La denuncia de la exmodelo Cristina García por supuesta mala praxis, y la muerte de una mujer de 33 años en el Hospital San Juan de Dios, después de un tratamiento de aumento de glúteos, así como otros casos con infecciones de gravedad, ponen de relieve la necesidad de actuar con firmeza y transparencia en un sector de la medicina privada que cada día cobra más importancia por su impacto humano, social y económico.
Costa Rica es un país líder en el turismo médico de Latinoamérica y, justamente, es reconocido por especialidades como la odontología, la ortopedia y la cirugía plástica. En este último campo, gracias a la calidad de sus profesionales y centros de atención, compite con naciones como Brasil. Sin embargo, en la práctica, hay dos mercados para este tipo de servicios, uno que se encuentra certificado bajo altos estándares internacionales, y otro que, amparado en costos menores, atiende sobre todo a clientes costarricenses y que no cuenta con un marco regulatorio ni con un confiable sistema de acreditación.
Si bien no es posible generalizar y afirmar que este segundo grupo carece de las condiciones que se le exigen al primero, por la simple razón de que no se tiene suficiente información, diferentes especialistas e instituciones, como el Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC) y la Asociación Costarricense de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (Accpre), han advertido sobre la inconveniencia de dejar por la libre un ámbito tan sensible de la actividad médica.
En Costa Rica, de acuerdo con la Ley Orgánica del CMC, de 1962, y la Ley General de Salud, de 1973, todo galeno incorporado a dicha institución puede ejercer la especialidad que desee o practicar cualquier procedimiento médico o quirúrgico sin importar si es generalista o si está profesionalmente preparado para desempeñarse en otra rama.
De los 9.800 médicos cirujanos adscritos en el 2012 al CMC, solo 51 profesionales son especialistas en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Al margen de esta realidad, en la última década se desarrolló una oferta de servicios cosméticos o estéticos, términos que pueden abarcar cualquier tratamiento, que se beneficia del culto mágico a la belleza y del efecto de la publicidad.
Las denuncias ante el CMC son escasas y se concentran en implantes mamarios y liposucciones. Sin embargo, la misma institución sospecha que la “cifra negra” de los casos que no se reportan es muy alta. En lo que va del año, los hospitales nacionales han atendido diez casos de gravedad, lo que significa una erogación multimillonaria para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Solo este aspecto, el económico, aparte de los dramáticos costos humanos, justificaría la intervención más decidida y urgente del Ministerio de Salud y del CMC.
Como lo dijo el jefe de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital San Juan de Dios, Dr. Eliécer Jiménez, “¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el Colegio de Médicos? Se cierran clínicas que abren 10 días después. ¿Tiene que seguirse muriendo la gente?”.
Una reforma a la Ley Orgánica del CMC, con el objetivo de regular las especialidades médicas, se encuentra atascada en la Asamblea Legislativa, y algunos miembros de la Accpre consideran que no se ha ejercido una presión profesional suficiente para que esta prospere. Sin duda, la lamentable coyuntura actual es una buena oportunidad para sacarla del archivo parlamentario.
También es necesario actuar para preservar el buen nombre que ha alcanzado Costa Rica en el turismo médico y que representa un sector económico fundamental. De acuerdo con el Consejo para la Promoción Internacional de la Medicina (Promed), en el 2012 ingresaron 48.000 pacientes, de los cuales un 10% contrató servicios de cirugía plástica.