó que la Organización Internacional para las Migraciones es la encargada del traslado de los migrantes y seleccionó a los proveedores del servicio. El Ejecutivo ni cobra ni fija tarifas. Las explicaciones ofrecidas por el canciller y el presidente de la República encuentran respaldo en un comunicado del organismo internacional. La operación es transparente y los propios migrantes intervinieron en la negociación con los proveedores. Eso debe quedar claro en resguardo del buen nombre de Costa Rica.