La intención del presidente Donald Trump de hacer a Estados Unidos “propietario” de la Franja de Gaza, transformando este territorio en un destino turístico que llamaría la “Riviera de Oriente Medio”, evidencia su ignorancia e irrespeto hacia principios básicos del derecho internacional, los cuales establecen claramente la prohibición de que un Estado se anexe el territorio de otro. También minimiza la realidad del conflicto palestino-israelí, reduciéndolo a una oportunidad de negocio en vez de un problema humanitario y geopolítico.
La iniciativa, anunciada el 4 de febrero, tan solo dos semanas después del regreso de Trump a la Casa Blanca, representa, además, una grave violación del derecho internacional al contemplar la expulsión forzada de más de 2,4 millones de palestinos, quienes ya han sido víctimas del desplazamiento masivo provocado por la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, desencadenada tras los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023.
La salida forzada de miles de personas de su propia tierra constituye, en esencia, un acto de “limpieza étnica”, han advertido especialistas en Derecho Internacional. El 5 de febrero, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, subrayó la gravedad de esta propuesta al declarar: “Si buscamos soluciones, no debemos empeorar los problemas” y destacó que “es esencial evitar toda forma de limpieza étnica”.
Ese término se acuñó en 1992, durante el conflicto en la ex-Yugoslavia, cuando la comisión de la ONU que investigó violaciones del derecho internacional humanitario lo describió como “volver étnicamente homogénea una zona mediante el uso de la fuerza o la intimidación para expulsar de ella a personas de determinados grupos”.
El plan de Trump encaja en esa definición, aunque intente venderlo como una “iniciativa de paz”. También lo maquilla como un acto humanitario, pero no aporta ninguna evidencia que lo sustente. Lejos de ofrecer una base legal, su propuesta desafía abiertamente el derecho internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, tipifica el traslado forzoso de población como un crimen de lesa humanidad, al igual que la persecución de grupos específicos por razones políticas, nacionales, religiosas, raciales o culturales.
Aunque Estados Unidos no reconoce la autoridad de la Corte Penal, esta sí tiene jurisdicción sobre dichos crímenes si ocurren en la Franja de Gaza, un territorio de 360 kilómetros (km) cuadrados con 51 km de frontera con Israel, 11 km con Egipto y 40 km de costa en el Mediterráneo. Cabe destacar que Naciones Unidas reconoce a Palestina como Estado observador permanente y que 146 de los 193 países miembros (en cuenta Costa Rica) avalan su condición de Estado.
Aunque Estados Unidos se niega a admitirlo, esto no le otorga ninguna facultad para anexarse un territorio cuya soberanía es admitida por la mayor parte de la comunidad internacional, ni para desconocer el derecho a la autodeterminación de la población civil. La Corte Penal Internacional ha ratificado en dos ocasiones que el pueblo palestino dentro de Gaza posee este derecho.
Otro aspecto particularmente polémico es la intención de Trump de expulsar de forma “permanente” a los palestinos hacia países vecinos que ya han expresado su rechazo a recibirlos. Mencionó específicamente a Egipto y Jordania como posibles destinos, pero el sábado, estas naciones, junto con Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, condenaron la propuesta, calificándola como una “violación de los derechos inalienables” del pueblo palestino.
Jordania, que ya acoge a 2,3 millones de refugiados a causa del conflicto, reafirmó su rechazo a cualquier intento de expulsión forzada de palestinos. El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, lanzó un mensaje directo contra la propuesta de Trump con tres declaraciones contundentes: “Nuestra negativa al desplazamiento es una postura firme que no cambiará”; agregó que su país “garantizará que los palestinos permanezcan en su tierra” y cerró con una frase categórica: “Jordania es para los jordanos y Palestina es para los palestinos”.
Egipto, que ya ha dado refugio a miles de personas provenientes de Siria, Sudán del Sur, Libia, Irak y otras naciones africanas, ha rechazado en reiteradas ocasiones los intentos de evacuar a los habitantes de Gaza a través de su frontera de 11 km. A pesar de su dependencia parcial de la ayuda económica estadounidense, su presidente, Abdulfatah al Sisi, mantiene una postura inquebrantable contra el radicalismo islamista y los Hermanos Musulmanes, organización aliada a Hamás. Esta posición hace prácticamente inviable que Egipto acepte la entrada de palestinos que puedan estar vinculados a ese grupo.
Arabia Saudita camina en la misma ruta. Un comunicado de su gobierno expresó su “rechazo inequívoco” a los intentos de desplazar a los palestinos y reiteró que no establecería relaciones diplomáticas con Israel en ausencia de un Estado palestino independiente.
Si hay algo rescatable en la propuesta que Trump presentó el martes 4 de febrero en la Casa Blanca, en presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es que al menos puso sobre la mesa la urgencia de abordar el conflicto en Gaza y el futuro de millones de palestinos. Sin embargo, lo verdaderamente prioritario es acelerar las negociaciones para alcanzar una solución política y financiera que garantice la reconstrucción de un territorio y de un pueblo que han sido devastados por la guerra. Mientras tanto, la comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante ideas irresponsables como la de convertir Gaza en un complejo turístico, ignorando el derecho internacional y los derechos de miles de personas.
