El presidente Hugo Chávez Frías marca un hito en la historia latinoamericana, no por resultados notables en el campo del progreso económico y social, sino por el desarrollo de una forma de gobierno autoritaria, basada en el dictado inicial de las urnas. El fallecido mandatario nutrió con su retórica la confusión entre democracia y sufragio para monopolizar el poder, reprimir la disidencia y limitar el ejercicio de los derechos humanos y políticos.
Consiguió indiscutibles mayorías en las urnas, pero transformó esos mandatos en carta blanca para vulnerar las garantías democráticas, rediseñar el Estado en beneficio de su proyecto político, menoscabar la independencia entre los poderes de la República y perpetuarse en el poder.
De la legitimidad conferida por los primeros ejercicios electorales, el mandatario extrajo la fuerza necesaria para asegurar su permanencia en la silla presidencial. Los límites constitucionales a la reelección apenas fueron obstáculo y la reforma para removerlo recibió trámite expedito. Cuando en el 2010 la oposición parecía estar en condiciones de triunfar en los comicios legislativos, la Ley de Procedimientos Electorales, aprobada con premura en vísperas de la votación, eliminó la representación proporcional para redistribuir los distritos electorales y asegurar la victoria oficialista, aunque sus candidatos no consiguieran la mayoría. Con solo 101.865 sufragios de ventaja, de los 10,7 millones emitidos, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Chávez eligió 98 legisladores frente a los 67 de la oposición.
La representación opositora en la Asamblea Nacional aumentó significativamente, pese a la desproporción causada por la Ley de Procedimientos Electorales, pero, a pocos días de constituirse el nuevo Congreso, los diputados chavistas otorgaron al presidente poderes especiales por 18 meses, con la excusa de facilitar la respuesta a la crisis ocasionada por torrenciales lluvias que dejaron 38 muertos y 130.000 damnificados.
En todo el mundo, los Gobiernos afrontan emergencias similares con los medios ordinarios de la ley; sin embargo, en Venezuela, justo después de la demostración de fuerza de los opositores, que dejó al chavismo sin mayoría calificada, el Congreso otorgó al mandatario la facultad de gobernar por decreto durante año y medio. Los poderes conferidos se extendían a los campos de la seguridad, defensa integral, cooperación internacional y “el ámbito del sistema socioeconómico de la nación”. Los 18 meses, no por coincidencia, fueron programados para expirar poco antes de las elecciones presidenciales ganadas por Chávez el año pasado.
A las ventajas obtenidas mediante la práctica de correr los postes de la cancha cuando surge la posibilidad de una anotación en contra, el presidente sumó la amplia red clientelista, cultivada en 14 años de poder en una nación con cuantiosos ingresos petroleros. La inversión de esos recursos tiene como prioridad el fortalecimiento del grupo gobernante, no el desarrollo nacional. Así se explican las graves deficiencias de infraestructura, incluidos los problemas de suministro de agua y fluido eléctrico en uno de los países más ricos en recursos energéticos. Así se explica, también, la caída en la productividad de la industria petrolera misma.
La obsecuencia del Poder Judicial moldeado por Chávez a la medida de sus intereses sirve para cohonestar las acciones del gobernante, no importa cuán excesivas, al extremo de sustraer a Venezuela del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos con la bendición de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Sirve, también, para perseguir a los opositores, como en el caso de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, quien ha sido blanco de acusaciones que van desde el delito ecológico por unos trofeos de caza hallados en su residencia, hasta la usura por la presencia de 24 autos estacionados en la casa. Zuloaga es dueño de una agencia de vehículos y estos no son artículos de primera necesidad cuyo “acaparamiento” pueda constituir delito. El blanco principal, por supuesto, siempre fue Globovisión, víctima de multas y maniobras concebidas para lograr su cierre o expropiación.
A la supresión de las voces disidentes por esos medios, el Gobierno añade su vasta red de comunicación social, con al menos 28 estaciones de televisión, 238 emisoras de radio y unas 340 publicaciones impresas. El resultado es un debate público desigual, consecuencia de la legitimidad extraída inicialmente de las urnas.
El modelo ignora la diferencia entre la democracia y el ejercicio del sufragio. La democracia no es una dictadura de la mayoría y mucho menos la legitimación del autoritarismo por las urnas. Su existencia exige respeto a las garantías individuales y colectivas propias del Estado de derecho. El legado de Chávez es una fórmula para emprender el camino del autoritarismo a partir de la voluntad de mayorías constituidas en coyunturas específicas, desde las cuales es posible estructurar un sistema apto para perpetuarse a sí mismo, siempre bajo el alero de una legitimidad aparente.