Ante las críticas del diputado oficialista Manuel Morales Díaz a la gestión ambiental del gobierno, el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, dijo mantener incólume el compromiso del país con la protección de los recursos naturales. No obstante, los señalamientos de Morales también se ven reflejados en el Informe Estado de la Nación 2024, cuyas páginas examinan la pérdida de liderazgo del país en la materia.
Ambas apreciaciones críticas encuentran sustento en la realidad fácilmente perceptible. En la actual administración, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ha sido centro de polémica por razones diversas, siempre relacionadas con retrocesos de las políticas ambientales construidas a lo largo del tiempo por gobiernos de todas las orientaciones.
La decisión de aumentar a 2.500 la cantidad de visitas permitidas al Parque Nacional Manuel Antonio, sin contar con estudios técnicos para respaldar el cambio, demostró la voluntad de ceder a impulsos políticos de sectores interesados en incrementar el turismo a corto plazo sin mayor preocupación por el impacto sobre el principal atractivo de la zona.
La desatención de órdenes para resguardar áreas protegidas, como sucedió en Gandoca-Manzanillo, sobre lo cual la Sala Constitucional se vio obligada a aclarar el contenido de sus disposiciones, inequívocas desde el inicio, también alarmó a los conservacionistas y puso en peligro grandes extensiones de reservas naturales.
En ambos casos, la preocupación aumentó por los traslados y advertencias dirigidos a funcionarios opuestos al descuido, como a la encargada de la Dirección del Programa de Humedales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), quien se negó a recortar el área de Gandoca-Manzanillo, y los guardaparques, en el caso de Manuel Antonio.
También ha sido motivo de controversia la promoción de la explotación de especies marinas sin criterios técnicos y científicos, y el enfrentamiento con la Fundación MarViva, que denunció represalias en su contra por oponerse a las intenciones de revivir la pesca de arrastre.
La reconsideración de metas ambientales fijadas en compromisos internacionales y el debilitamiento financiero y técnico de las instituciones encargadas de velar por las áreas protegidas engrosan las críticas a la gestión. El presupuesto del Sinac se redujo en un 37 % en cinco años. Pasó de ¢44.000 millones en el 2020 a ¢28.000 millones en el 2025.
Pero la preocupación principal del diputado Morales es la doble cara de la administración en cuanto a la explotación petrolera. Es fácil viajar a las conferencias globales para “vociferar” a favor de la reducción del uso de hidrocarburos mientras promueven la exploración y explotación del recurso en suelo nacional y rechazan la prohibición legal de esas actividades, dice el legislador.
No obstante, el diputado podría estar pecando de optimista. Costa Rica ya no siempre vocifera en contra de los combustibles fósiles. En la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en Glasgow (COP26) nuestro país se unió a Dinamarca para presentar el plan mundial titulado Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) cuyo propósito es detener la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural. Dos años más tarde, en la COP28, celebrada en los Emiratos Árabes Unidos en el 2023, la declaración de la alianza se publicó sin la firma de uno de sus dos impulsores iniciales: Costa Rica.
Pocos gobiernos han sido objeto de tantos cuestionamientos en esta materia. La lista no se agota con los casos citados, pero no es necesario ser exhaustivo para advertir el deterioro en un campo donde la voz nacional llegó a ser respetada en todo el planeta. Nuestro compromiso con el mundo obliga a recuperar el terreno perdido.
