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El jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, dictó a principios de este mes una serie de “lineamientos de acatamiento obligatorio” para los centros de enseñanza pública. Aunque aduzca otros fines, el resultado será limitar la libertad de expresión y reflexión en las aulas.
Además de vulnerar derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que somos parte, su aplicación cercenaría los procesos educativos integrales, la capacidad de argumentación y la formación del sentido crítico de los estudiantes. Por esto, merece el rechazo ciudadano.
La circular, fechada el 3 de julio, está dirigida a múltiples instancias del MEP, entre ellas las direcciones regionales y de centros educativos, el personal docente y administrativo. Su título –“Lineamientos sobre neutralidad político-electoral, prohibición de proselitismo y mediación pedagógica objetiva”– no parece inquietante. Lo mismo puede decirse de algunas de las instrucciones.
Sin embargo, esas disposiciones van acompañadas de una serie de términos en extremo ambiguos, de prohibiciones sin sentido y de procedimientos proclives a la manipulación y el autoritarismo. En conjunto, revelan un afán de control en extremo peligroso y establecen indebidas rigideces en la experiencia educativa.
Coincidimos en que se reitere la prohibición a los educadores para ejercer o colocar propaganda electoral, “favorecer o descalificar opciones político-partidarias” e “imponer su opinión personal como verdad institucional o criterio de evaluación”. Además, tiene todo el sentido exigir el apego a los planes y programas de estudios y utilizar “fuentes diversas, metodologías equilibradas, respeto a la pluralidad y promoción del pensamiento crítico del estudiantado”. Todas estas son acciones claramente identificables, necesarias y que se aplican regularmente.
Sin embargo, cuando la circular prohíbe la libre expresión docente sobre aspectos tan generales e imprecisos como “movimientos, posiciones sectarias o intereses ajenos al currículo oficial”, las “figuras públicas” y las “posiciones ideológicas particulares”, lanza un manto de ambigüedad e incertidumbre que, inevitablemente, mediatiza la libertad en el aula.
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¿Qué es un “movimiento”, quién lo define y bajo qué normas puede prohibírsele a un educador –o también a un estudiante– referirse a la diversidad que los caracteriza, alabar alguno o criticar otro? ¿A qué se refiere con “posiciones sectarias”? ¿Se trata del fanatismo religioso o del sectarismo que implica desdeñar el pensamiento ajeno y creerse poseedor de la verdad? Si tales fueran los casos, ¿por qué impedir su posible crítica? ¿En qué consiste un “interés” y cómo saber si resulta ajeno o no al currículo oficial? Porque suponíamos que los planes de estudio tienen objetivos, metas y contenidos, no intereses.
¿Quiénes pueden considerarse figuras públicas? ¿Serán los gobernantes, políticos, magistrados, deportistas, artistas, delincuentes connotados, influencers, dirigentes sindicales o estudiantiles? Sin duda, pero también cualquiera que alcance notoriedad puede caber en la categoría. La implicación es que prácticamente nadie de relevancia podrá ser sometido a crítica o elogio.
Además, todos tenemos posiciones ideológicas, sean particulares o generales, explícitas o implícitas. Al prohibir su posible expresión en las aulas –siempre que sea respetuosa y no impositiva–, se vaciará de referentes necesarios la discusión integral de temas políticos, económicos y sociales. Lo contrario de la formación ciudadana.
Un conjunto tan amplio de imprecisiones y prohibiciones ofrece un ámbito de interpretación en extremo peligroso para investigar y, eventualmente, sancionar docentes. Peor, obliga a las direcciones regionales, los supervisores y directores de centros educativos a velar por su cumplimiento con “medidas de control, orientación y seguimiento”. Y cuando se “tenga conocimiento” de posibles contravenciones a los lineamientos, “deberá levantarse la documentación respectiva y remitirse a la instancia competente”. El Tribunal Supremo de Elecciones está entre ellas, junto a los departamentos de talento humano y disciplina del MEP.
La puerta que estos procedimientos abren para denuncias irresponsables, presiones indebidas, arbitrariedades y estigmatizaciones será enorme. El desgaste de aplicarlos debilitará aún más la concentración de autoridades y educadores en la calidad y pertinencia de nuestra educación, algo urgente.
Todo esto ocurre en medio de una excesiva permeabilidad oficial hacia grupos realmente sectarios que quieren debilitar el sentido humanista, garantista, liberal y abierto de nuestra educación pública, para reducirlo a sus particulares visiones de mundo. En este contexto, la circular del ministro resulta aún más peligrosa. No debe tener cabida en nuestro sistema educativo.
